La legisladora oficialista Beatriz Bordinaro, integrante de la Junta Electoral Provincial (JEP) en reemplazo del presidente de la Legislatura, sigue sin fijar posición sobre la recusación del ministro público Edmundo Jiménez. Hasta ayer a última hora, la parlamentaria del bloque Tucumán Crece no había resuelto si suscribía o no la decisión de apartar al ex ministro de Gobierno y Justicia alperovichista del órgano de fiscalización del comicio, como solicitan 17 presentaciones de la oposición. Según trascendió el lunes, Antonio Gandur, titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de la JEP, habría emitido un voto favorable a la exclusión de Jiménez.

Distintas fuentes políticas y electorales dan por hecho que Bordinaro disentirá con Gandur y rechazará la recusación de Jiménez. Esta decisión mantiene en vilo a la Junta -y, por extensión, a los candidatos, partidos y votantes-, puesto que, mientras tanto, el proceso eleccionario debe continuar. Por ejemplo, la semana que viene vence el plazo para la presentación del mazo de boletas y así hasta el 23 de agosto, día fijado para la celebración del comicio. Distintos interlocutores consultados prevén que si Bordinaro no vota hasta el lunes, Gandur se verá obligado a intimarla. Esas mismas fuentes formulaban el siguiente interrogante: ¿puede Jiménez, que está cuestionado por un sector representativo de la oposición, intervenir en los diferentes actos que prevé el calendario?

Este miércoles, sin ir más lejos, el ministro público recusado firmó finalmente la resolución que habilita al senador ultraoficialista Sergio Mansilla para aspirar a un cargo en la Legislatura. La candidatura de Mansilla había sido impugnada por el frente opositor Acuerdo para el Bicentenario con el argumento de que el funcionario había sido electo legislador en 2007 y en 2011, y que su postulación suponía una re-reelección vedada por la Constitución de Tucumán. La alianza de José Cano y de Domingo Amaya había planteado asimismo que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había fallado recientemente en contra de la re-reelección legislativa en dos casos distintos (“Zurita” y “Gutiérrez”). Pero respecto de Mansilla, tanto Gandur como Bordinaro y Jiménez coincidieron en que este estaba autorizado para presentarse por tercera vez puesto que no había alcanzado a asumir como legislador (pese a ganar las elecciones, siguió siendo senador). La decisión de la Junta en cuanto a la impugnación de Mansilla aún puede dar pie a la sustanciación de un juicio en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que es el ámbito judicial competente para el planteo de la cuestiones electorales, según la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema local.

Un destino judicial

Jiménez es ex ministro histórico del Gobierno de José Alperovich (integró el gabinete entre 2003 y el 15 de agosto de 2014, cuando asumió como jefe de los fiscales y defensores) y ex secretario general del Partido Justicialista. Uno de sus hijos, Reinaldo Jiménez, se desempeña como legislador oficialista y otro, Edmundo Jiménez (h), cumple la función de secretario de Acción Política en el Poder Ejecutivo (estuvo cerca de presentarse como candidato a legislador pero, finalmente, desistió de ese plan). Además de citar estos antecedentes, la oposición sostiene que el ministro público debe ser apartado por haber mantenido una conversación con Juan Manzur, vicegobernador y candidato oficialista a gobernador, en un restaurante de Barrio Norte. Dicho encuentro fue difundido en la edición del 16 de julio de este diario. Jiménez calificó a esa reunión de mero “saludo” entre conocidos y afirmó que no había razones para ser apartado de la Junta.

Si Bordinaro se pronuncia en el sentido en el que habría votado Gandur -hipótesis improbable-, Jiménez se quedará afuera del órgano. Si se expide en disidencia, habrá que buscar el voto de desempate en el propio Ministerio Público. Fuentes cercanas al funcionario recusado afirman que corresponde convocar a Carlos Sale, fiscal de Cámara en lo Penal. Pero en el entorno de la Corte expresan que, por tratarse de una cuestión electoral, el asunto debe ser resuelto por Elena Noemí Sangenis de Terraf, fiscala de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral. Llegado el caso -y siempre que Bordinaro cumpla con la expectativa de una disidencia-, será el presidente de la Junta quien emita el decreto de integración “por no existir votos suficientes” para resolver la recusación de Jiménez. Por los intereses implicados, lo inédito del caso y el pronóstico de un comicio reñido, toda resolución producida por el órgano parece destinada a ser cuestionada en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.