La ilegalidad es uno de los grandes problemas de la sociedad. Ocasiona múltiples perjuicios a quienes padecen sus efectos. Contribuye a profundizar la discriminación por los colores. En términos económicos y laborales, se habla de los trabajadores que están “en blanco” o “en negro”. Los primeros se hallan en una situación de legalidad, mientras que con los segundos no sucede lo mismo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) divulgó el jueves pasado los indicadores socioeconómicos que colocan a Tucumán en una penosa situación.

De acuerdo con los datos difundidos, la informalidad laboral aumentó tres puntos respecto de la primera medición efectuada durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Al cierre de 2016, la tasa trepó al 45,6%, es decir que 120.700 comprovincianos carecen de los beneficios de una obra social, de seguros de riesgo laboral que lo protejan, y tampoco tendrán una jubilación, porque sus empleadores no les efectúan los aportes legales. Su ocupación puede cesar en cualquier momento o su contrato -si lo hay- puede no renovarse cuando llegue a su término y convertirse en un desocupado.

Los trabajadores en negro constituyen la segunda fuerza laboral más importante de la provincia, ya que en el sector público -en todos sus estamentos- se desempeñan unos 100.000 agentes, mientras que en la actividad privada formal trabajan 160.000 individuos. Hemos señalado que el índice tucumano lleva a que la región NOA tenga la tasa más alta del país, con un 40,8% de los asalariados en negro, es decir 316.000 personas.

El informe del Indec observa que un elevada tasa de desempleo en los jóvenes. Por ejemplo, entre las mujeres de hasta 29 años, la desocupación subió al 21,1%, mientras que entre los varones, ese indicador llegó al 16,1%. La realidad provincial es preocupante porque en el resto del NOA, las tasas son más bajas.

En su artículo 3°, la Ley Nacional de Empleo N° 24.013, expresa: “la política de empleo comprende las acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados, de formación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder Ejecutivo a través de la acción coordinada de sus distintos organismos”.

Esta realidad que golpea a la provincia desde hace tiempo, está mostrando la ineficacia de los organismos del Estado para efectuar un control exhaustivo y permanente, pero también se debe a la inacción de los gremios que deben verificar que el trabajador se encuentre en regla y protegerlo. Una gran responsabilidad le cabe al empleador, que a menudo se usa como excusa el costo laboral que le representa un empleado para eludir la ley.

Los empleadores que incumplen la ley juegan con la necesidad y la desesperación de un desocupado que consiente resignar sus derechos de protección social, a cambio de poder percibir un sueldo que le permita subsistir. La informalidad también afecta a los organismos recaudadores del Estado, como Rentas. En esta ecuación la víctima es el trabajador.

La informalidad laboral está muy cerca del 50 por ciento en la provincia. Esta deleznable explotación debe ser combatida con todo rigor. Si el Estado no cumple con la obligación que le dicta la ley N° 24.013, no solamente está infringiendo la norma, sino que la precariedad laboral seguirá llevando indignidad a miles de tucumanos, una realidad de la cual no se puede sentir precisamente orgullo.