La bronca y desesperación embargan a 137 familias de La Perla del Sur adjudicatarias de los barrios Concepción II y III que, desde hace más de un año, esperan que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) les entregue sus casas.

Ambos complejos habitacionales, ubicados en el sector sur de la ciudad, han quedado casi totalmente abandonados por dos razones básicas: no se logra solucionar los problemas de anegamiento que genera una acequia del ingenio La Corona y porque varias viviendas no han sido concluidas por la empresa responsable: Marán Constructora SRL.

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Como se sabe, la firma es investigada por un presunto caso de corrupción en operaciones hechas con el Ipvdu. Sus dueños, Sebastián y Martín Nieva, son sobrinos políticos de un funcionario del Instituto, Lucas Barrionuevo. Tanto la Justicia provincial como la federal están investigando a los empresarios y a su tío por supuestos ilícitos. Según deslizaron autoridades del Ipvdu, la constructora no está cumpliendo con sus obligaciones para con las obras que tiene pendientes y ya se iniciaron los trámites legales para apartar a Marán de estas tareas.

Irregularidades millonarias en obras del Instituto Provincial de la Vivienda

El proyecto habitacional comprende tres barrios, de los cuales ya fue entregado el Concepción I. El que acusa severos problemas de inundaciones es el Concepción III (74 casas), el cual ya está concluido. La acequia del ingenio La Corona que pasa por el fondo del barrio desborda cada vez que llueve. “Hasta tanto no se cubra la acequia y se instrumente un sistema de desagüe que impida que las viviendas se inunden, no vamos a poder ir a ocuparlas. Es una situación desesperante porque nadie nos brinda una respuesta al problema y todos necesitamos de nuestro techo propio”, dijo Lorena Juárez.

En el caso del Concepción II, pegado al anterior, varias construcciones quedaron inconclusas en razón de que Marán SRL está bajo la lupa de la justicia. “Estos barrios son como monumentos a la corrupción. Ahí están sin que la gente los pueda habitar. El Instituto de la Vivienda es responsable directo de este problema”, dijo el intendente Roberto Sánchez.

Informes

Ipvdu: En 2014, el funcionario echado había iniciado trámites para formar una empresa constructora

Según informes que entregaron a los vecinos funcionarios del área de Desarrollo Urbano del municipio, los barrios en cuestión no existen para la Intendencia porque el Ipvdu no presentó los proyectos de obra ni los estudios vinculados a los riesgos de inundación.

“Mientras de un lado y otro se tiran la pelotita, nosotros seguimos con la incertidumbre de no saber si algún día podremos ocupar nuestras casas. Y somos gente que pagamos alquileres, algunos tenemos parientes enfermos y otros están con intimación de desalojo”, se quejó Sebastián Santillán.

Lorena Juárez, por su parte, insistió en plantear la situación de abandono que comenzó a afectar a las construcciones. “Varias están siendo desmanteladas de a poco. Advertimos que ya les arrebataron partes de sanitarios, de las instalaciones eléctricas e incluso del agua. Todas estas cosas vamos a tener que reponerlas nosotros porque no creo que la constructora se haga cargo de cosas que ya puso”, comentó.

La adjudicataria también observó que los espacios verdes e incluso los frentes de algunas casas han sido usurpados por desconocidos que levantaron albergues precarios. “Si este problema no se supera, las construcciones van a seguir siendo saqueadas y deteriorándose. Por esta razón y la necesidad que nos apremia de tener nuestra casa, es que rogamos al gobernador que intervenga y brinde una salida a este drama”, concluyó Juárez.