Mario Casali: “se violaron el debido proceso y el derecho de defensa”

Mario Casali, legislador de Fuerza Republicana, recordó que él fue el único de los 12 miembros de la comisión de Juicio Político de la Legislatura que el 5 de octubre había votado a favor de archivar y rechazar los siete pedidos de destitución articulados contra el juez Enrique Pedicone luego de que este denunciara al vocal Daniel Leiva. Y el 18 de noviembre ratificó esta postura cuando los nueve peronistas y el alperovichista del comité resolvieron promover la expulsión de Pedicone ante el Jurado de Enjuiciamiento (se informa por separado). A diferencia de la mayoría, Casali consideró que el procedimiento exhibía defectos jurídicos relevantes. “Se violaron el debido proceso y el derecho de defensa”, expresó el bussista.

En un dictamen propio, el legislador reflexionó que la Constitución obligaba a respetar la inamovilidad de los magistrados para preservar su independencia e imparcialidad, y que la destitución sólo procedía en el supuesto de mal desempeño del cargo. Casali agregó, como por separado también lo advirtió el alfarista Raúl Pellegrini, que la Legislatura no podía revisar el contenido de las sentencias: “de esta manera se afectaría el principio republicano de la división de poderes”.

El legislador insistió en que la Legislatura no debía avanzar indebidamente sobre el Poder Judicial. “La norma constitucional que establece la inamovilidad de los magistrados tiene carácter preeminente para la recta preservación de las instituciones de la república”, opinó Casali.

“Otra situación que no se tuvo en cuenta es que no se proveyeron todas las pruebas solicitadas por la defensa de Pedicone (a cargo de los letrados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig). Se violaron por ende el principio del debido proceso y el derecho de defensa”, sostuvo. En la resolución firmada por la mayoría, los legisladores dijeron que habían provisto la prueba, y que consideraban impertinentes e inconducentes los pedidos realizados al respecto por el juez, “dado que su producción no alteraría lo que se ha acreditado en estas actuaciones”. Pedicone había solicitado que declararan como testigos tres funcionarios judiciales: el secretario Fernando Valladares; Andrés Garmendia, relator de Leiva, y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte. También estaría pendiente la extracción de los audios grabados para sustentar la acusación contra el vocal que Pedicone había depositado en la Escribanía de la notaria María Cecilia Aragón el 8 de septiembre, prueba que había admitido la comisión de Juicio Político.

Casali consideró que la posición de los legisladores afines al oficialismo iba en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había interpretado que el debido proceso consiste en una serie de condiciones que aseguran la defensa adecuada.

“Ratifico mi postura de que si esta comisión de Juicio Político se aboca a revisar el accionar del magistrado dentro de un proceso judicial ello siginificaría sentar un peligroso como injustificado antecedente”, dictaminó Casali.