Llovieron las denuncias contra Jorge Alejandro Rigourd a lo largo del viernes. Varias personas, que se enteraron de la presunta defraudación a través de este diario, se presentaron en tribunales para aportar los datos de su situación personal. El empresario está acusado de estafar a una numerosa cantidad de personas por un monto que podría superar los $ 200 millones.
La causa es llevada adelante por el fiscal de Instrucción de la X° Nominación, Guillermo Herrera, quien pidió la detención de Rigourd luego de allanar dos sucursales de la firma que estaba a su nombre: Cofin SA (ex Arpenta). Las oficinas, que están ubicadas en 24 de Septiembre al 700 y en San Martín al 600, fueron inspeccionadas el viernes a la mañana. “El señor Rigourd, sorpresivamente, hoy no está, viajó”, dijo el fiscal cuando salió de una de las sucursales. Y anunció que pediría su detención para que dé explicaciones.
El empresario está acusado de defraudación reiterada. Herrera sostiene que Rigourd engañó a los ahorristas que depositaron su dinero en Cofin SA y que nunca recibieron ni la plata ni los intereses pactados. “Es demasiado dinero y son muchísimas las víctimas de esta empresa”, aseguró el fiscal.
La maniobra de Rigourd consistía -según explicó Herrera- en invertir el dinero de los ahorristas en sociedades fantasmas para luego declararse insolvente y no devolverles la plata a sus clientes. “De esta forma hicieron inversiones en el extranjero, compraron edificios, terrenos y se aprovecharon ilegítimamente de los ahorristas”, afirmó Herrera.
En ese sentido, el fiscal contó a este diario que secuestró documentación de todas esas sociedades. “Tenemos dos camionetas llenas de papeles, cheques y documentos”, indicó. Además, durante los allanamientos abrieron una caja fuerte de la que extrajeron casi cuatro millones de pesos.
Hasta el momento, son alrededor de 15 las denuncias que recibió la Fiscalía X°. “Y hay mucha gente que me llamó para decirme que irá el lunes”, comentó Herrera. El fiscal aseguró a las víctimas que recuperarán el dinero, pero aclaró que no será de manera inmediata. “Tienen que hacer la denuncia, constituirse como actor civil y pedir el embargo de los bienes de Rigourd”, explicó.
En el Poder Judicial se analiza la posibilidad de contratar a un equipo de contadores y especialistas en sociedades para que se dedique a trabajar de lleno en esta causa.