Las Pirámides: caso de “depredación ambiental”

La Universidad Nacional de Tucumán denunció por grave daño ambiental a Próspero Marcelo Sosa, quien está construyendo casas de un barrio privado en un predio del parque Sierra de San Javier, que pertenece a la UNT. La casa de altos estudios pide que se condene a Sosa por conducta desobediente, puesto que no acató la orden judicial de diciembre de 2018 de abstenerse de seguir construyendo y talando árboles en el terreno. En ese momento se habían detectado 26 viviendas y en junio pasado se reveló que ya había 47 casas levantadas.

Sosa ocupa el predio desde hace muchos años. En su momento fue querellado la Universidad, que lo acusó de usurpación, pero la causa se cayó por falta de seguimiento de la UNT y en 2008 Sosa fue seobreseído. Diez años después, se supo que estaba ofreciendo terrenos en venta a través de internet, por lo que fue denunciado por la Universidad. Sosa le niega legitimidad a la UNT y argumenta que su posesión del predio le da derechos. El parque Sierra de San Javier, no obstante, es un área de 14.000 hectáreas que la Nación expropió en 1948 para la UNT , de lo cual la Universidad tiene papeles y en lo que hace al predio en litigio consta que se trataba de terrenos que pertenecieron a la familia Paz Posse y que fueron comprados en el proceso expropiatorio.

El abogado Máximo Castro, que representa a la UNT, dijo que el barrio Las Pirámides “se encuentra dentro del área natural protegida denominada Parque Sierra San Javier” y argumentó que esas construcciones pueden alterar el ecosistema, “teniendo en cuenta que el predio, por su ubicación, alberga valores biológicos sobresalientes que necesitan inmediato resguardo a fin de evitar alteraciones que deriven en daños irreversibles”.

El letrado dijo que Sosa fue notificado de la orden judicial el 7 de diciembre de 2018 y a pesar de ello “continuó vendiendo lotes y avanzando, convirtiéndose en un verdadero depredador ambiental”. Como la UNT no tiene acceso al barrio cerrado –ubicado en el km 28 de la ruta 338, al sur de San Javier, casi en el límite con Villa Nougués- “con fecha 10/07/2020 solicitamos a la División Ingenieros de la Policía de Tucumán la toma de imágenes satelitales del predio. En dichas imágenes se puede apreciar nítidamente que el lugar fue brutalmente desmontado para continuar con la venta de lotes y construcción, que resulta ser el oscuro negocio inmobiliario que lleva adelante el denunciado Sosa como actividad principal”. Esto fue denunciado en la Justicia, donde se solicitó que se verifique la depredación y sean secuestradas “las máquinas, herramientas, materiales y elementos destinados a tal fin”. Como el juez negó en un primer momento las medidas solicitadas, la UNT recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones, que ordenó primero que se realice una inspección ocular, que tuvo lugar el 4 de abril pasado (donde se verificó la construcción de “21 casas nuevas, un galpón, un quincho... cuatro nuevas obras en ejecución” , y luego dio la orden de decomiso de las maquinarias y otros elementos, el 1 de junio pasado, lo cual aún no se ha llevado a cabo.

Castro dijo que deberán ser demolidas todas las casas que se han construido, algunas de las cuales son viviendas precarias y muchas son usadas como residencia de fin de semana. También advirtió que “cuando hicimos la querella por reivindicación hemos pedido dos cosas. Una es la destrucción de las construcciones y la otra es una indemnización por daño ambiental que se utilizará para la reconstrucción del bosque nativo. Todos los ocupantes deberán pagarla”.