Los testimonios de decenas de afectados y la documentación secuestrada en los 10 allanamientos concretados el jueves llevaron al fiscal de feria, Diego López Ávila, a considerar la hipótesis de que Elizabeth Rosa Alzogaray sería la “cabecilla” de una asociación ilícita dedicada a ofrecer adjudicaciones en barrios del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a cambio de dinero.

Mientras la investigación también pretende determinar si existían vínculos entre los falsos gestores y personal del Ipvdu -o de otras reparticiones públicas-, López Ávila solicitó la captura internacional de Alzogaray. La presunta jefa de la organización sigue prófuga, a pesar de que en un principio había presentado un escrito poniéndose a disposición de la Justicia penal.

La causa, caratulada provisoriamente como estafa, fue abierta la semana pasada, luego de una publicación de LA GACETA en la que se advertía que el Ipvdu había detectado la existencia de “personas inescrupulosas” que se hacían pasar por gestores de casas sociales.

López Ávila confirmó ayer que ya fueron detenidos cuatro de los presuntos miembros de esa organización, que podría llegar a tener 10 integrantes o más. Detalló que, según las denuncias, los sospechosos decían “tener ciertos contactos” en el Estado o aseguraban pertenecer al Ministerio de Desarrollo Social, algo que la cartera a cargo de Gabriel Yedlin desmintió con un comunicado. “Estamos intentando determinar si existen vínculos o no con gente del interior del Instituto de la Vivienda.

Resulta llamativa la cantidad de información que tenían”, describió ayer el magistrado, en conferencia de prensa. Por ejemplo, según reconstruyeron los investigadores, hasta se les exhibían planos de los barrios del Ipvdu a los interesados para que pudieran elegir en qué sector querían su casa. “Uno se pregunta cómo tenían acceso a esa documentación si no eran empleados de la repartición o tenían relación con ellos”, sostuvo el fiscal.

López Ávila calificó las posibles ramificaciones políticas del caso como “una de las grandes incógnitas”. “Evidentemente, de alguna u otra forma, uno se imagina que (los sospechosos) han estado ‘trabajando’ ya de este modo, y por alguna razón que obviamente me reservo y que vamos a investigar, pasó lo que pasó”, remarcó, en alusión la frustrada entrega de casas de la semana pasada en Manantial Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena. Esta circunstancias, detalló el magistrado, lo llevan a pensar “que estas personas posiblemente hayan hecho entregas, lo cual sería obviamente un acto irregular”.

De todas formas, aclaró, hasta ahora no se detectó que los presuntos involucrados tuvieran empleo público. “Sí sabemos que Alzogaray tenía una cooperativa (Nuevo Amanecer), y en los allanamientos hemos secuestrado elementos de otras personas relacionadas a mutualidades que estaban funcionando”, explicó el fiscal de feria.

Roles y funciones

Por ahora, hay cuatro detenidos en la causa por los falsos gestores del Ipvdu. Todos serían posibles “reclutadores” de Alzogaray, según la hipótesis principal. Una mujer identificada como Alejandra fue aprehendida el miércoles, mientras que ayer -por pedido de López Ávila y con la autorización del juez de feria, Juan Francisco Pisa- la Policía arrestó en una serie de allanamientos a María Esther Soraire, a Marta Elena Campos y a Adela Aydeé Bustos. “Se está tratando de clasificar la información (obtenida); la cantidad de secuestros es gigante, y se van a realizar las intimaciones del caso”, explicó López Ávila, mientras en la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación alistaban las indagatorias.

LA GACETA le consultó luego sobre la situación de Alzogaray. “Pesa en contra de ella una orden de detención, y hoy (por ayer) se pidió su captura internacional. Se están realizando averiguaciones; entiendo que (los sospechosos) no tendrían la capacidad para profugarse mucho tiempo de la Justicia. Lo mejor y lo más recomendable sería que se pongan a disposición inmediatamente y empiecen a aclarar las cosas”, expresó el fiscal.

Ratificó además que, según los indicios obtenidos, los falsos gestores formaban parte de una organización. “La imputación de la Fiscalía es esa: estamos hablado de una asociación ilícita, de un grupo de personas con un líder que, hasta ahora, entendemos que sería Alzogaray. Como miembros (habrían operado) las demás personas que están detenidas. Estas, con ciertos conocimientos y aprovechándose de la desesperación de la gente, de una serie de elementos, realizaban actos defraudatorios”, describió.

Según las denuncias -podría haber cientos de afectados-, había que pagar desde $4.000 para sortear los trámites de inscripción en el Ipvdu. Algunos aseguran haber entregado hasta $100.000 a los falsos gestores, que coordinaban desde el año pasado las adjudicaciones a través de grupos de WhatsApp. La semana pasada, tras la postergación de una supuesta entrega en Manantial Sur, estalló el escándalo.