Más de la mitad de los legisladores -29 de los 49- firmaron un proyecto que promueve la protección de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, y que incorpora una medida inédita en el país: evitar los abortos inclusive en casos de violación.

La práctica de estas intervenciones está habilitada por el artículo 86 del Código Penal Argentino. Su vigencia fue confirmada en 2012, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJT) en la causa “FAL”, en el que se avaló la interrupción del embarazo que cursaba una adolescente de 15 años, como consecuencia de los ataques sexuales que había sufrido de parte de su padrastro.

En paralelo a este antecedente, la iniciativa impulsada por el peronista Marcelo Caponio, sostiene que esas disposiciones son contrarias a la Constitución de la Nación y de la Provincia y de tratados internacionales con rango constitucional. “Respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que (esta postura) no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado (provincial) esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”, indicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

El proyecto había sido presentado en la anterior composición de la Legislatura, pero había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento. En esta ocasión, sin embargo, obtuvo una adhesión inédita: es el texto con más firmas en lo que va del año y cuenta con el aval de oficialistas y opositores. Además, se sumaron las presidentas de las dos comisiones a cargo de los dictámenes: las peronistas Graciela Medina (Derechos de la Mujer) y Sara Alejandra Assán (Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad).

En los fundamentos, los legisladores detallaron que el abordaje no tiene antecedentes en el país. “El proyecto se inspira en la legislación provida más avanzada: la ley 6/2009 de 30 de junio de la Generalitat de Valencia (España), pionera en cuanto a medidas positivas de protección integral, tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer”, detalló Caponio. Destacó que, al margen de la derogación de esa normativa valenciana, en 2017, para privilegiar el derecho de la mujer gestante, el precedente es de posible instrumentación en Tucumán. “Es necesario compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discriminación”, argumentó el peronista.

En 2017 el radical Raúl Albarracín había presentado un proyecto con un espíritu similar, ya que establecía la creación de un plan de protección para la mujer embarazada e impulsaba la puesta en vigencia de mecanismos para evitar todo tipo de abortos.

Sin embargo, la nueva alternativa consigna expresamente el rechazo a las intervenciones derivadas de un abuso. “Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”, reza el artículo 4°.

Ni bien esta propuesta tomó estado público, cosechó manifestaciones de apoyo y de rechazo en distintos ámbitos. La diputada Teresita Villavicencio (bloque Evolución Radical). “Ver la realidad o no verla, esa es la cuestión. Ayer (el miércoles, en Chaco), perdimos las dos vidas, pero tal vez importaban poco porque la persona gestante era una niña qom de 13 años, desnutrida, pobre y enferma”, señaló en su cuenta de Twitter la radical.

Las decisiones del Poder Legislativo sobre el tema, sin embargo, se mantienen en línea con nueva propuesta antiaborto. El 2 de agosto, se aprobó la declaración de Tucumán como “Provincia provida”. Y en junio de 2001, se sancionó la ley que establece cada 25 de marzo como “Día del Niño por Nacer”.