Amenazas de bomba: la dueña de un colegio cumplirá arresto en un hospital

“¿Esta enfermedad de la señora era preexistente a la audiencia del jueves?”, le consultó, desconcertado, el juez Fernando Zottoli al defensor José Ignacio Ferrari. “Sí, pero no me lo habían informado en ese momento, lo constatamos el viernes con una médica”, respondió el abogado. Ese día el magistrado había dictado la prisión preventiva por 29 días para María Emilia Salomone (por error se publicó Salomé en la edición de ayer), la dueña del Instituto Puente, y para el taxista Ernesto Gastón Drube, quienes están imputados por intimidación pública debido a las amenazas de bomba que se registraron en ese colegio. Lo que el informe médico reveló es que la mujer tiene cáncer de piel y que una comisaría no es un lugar propicio para que pueda llevar adelante su tratamiento.

Ferrari solicitó una nueva audiencia, que se hizo ayer, para informar esa novedad y solicitar la libertad de Salomone, o que al menos le den la prisión domiciliaria por cuestiones humanitarias. La defensora oficial, Mariana Merletti, quien asiste a Drube, solicitó las mismas condiciones para su representado explicando que los médicos constataron que padece de hipertensión y que presenta una limitación en sus movimientos debido a una lesión lumbar.

La defensa de Salomone explicó que el viernes la médica de la imputada fue a verla por su problema de salud y que así se anotició de la enfermedad. Por ese motivo convocaron a una perito del ministerio Público Fiscal que constató esa situación y emitió un informe explicando que no sería recomendable que siga detenida en una comisaría.

Por otro lado, y aunque Zottoli le aclaró al defensor que un juez de impugnación debía revisar la resolución del jueves, Ferrari también sostuvo que los riesgos procesales que se habían considerado en esa oportunidad no se mantenían. Explicó que a la mujer la acusaban por intimidación pública desde su casa, pero que la amenaza de bomba al colegio había salido desde un IP ubicado en la capital y su defendida reside en Lomas de Tafí. Detalló que en sustento de eso, presentaban la boleta del servicio de internet, que está a nombre de la hija de la imputada.

Por último, Ferrari retomó el tema de la enfermedad de Salomone y señaló: “sería cruel mantener esta cautelar”. Merletti agregó que ya les allanaron las casas y secuestraron los dispositivos móviles de los acusados, por lo que no habría motivos para creer que puedan entorpecer el proceso estando libres.

La fiscala Mariana Rivadeneira, Titular de la Unidad de Delitos Complejos, discrepó con los defensores y consideró que los riesgos procesales seguían latentes de igual manera que el día en que detuvieron a los sospechosos. Resaltó que el informe que le proporcionó el ECIF comprobaba que la falsa alarma salió desde el router de Salomone.

La polémica surgió cuando la investigadora quiso exponer en pantalla el informe sobre las redes sociales de la acusada. El defensor se opuso rotundamente. Así surgió una discusión en la cual Rivadeneira sostuvo que Salomone parecía llevar una vida normal desde 2017 y que incluso se presentó por sus propios medios a la audiencia del jueves, por lo que no veía motivos para que le revocaran la preventiva. Ferrari reclamó que no correspondía que la fiscal expusiera publicaciones de Facebook de su defendida y expresó: “me parece lamentable que se condicione a una persona con cáncer porque haya podido seguir con su vida normal”. La fiscala respondió aclarando que solo estaba argumentando con base en los informes médicos y ambientales que le proporcionaron y que no se trataba de un agravio a la acusada. Finalmente Zottoli determinó que no se muestre ninguna publicación de Facebook.

El magistrado, al resolver, reiteró que él no podía revisar su propia sentencia, pero que habiendo nuevos elementos que no se introdujeron en la primera audiencia sí haría una modificación en esta segunda sentencia (la primera sigue pendiente de revisión por un juez de Impugnación). Zottoli no revocó la cautelar, pero ordenó que Salomone sea trasladada a un hospital público para que pueda seguir su tratamiento. Con respecto a Drube, dictó que siga detenido en una comisaría, pero ordenó que sea asistido periódicamente en un hospital para control.

Descompuesto: el acusado no se sentía bien y debió ser retirado de la sala por una suba de presión

La guardia de Tribunales interrumpió en una momento la audiencia para informar que el acusado Ernesto Gastón Drube se había descompuesto y requería asistencia médica. Los efectivos sostuvieron al hombre y, cuando el juez Fernando Zottoli les dio autorización, sacaron a Drube de la sala para que lo revisara un médico. Minutos más tarde, cuando el magistrado se retiró para valorar las pruebas y pensar su resolución, el personal de la OGA le informó a la defensora oficial, Mariana Merletti, que Drube había sido estabilizado pero que presentaba una suba de presión.

Dos falsas alarmas: amenazas de bomba en una sucursal de la Caja Popular de Ahorros y en una escuela

Ayer hubo dos amenazas de bomba en dos instituciones públicas. La primera ocurrió en la sucursal de la Caja Popular de Ahorros de Juan B. Justo y Gobernador del Campo, donde a la mañana se desalojó el edificio para una inspección. La segunda falsa alarma ocurrió luego de las 15 en la Escuela Centro de Formación Profesional N° 1, en Ayacucho al 800. Luego de revisar el establecimiento educativo los alumnos del turno vespertino retomaron las clases, mientras que el turno nocturno asistió con normalidad. A comparación del jueves, cuando se registraron 15 amenazas, las falsas alarmas disminuyeron.