El Partido Justicialista cierra un año sin líderes para enfrentar la batalla electoral de 2023. El Frente de Todos asoma como un conjunto de voluntades individuales que quieren apelar al “sálvese quien pueda” en medio de una gestión económica que no ha dado en la tecla y que se conforma, por ejemplo, que la inflación mensual cierre por debajo de los seis puntos. El proceso de desaceleración inflacionaria no pasa por esas décimas, sino por políticas de largo aliento que impliquen una recuperación sostenida de la economía. Ese no ha sido, por ejemplo, el eje del encuentro que el lunes último mantuvieron los gobernadores peronistas en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La cumbre fue de supervivencia política. Ninguno de los mandatarios quiere llegar al año electoral con la sensación de orfandad que puede implicar el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner o la ausencia de Alberto Fernández como presidente de la Nación. En el río revuelto del justicialismo, Juan Manzur quiere convertirse en un pescador. Sin haber concurrido, el jefe de Gabinete de la Nación sabía lo que estaba sucediendo en el CFI. La presencia de la cúpula de la CGT no fue casual. Los gremialistas con Héctor Daer a la cabeza están convencidos de que el tucumano cuenta con las credenciales partidarias y políticas para encarrilar el rumbo del principal socio de la coalición oficialista.

Los popes cegetistas expusieron a algunos de los asistencias la ascendencia política que tiene Manzur sobre gran parte de la dirigencia. Citaron, por caso, que fue secretario de Salud en La Matanza y que tiene buenos lazos con los barones del conurbano bonaerense. Que ha sido dos veces electo gobernador de Tucumán, donde también ha ocupado el cargo de vicegobernador. También rememoraron la gestión de casi siete años en el Ministerio de Salud Pública de la Nación durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Ese cargo ha sido estratégico para la construcción de un perfil político nacional. De allí se consolidó, por caso, la relación con los gremios y con las obras sociales.

De todas maneras, todavía no habrá definición dentro del peronismo. Como en cada crisis de la Argentina, los gobernadores terminan siendo los mediadores del poder. En estos momentos, la liga de gobernadores justicialistas se ha convertido en el eje para la reestructuración de un Partido Justicialista que no tiene en claro cuál será la oferta electoral para tratar de retener el poder el año que viene. Si a la economía le va bien y comienza a mejorar, es probable que el ministro del área y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se convierta en un potencial candidato presidencial. Cristina se autoexcluyó de la carrera y Alberto Fernández añora una reelección que será difícil de lograr si se toma en cuenta cómo ha transcurrido sus primeros tres años de gestión. El Presidente hará hoy un acto para celebrar precisamente esos tres años de administración. Será un balance y nada más. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue invitado a esa reunión y luego regresará a la provincia. Manzur, mientras tanto, continuará recibiendo a gobernadores e intendentes con el fin de consolidar apoyos a la Casa Rosada en un momento político difícil. En lo personal, el médico sanitarista no prevé un pronto regreso a su función natural. Tiene todavía una conversación pendiente con la vicepresidenta de la Nación para saber cómo quedará la mesa chica del PJ. Está esperando que decante todo lo acontecido con la condena de seis años y con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. “No es momento para hablar de internas ni de futuro político. Hay tiempo para conversar”, señalan en el entorno manzurista.

Jaldo, en tanto, se afianza como una de las piezas principales de la liga de gobernadores peronistas. Tras la visita del sindicalismo, se espera que la semana que viene concurran al CFI la cúpula de la Federación Argentina de Municipios (FAM) encabezada por el intendente matancero, Fernando Espinoza. Además de las cuestiones políticas, entre gobernadores e intendentes hay una cuestión más que preocupante para el manejo financiero durante 2023: la coparticipación federal de impuestos. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor del planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la quita de parte de esos recursos modificaría el escenario de distribución del dinero nacional en el resto del país. Nadie quiere ceder un peso, menos que se le aplique un ajuste financiero en un año en el que los gobiernos subnacionales necesitarán obras y financiamiento para mostrar gestión antes de las elecciones en cada distrito.

Una de las alternativas que se bajara es alcanzar un nuevo consenso fiscal que implique cierto escudo protector frente a potenciales quitas de fondos. Sin embargo, esos convenios generalmente no se cumplen y terminan siendo flexibles: el Estado se asegura los fondos que necesitará para cumplir sus compromisos, mientras las medidas que tienden a brindar más competitividad al sector público en el interior del país quedan en los anuncios. No se disminuye la carga tributaria.

El Consenso Fiscal de 2017 se justificó por la debilidad política del gobierno anterior, pero de cara al próximo gobierno no es una solución, recuerda el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Para salir de la decadencia se necesita explorar estrategias más innovadoras y audaces, plantea la entidad. Hay que eliminar los malos impuestos y no limitarse a moderar sus impactos más dañinos. Esto se puede lograr, por ejemplo, creando un IVA provincial en el que se unifiquen la gran cantidad de tributos que actualmente se aplican sobre las ventas (IVA e impuestos internos nacionales, ingresos brutos y sellos provinciales, y tasas municipales) y que sean cobrados por las provincias -a través de la AFIP- en función de las ventas que se generen en cada provincia. Así, las provincias serán incentivadas a aumentar la actividad económica en su territorio porque esa es la vía de su sostenimiento financiero. “Bajo esta estrategia deja de ser necesaria la coparticipación. Cada provincia se financiaría con los impuestos que genera en su territorio. Esto tiene que ser complementado con un Fondo de Convergencia. Este es un mecanismo de transferencia de recursos desde las zonas más ricas a las más pobres pero que, a diferencia de lo que ocurre con la coparticipación, estaría orientado a estimular políticas para reducir las brechas de desarrollo”, detalla Idesa. La realidad muestra que, más allá de los pactos fiscales, las necesidades políticas son más prioritarias y, por esa razón, la Argentina no puede salir de la crisis ni aspirar a un crecimiento económico sostenido para bajar la pobreza creando empleos genuinos.