Por Gustavo Rodríguez
15 Agosto 2023
A Morena Domínguez la golpearon para quitarle el celular cuando iba camino a su escuela en Lanús, provincia de Buenos Aires. Guillermo Romero volvía de trabajar cuando lo hicieron caer de su bicicleta para quedarse con ella y su cabeza dio pesadamente contra el pavimento en la avenida que une la capital tucumana con Alderetes. Las dos víctimas murieron por las lesiones que sufrieron. Los victimarios los atacaron para quedarse con un botín con el que obtendrían drogas. Estos dos casos son una prueba concreta de que el consumo problemático de alcohol y sustancias está haciendo disparar los índices de inseguridad en todo el país. Esta podría ser una de las razones por las que Javier Milei terminó dando el batacazo en las urnas. Durante la campaña, el libertario endulzó los oídos con su discurso de mano dura a un electorado que está harto de vivir con miedo.
Los puntos más sobresalientes de la propuesta de Milei en materia de seguridad son los siguientes:
- Acabar con la doctrina garantista de Zaffaroni.
- Bajar la edad de inimputabilidad a 14 años.
- Reformar el código penal para que las condenas sean más duras.
- Involucrar al ejército en la lucha contra el delito, especialmente el narcotráfico.
- Blindar legalmente a los policías para que puedan realizar su tarea sin ser perseguidos por la justicia cada vez que deban actuar.
- Privatizar las cárceles para que los detenidos se hagan cargo de los gastos que generen.
- Aplicar la teoría de “tolerancia cero” que implementó el alcalde de Nueva York Rudolph Giulani para bajar los índices de inseguridad en esa ciudad.
- Modificar las leyes para que cualquier ciudadano pueda armarse.
Todas son palabras que gran parte de los argentinos quieren escuchar. Todas son ideas que buscan atacar un problema estructural que no se solucionará con cambios de normas. Como lo dijo la fiscala (jubilada) Adriana Giannoni: “no hacen falta leyes más duras, sino que se las hagan cumplir”.
Sin diagnóstico
Desde hace mucho tiempo que algunos especialistas sostienen que el consumo problemático de drogas y alcohol está estrechamente vinculado al delito. Otros aseguran que esta teoría no tiene sustento porque no hay una estadística cierta que confirme esta teoría. Pero los indicios sobran. A saber:
- En nuestra provincia, en las audiencias donde se formulan los cargos a las personas que delinquen, el 90% de los imputados sostiene que consume algún tipo de droga.
- Las fiscalías de violencia de género y doméstica de nuestra provincia son las que reciben la mayor cantidad de denuncias en Tucumán. Mensualmente atienden al menos 1.500 expedientes (50 por día y 350 por semana) y en el 90% de ellas aparece como denominador común el consumo problemático de alcohol y, fundamentalmente, de drogas.
- Por mes, son al menos 190 los familiares que se presentan en el Ministerio Público para demandar a su esposo, hijo o hermano. En realidad, buscan que lo internen para que inicien un tratamiento o, directamente, que queden detenidos en los atestados calabozos de las comisaría con tal que dejen de generarle problemas.
- La Universidad Católica Argentina (UCA) es reconocida a nivel internacional por brindar numerosos indicadores sociales. Al analizar la cuestión del consumo problemático, sostuvieron que uno de cada cuatro hogares (26,5%) identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario en todo el país. Esta situación sólo ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el Conurbano Bonaerense, en un 32,8% en el Gran Rosario, por arriba de lo que ocurre en otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente), entre las que se encuentra Tucumán.
Medidas
Sin un buen diagnóstico es prácticamente imposible intentar solucionar el problema. La persecución penal es una medida, pero no la única. Tampoco alcanza con buenas intenciones. En Tucumán está en vigencia la ley de narcomenudeo, pero sólo es una lucha de la provincia. La Nación sigue sin brindar colaboración y, mucho menos, tomar la decisión política de frenar el narcotráfico a gran escala. Una investigación, por la que fue detenido un policía en actividad, dejó al descubierto que la provincia se transformó en un centro de acopio de la droga que llega por aire y por tierra para luego distribuirla a nivel nacional. Cuentan que el 5 de septiembre, representantes de los tres poderes del Estado mantendrán una reunión para analizar los resultados conseguidos con la norma que persigue el microtráfico de sustancias. El vicegobernador Osvaldo Jaldo sería uno de los participantes.
En ese encuentro también debería tratarse un tema que es más importante que conocer la cantidad de droga secuestrada y transas detenidos. ¿Qué hacer con las personas que han caído bajo las garras de la adicción? Cada vez son más los operadores judiciales que se quejan porque no pueden darle una respuesta a la sociedad. La ley de Salud Mental impide que los adictos sean obligados a realizar un tratamiento de rehabilitación forzado, salvo que haya una prueba concreta de que está en riesgo su salud o la de terceros. Fiscales y jueces sólo pueden hacer dos cosas: ordenar un plan de desintoxicación o asesorar a sus familiares para ir a buscar ayuda en determinados lugares. La primera solución no alcanza, porque primero hay que encontrar un lugar para que lo atiendan y nadie ni nada garantiza que una vez que sea dado de alta vuelva a tener una recaída. La segunda, conocida coloquialmente como “pastoreo” (debido a que la mayoría de los centros de rehabilitación son dirigidos por pastores evangélicos) no sirve de nada si es que el enfermo no tiene la voluntad de intentar rehabilitarse.
Está claro entonces que esta relación droga/delito va más allá de la persecución penal. Hay que atender varios frentes. Con palabras bonitas y planes efectistas no alcanza para acabar con un drama social que ya tiene alcance nacional.
Lo más popular
