La primera reunión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán llamada por el presidente Daniel Posse no arrojó definiciones concretas sobre el tema más candente, la pretensión de la Nación de observar una serie de causas, pero sí dejó a la vista la intención de dar una respuesta “con espíritu de cuerpo”. Esa búsqueda de una salida sin fisuras quedó plasmada en el borrador con tres o cuatro puntos que los vocales se llevaron para seguir meditando. Aunque la secretaria privada de Posse, Norma Ávila, anunció “un cuarto intermedio” hasta hoy a las 9, no se sabía con precisión si la Corte celebraría una nueva reunión, o si directamente pasará en limpio el proyecto conversado y procederá a difundirlo.

Ninguno de los vocales habló con la prensa que se congregó en el pasillo del salón de acuerdos a la espera de las noticias. La reserva se mantuvo incluso al término del acto de juramento de jueces de Paz letrados que la Corte presidió a las 12.10: después de los saludos de costumbre, Posse, René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar volvieron a encerrarse. Minutos después de las 13 y cuando ya acumulaban más de una hora y media de reunión, los integrantes del alto tribunal se desconcentraron sin más, ajenos a las expectativas y especulaciones que los rodean.

La solicitud de permiso para observar 33 procesos (19 de ellos de naturaleza penal y con máxima repercusión institucional) colocó a la Corte entre dos administraciones, la provincial y la nacional. La primera ya dijo, por medio de Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia, que la Casa Rosada avasalla la independencia del Poder Judicial de Tucumán. Funcionarios de Derechos Humanos de diez provincias gobernadas por el Partido Justicialista repudiaron la veeduría: esta declaración fue entregada el lunes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el objetivo de que “revea” la observación que propone. En paralelo, José Cano, diputado electo y otros opositores locales manifestaron que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer y transparentar los Tribunales, a la vez que una manera de realizar la igualdad ante la ley y vencer la impunidad.

Una respuesta posible

La encrucijada se complica porque esta veeduría tiene alcances y procedimiento distintos a la practicada en 2013, en el ámbito exclusivo de la causa “Lebbos”. Esos y otros condimentos -como el silencio llamativo del Ministerio que encabeza Germán Garavano, y el nombramiento de dos veedores locales identificados con Cambiemos, Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia- parecen haber persuadido a los vocales sobre la necesidad de elaborar una contestación prudente y acotada, sin caída en los extremos y sin exhibición de diferencias internas.

Tesituras diversas convergieron en la reunión de ayer, la primera conversación oficial de la Corte sobre la nota de Alejandro Collia, funcionario de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que, el 17 de noviembre, introdujo la veeduría. Trascendió que hubo posturas opuestas -abrir la puerta de par en par o cerrarla por completo- y una propuesta menos apasionada. Esta última alternativa habría convencido a la mayoría, y consistiría en no plantear una respuesta general y jerárquica, sino en dejar que cada autoridad judicial decida si está o no en condiciones de mostrar el proceso que tramita. El rechazo a los veedores podría eventualmente disparar alguno de los mecanismos previstos en materia de superintendencia.

Trasladada al listado de causas que incluyó Collia, la idea esbozada en el borrador implicaría que el acceso de los veedores a los casos con repercusiones institucionales intensas quedaría en principio en manos del Ministerio Público Fiscal que encabeza Edmundo Jiménez. Sucede que la mayoría de los expedientes penales de interés de la Nación se tramitan en las fiscalías de Instrucción: algunos de ellos nunca salieron de esa órbita, como la causa de los gastos sociales legislativos que recibió el fiscal Claudio Bonari en septiembre de 2016. Por contraste, la emblemática causa “Lebbos” está a un paso de la exposición plena: el viernes, la Sala III de la Cámara Penal informó que el juicio oral comenzará el 6 de febrero (la Corte analizó ayer el petitorio detalladísimo que, a los efectos del juzgamiento, elevaron los camaristas Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto).

Por carta

El alto tribunal comunicaría su postura a Collia por la misma vía que este usó: una nota. La misiva sería firmada por el presidente Posse y no precisaría qué grado de acuerdo existe respecto de la solución brindada. Recién entonces la Corte Suprema resolverá si concede o no audiencia a Robles y a Colombres Garmendia: los tiempos y precauciones ofrecen una noción aproximada sobre la línea delgada por la que, por estas horas, transita el asunto de los veedores.