¿Qué decía la ley que legalizó durante dos años el servicio de Uber en Tucumán?

La norma que volteó el Gobierno provincial fue aprobada en 2020

En concreto, lo que firmó Jaldo, a cargo del poder Ejecutivo por el viaje del gobernador, Juan Manzur, a Buenos Aires, es la promulgación de la derogación de la Ley N° 9352. Esta ley, cuyo proyecto fue elaborado por un grupo de legisladores jaldistas y alfaristas, y que fue sancionada y promulgada en diciembre de 2020, consistía en la Regulación del Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas.

La iniciativa, que estuvo vigente por casi dos años, establecía que las plataformas electrónicas, para funcionar en Tucumán, debían establecer domicilio local y designar un representante, apoderado o encargado del negocio que también tenga residencia permanente en la provincia.

Además, fijaba también el pago de una alícuota adicional de Ingresos Brutos del 2% sobre el total del viaje y distintos gravámenes; la asignación de viajes únicamente a los vehículos y conductores registrados; la imposibilidad de despachar servicios por más de ocho horas corridas a un conductor, ni más de 12 horas fraccionadas en un mismo día; y la obligación de proporcionar “toda la información veraz, necesaria y útil” para “conocer la identidad de los conductores y los recorridos efectuados por cada vehículo, los montos cobrados y cualquier otra información”, entre otros puntos.

En noviembre de 2022, la iniciativa del legislador oficialista Armando Cortalezzi para derogar esa ley fue aprobada en la Legislatura, y remitida a la gobernación provincial. Sin embargo, desde su entrada a Casa de Gobierno, que se dio el 10 de noviembre del año pasado, no hubo novedades, ya que Manzur no firmó la reglamentación y promulgación de la ley. Por eso, los reclamos de los taxistas en los último meses, que se intensificaron en las últimas semanas.

Cabe mencionar que en Argentina, la única provincia que aprobó de manera legal el funcionamiento de las aplicaciones electrónicas para contratar servicios de transporte público es Mendoza, donde se aprobó esta medida en 2018.