Cuando en un país la sociedad está dividida se detiene. No puede avanzar, se frena y, por lo tanto, no progresa. Es así de simple y, al mismo tiempo, así de grave. Ese razonamiento no admite muchas discusiones. Las divisiones en la democracia son las grietas que se abren y que corren el riesgo de quebrar los lazos democráticos. Cuando alguien no acata una decisión de la Justicia está incurso en un delito, y como consecuencia debe cumplir una pena. Podría ir preso. Pero muchas veces en la Argentina el incumplimiento de la ley no siempre recibe un castigo. Por lo tanto, empiezan las divisiones y se pone riesgo la democracia. Estos días ha sido el Presidente de la Nación y más de una decena de gobernadores los que han decidido no cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este nuevo conflicto que afecta la vida institucional de la Argentina comenzó cuando Mauricio Macri era presidente y traspasó la policía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para solventar y afrontar esos costos se incrementó lo que se mandaba por coparticipación de 1,4 por ciento al 3,75 por ciento. Por aquel entonces, año 2015, eran 13.000 millones que equivalía a 2 puntos de coparticipación. Cuando llegó Alberto Fernández a la presidencia redujo aquel porcentaje de 3,5 a 2,32 por ciento. Inmediatamente, Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema para que revise la medida de Fernández. Y, al mismo tiempo, el Congreso convirtió en ley la reducción fijando en 1,4 por ciento el porcentaje que le correspondía a la ciudad. Es decir volvió el gobierno de la Ciudad regresó al punto de partida y asumiendo el gasto que implicaba el traspaso de la policía.

Entonces fue cuando la Justicia, a través de la Corte Suprema de la Nación, empezó a intervenir en este conflicto. La primera resolución fue abrir una instancia de negociación. No fue acatada. Al contrario, nunca pudieron reunirse ni ponerse de acuerdo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Sin dudas esta imposibilidad de negociar y la incapacidad para encontrar un punto de encuentro dejó en claro que el trasfondo de todo este proceso no era el beneficio para una sociedad sino la defensa de intereses partidarios y la búsqueda de perjudicar a los rivales políticos.

Ante estas dificultades de encontrarse entre las partes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuvo más remedio que fallar y tomar una decisión al respecto. Por consiguiente, no teniendo acuerdo entre las partes ordenó, por unanimidad, elevar la coparticipación que estaba en 1,4 por ciento a 2,95 por ciento y al mismo tiempo dejó sin efecto la suma adicional que recibía de la Nación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de la policía.

Y, aquí surgió la gran sorpresa e inesperada reacción de las principales autoridades del país. Tanto el Presidente de la Nación como un total de 14 gobernadores adelantaron que no respetarán el fallo de la Justicia. Seguramente, puede incomodar. Incluso podrían sentirse ofendidos políticamente. Pero, si hay algo inaceptable es que un Presidente y los gobernadores no acaten un fallo judicial y hasta presuman de esa bravuconada.

No acatar un fallo promueve la división política. No cumplir con lo que dispone la Justicia que no es otra cosa que un contrapoder que da seguridad y resguardo a los ciudadanos, deteriora la convivencia de una sociedad. Cuando se llega a estas instancias que exige otro comportamiento de las autoridades se ingresa en un terreno en el que se deterioran las instituciones.

Ya sabemos que cuando no se respetan las instituciones, la convivencia entre los ciudadanos se hace más difícil y cuando esas cosas afectan la vida de todos los días, la democracia se siente herida. Todo esto ha ocurrido en los últimos días por no acatar un fallo judicial.

La historia había comenzado hace mucho tiempo y lo primero que hizo la Justicia es abrir una instancia de diálogo en pos del entendimiento y del fortalecimiento de las instituciones democráticas. No queda más que rechazar las inverosímiles reacciones políticas que buscan fundamentar con débiles argumentos sus propias impericias. El Presidente y los gobernadores llegan tarde a este conflicto, pero nada justifica que incumpla la Constitución que juraron defender. No respetar las decisiones de la Justicia por parte de los gobernantes ahuyentan las inversiones y seguramente, el progreso.