La defensa del juez de Impugnación Enrique Pedicone solicitó a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que dicte de manera urgente una medida cautelar de no innovar que suspenda la ejecutoriedad de la resolución 515 de la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Como informó ayer LA GACETA, ese órgano parlamentario decidió el miércoles formular acusación contra el magistrado, por los cargos de los siete pedidos de destitución que había admitido el 5 de octubre y a pesar de los descargos presentados por Pedicone el 29 de ese mes. (Ver página 6)
“La comisión, sin que se hubiera producido la totalidad de los medios probatorios aceptados como tales en el marco del procedimiento, ha procedido a dictar resolución conclusiva de un proceso que no podemos dejar de calificar como irregular e ilegítimo”, puntualizaron los abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig. Se refieren a que, a principios de mes, Juicio Político admitió los audios con los que Pedicone sustentó su denuncia contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva. Según el camarista penal, el miembro del alto tribunal, en el bar Ohana, le pidió el 28 de julio que “maneje la intensidad” de la causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor fuera más o menos funcional al oficialismo. Pedicone afirma que grabó a Leiva. Los audios fueron publicados por LA GACETA el 6 de septiembre.
El juez Juan Francisco Pisa, en octubre, excluyó como pruebas esos audios en la causa judicial contra Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. Sostuvo, en concordancia con la fiscala Mariana Rivadeneira, que esas grabaciones no habían sido preservadas, porque llegaron a los medios antes que a los Tribunales. De hecho, Pedicone nunca las entregó en la Justicia, sino que las dejó en custodia en una escribanía. El fallo dice que, además, violan garantías constitucionales como el derecho a la intimidad y a la defensa, porque fueron tomadas de manera “subrepticia”.
Este es uno de los ejes del planteo de destitución contra Pedicone formulado por el abogado Alfredo Falú y, justamente, en el contexto de ese planteo la comisión legislativa admitió los audios en cuestión. Sin embargo, luego no fueron retirados de la escribanía donde están desde septiembre. Por ello, los defensores de Pedicone alegan que se decidió acusar al juez en la Legislatura sin contar con todas las pruebas.
En virtud de ellos, Ahumada y Battig piden que se resguarde a Pedicone la “tutela judicial efectiva” de sus derechos y el “acceso a un debido proceso”, garantías “ que merecen la protección y el amparo de la Justicia”.
Este planteo efectuado ayer es un “hecho nuevo” que suman al recurso de amparo que interpusieron la semana pasada, justamente cuando la comisión de Juicio Político omitió pedir los audios de Pedicone.
Según los defensores del juez de Impugnación, en la comisión legislativa hay tres legisladores que ya preopinaron sobre el proceder del magistrado al que ahora juzgan. Esos parlamentarios fueron objetados (Ver “Recusación”), pero la comisión rechazó el planteo de apartamiento.
Precisamente, ya la semana pasada Ahumada y Battig, cuanto interpusieron este recurso de amparo, habían solicitado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que dictará una cautelar suspendiendo el procedimiento que llevaba adelante la comisión de Juicio Político. Ahora que se promovió la acusación, la cual se tramitará ante el Jurado de Enjuiciamiento, piden que se frene la ejecución de esa resolución.
Recusación
Los argumentos
El 6 de septiembre se publicó en LA GACETA una solicitada de la Legislatura con un pedido de informes a la Justicia sobre los ceses de prisión preventiva dictaminados por el juez Enrique Pedicone. Al planteo lo avalaban tres comisiones, que integran Zacarías Khoder, Adriana Nájar y Mariela Reyes Elías, quienes también conforman la de Juicio Político. Por ello, la defensa de Pedicone sostiene que prejuzgaron.