“El señor Otto Barenbreuker es una buena persona. Quizás hubo errores en la administración, pero no hubo intención de perjudicar a la gente”. Eso subrayó Alejandro Biagosch, abogado del empresario que está denunciado por estafa en la compra de viviendas. El jueves, LA GACETA informó que la fiscala a cargo de la causa, Adriana Reinoso Cuello, se encuentra próxima a pedir la elevación a juicio del caso.

Serían más de 200 personas las que han comprado departamentos en pozo al empresario y se han topado con demoras en la entrega de las unidades, entre otros problemas. Existen damnificados más perjudicados que otros, según comentó Marcos Rougués, quien patrocina a un grupo de personas que demandaron por estafa a Barenbreuker (en total son 26).

El abogado de Barenbreuker atribuyó las demoras en la entrega de las viviendas a situaciones adversas del mercado inmobiliario. Aseguró que no se trata de una cuestión penal, sino civil, y que especialmente se agravaron las condiciones para las constructoras que no estaban alineadas con el ex gobernador José Alperovich. “Fueron objeto de persecución. Se puso a una persona en Catastro municipal para que ponga trabas a las empresas que no estaban de acuerdo sobre algunas cuestiones relativas a la construcción que estaban manejadas por Alperovich”, lamentó.

Son siete proyectos inmobiliarios los que presentan irregularidades. Cuatro de ellos tienen obras que nunca arrancaron, a pesar de que la mayoría de los compradores pagaron la totalidad de sus unidades. Dos cuentan con obras paralizadas y uno es un edificio que está habitado a pesar de no estar finalizado. Es por esto que no cuenta con el Certificado Final de Obra (CFO), un permiso que firma Catastro municipal para que se instalen los servicios básicos como luz, gas, teléfono o internet.

Biagosch sostuvo que el dinero entregado por los compradores no incrementó el patrimonio de Barenbreuker, “porque (el empresario) terminó pagando gran cantidad de dinero en concepto de alquileres (que pagaba a los compradores) en relación a las demoras de entrega de los departamentos”.

Además, explicó que como la compra de las unidades se realizó mediante un fideicomiso de administración al costo, los avances en la construcción dependían de los aportes de los fiduciantes (quienes pagaban por los departamentos).

“Con la paralización de la obra, muchos fiduciantes dejaron de pagar”, dijo, por lo que no se pudo continuar con las construcciones.

Para demostrar que no hubo estafa, Biagosch contó que en una oportunidad se intentó solucionar la falta de dinero mediante la incorporación de una inversora financiera.

Sin embargo, sostuvo que “la mediatización de este tema a partir de las denuncias indebidas de las personas que deben sumas de dinero hizo que la empresa interesada se retirara de la oferta sobre la cual habíamos avanzado muchísimo”.