El abogado Leandro Argañaraz y el estudiante Enzo Gabriel Yuse Slavik presentaron ayer en la Legislatura el decimotercer pedido de juicio político en el contexto de la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario.
El planteo promovido ayer pide la destitución de Leiva y también la del vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Por un lado, Argañaraz y Yuse Slavik sostienen que, en la presunta solicitud de Leiva a Pedicone de que “maneje la intensiadd” de una causa penal contra el legislador Ricardo Bussi, el miembro del alto tribunal habría violado el artículo 123 de la Constitución provincial, según “no podrán los funcionarios judiciales intervenir activamente en política”. Sostienen, además, que habría incurrido en mal desempeño del cargo, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
Respecto del vicegobernador, los impulsores del juicio político consideran que Jaldo habría incurrido “en un exceso claro de sus funciones”, previstas en el artículo 59 de la Carta Magna de Tucumán, al requerir un informe a la Corte Suprema sobre “el estado de los procesos en los que intervino” Pedicone. Al igual que en el caso anterior, también adjudican al Presidente de la Legislatura supuesto mal desempeño del cargo.
Planteos en contra
Vocal de la Corte Suprema (6): Daniel Leiva enfrenta seis pedidos de juicio político: uno presentado por Nicolás Mirande y Fernando Sergio Vera del Barco (del Pro); otro de la gremialista Alejandra Martínez y el abogado Gustavo Morales; el tercero de 10 dirigentes de Juntos por el Cambio; el cuarto de dos abogados que representan 436 firmas; el quinto del destituido juez Roberto Guyot; y el sexto es el del abogado Leandro Argañaraz y el estudiante Enzo Yuse Slavik.
Juez de Impugnación (7): Enrique Pedicone enfrenta siete pedidos de destitución: el primero es de la víctima Lucas Emmanuel Mayer y de su padre, el ex juez Carlos Mayer; el segundo y el tercero son impulsados por el ex legislador Juan Eduardo Rojas, que representa a familiares de las víctimas Barrionuevo Núñez, Concha y Palavecino; el cuarto, del abogado Carlos María Gallardo; el quinto, el del ex legislador Antonio “Pachi” Raed; el sexto, del abogado Alfredo Falú; y el séptimo, de la letrada Ingrid Lausberg.