La visita de la presidenta Cristina Kirchner a China sirvió para demostrar que el campo es el sector de la economía que puede sacar un mayor provecho de la alianza estratégica con el gigante asiático. No exige protección, simplemente, pide que no le pongan trabas y que lo acompañen para abrir mercados. Al mismo tiempo necesita de inversiones chinas en transporte, riego e infraestructura.
La fenomenal transformación china de los últimos 35 años encontró en la Argentina a uno de sus socios naturales porque ya había una cadena de producción integrada por productores agropecuarios, industrias de semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, exportadores y otras empresas de servicios. Esta estructura es la que le da valor agregado al producto estrella de la economía argentina: la soja.
Sobre esta base pueden tomar impulso el resto de los productos del agro. Algunos ya lo han hecho, como los fabricantes de vacuna antiaftosa, con la planta que instaló en China Biogénesis-Bagó y otros intentan hacerlo, como los frigoríficos. Durante la visita de los funcionarios argentinos se avanzó en la elaboración de un protocolo sanitario para que la Argentina pueda exportar cortes enfriados y carne con hueso (hoy sólo puede ingresar carne congelada). El vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Mario Ravettino, planteó en un encuentro con funcionarios y empresarios chinos la necesidad de ampliar el protocolo de carnes bovinas. Hoy es Australia el principal abastecedor externo de carne de China, con el 50% del mercado, pero, según datos de la OCDE, en diez años podría duplicar sus importaciones de carne vacuna y llegar a las 850.000 toneladas.
En China, la presidenta Cristina Kirchner puso al agro como actor principal de la economía argentina, productor líder de alimentos a nivel global y tecnológicamente avanzado, por la adopción de la biotecnología y la eficiencia en los rendimientos de la agricultura. No parecía la misma persona que desde el atril de la Casa Rosada acusa de acaparadores a los productores, entre otras cosas. Menos aún la que mantiene una política que traba la exportación, distorsiona los mercados y desincentiva la inversión. No es la única contradicción que tuvo en las últimas semanas.
Más allá de la cuestión presidencial, el agro argentino, a diferencia de otros segmentos económicos, puede colocarse a la ofensiva con China. Las condiciones estructurales de ese gigante no han variado. En los próximos años continuará el crecimiento de su economía, quizás a tasas menores que en años recientes, y su población demandará aún más proteínas animales y alimentos con mayor grado de elaboración y sofisticación. Por supuesto, se necesitan de una diplomacia activa y una estrategia de inserción comercial.
Aquí, mientras tanto, hay partidos menores. Como el que empezó a jugar la Federación Agraria Argentina (FAA) que, tras reunirse con los ministros de Economía, Agricultura y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió con la promesa de que se exceptuará de la restricción crediticia del Banco Nación a productores que almacenen hasta 600 toneladas de soja, pero sin superar el 10% del stock. También, que se le pagará a productores por el trigo el precio “internacional”, casi un mes después de que la cosecha está terminada. La entidad federada celebró ambos hechos como una “política diferenciada” en favor de los pequeños productores por la que viene bregando. En rigor, la decisión consiste en una excepción a una restricción insólita. El kirchnerismo no ha variado en un ápice: prohíbe y sólo modifica una decisión en tanto quienes se la soliciten dejen de ser críticos.
La decisión de la FAA, en la que pesó la puja interna que precedió a la última renovación de la conducción federada, pone al borde de la ruptura a la Mesa de Enlace. Cuando apenas faltan diez meses para el recambio presidencial es paradójico que la agrupación que había sido un ejemplo de unidad en la diversidad, termine resquebrajándose. Hace tiempo que la Mesa de Enlace está congelada, sin iniciativa gremial ni política. Ahora, el acercamiento con el Gobierno de una de las entidades no hace otra cosa que generar en los productores desconfianza hacia la dirigencia rural.