Mónica Nechevenko dio detalles ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre la compra del departamento en Caballito y la casa en un country del jefe de Gabinete de Milei.
Aunque no se derogará la ley, se prevén cambios en internaciones, financiamiento y control. La situación en la provincia.
Este fin de semana, el ex presidente desembarcará en Resistencia para una charla política y una cumbre con el gobernador radical Leandro Zdero.
La fundadora de Relevando Peligros, Sandra Meyer, se refirió a la importancia de la prevención; sostuvo que las electrocuciones en la vía pública “son siniestros evitables”.
El municipio anunció la intervención de los canales Nueva Esperanza y Alejandro Heredia.
El gobernador aseguró que se trata de financiamiento personal ligado a su actividad agropecuaria; también se refirió al alumno que llevó un revólver a una escuela.
La ministra de Educación apuntó a la responsabilidad de las familias y de la sociedad frente a la creciente violencia.
Nueve personas resultaron detenidas tras un operativo policial iniciado esta madrugada.
Su testimonio es importante para reconstruir cómo se financiaron las operaciones inmobiliarias del funcionario.
Desde hace 130 años se sancionan leyes para mitigar el impacto de las crecidas. Normas que se repiten en vano y exhaustivos proyectos científicos que mueren en los escritorios.
La licitación de las obras se publicó en el Boletín Oficial, pero los montos finales resultan muy onerosos.
El diputado adelantó su voto negativo.
El fiscal Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas en los registros oficiales. La situación patrimonial de los prestamistas también genera interrogantes.
Diputados sesionará el miércoles para tratarla.
La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, rechazó el planteo de los concejales Canelada y Cobos sobre las inundaciones.
El nuevo estatuto introduce cambios en la votación y amplía la participación. Días antes, las 13 facultades elegirán decanos y consejeros.
El proyecto busca modernizar la normativa vigente, mejorar su implementación en todo el país y garantizar intervenciones más oportunas ante situaciones de riesgo.
La diputada de La Libertad Avanza calificó la resolución del juez Pedro Cagna como un intento de “disciplinar, amedrentar y silenciar” a quienes ejercen la representación política.
