“Al ‘Pacto Social’ lo usan para disciplinar intendentes y delegados comunales”

El intendente de Bella Vista y el jefe de Gobierno de Yerba Buena cruzaron al Gobierno.

COUREL. “Jaldo reconoció que el reparto es ilegal y arbitrario”, dijo. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO (archivo) COUREL. “Jaldo reconoció que el reparto es ilegal y arbitrario”, dijo. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO (archivo)
15 Septiembre 2023

Intendentes radicales insistieron con sus críticas hacia la Provincia por la distribución de fondos -reintegrables y no reintegrables- a los municipios, luego de haber denunciado discriminación y disparidad hacia sus distritos por ser administrados por Juntos por el Cambio.

“El Gobierno no tiene ningún criterio para distribuir los fondos y por eso discrimina a los municipios opositores. Acá tiene que quedar claro que no es que perjudica a Sebastián Salazar, a Mariano Campero o a Alejandro Molinuevo. Acá la provincia está castigando a los tucumanos que viven en Bella Vista, Yerba Buena y Concepción”, dijo el jefe municipal bellavistense.

Salazar, cuestionó que haya municipios de menor categoría a los que se les haya girado más recursos que a otros mediante el Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes llamado “Pacto Social”). “Hay municipios más chicos que los nuestros que reciben dos o tres veces más dinero. ¿Dónde fue a parar toda esa plata? El Pacto Social cumple 20 años y fue desvirtuado, se lo utiliza para disciplinar a intendentes y delegados comunales y se distribuyen los fondos con un criterio subjetivo y político”, disparó.

El intendente dijo que quedó demostrado que el régimen de coparticipación “es arcaico y está agotado”, por lo que se debe trabajar en un nuevo régimen. Además, le respondió al ministro Miguel Acevedo, quien había dicho que Bella Vista fue uno de los municipios más favorecidos por el Gobierno con obras. “En Bella Vista podemos demostrar que cada peso que ingresó al municipio fue a parar en obras y servicios que beneficiaron a toda la comunidad”, dijo.

El jefe de Gabinete de Yerba Buena, Manuel Courel, opinó sobre las declaraciones del gobernador electo Osvaldo Jaldo, quien anticipó que realizarán “modificaciones importantes” para que cada municipio administre lo que por Ley y Constitución le corresponde. “Ha reconocido que el reparto que viene siendo ilegal y arbitrario, por eso ahora dice que en adelante va a dar lo que corresponde. Quiere decir que para atrás no nos daban lo que correspondía”, dijo.

Courel remarcó que Acevedo reconoció que no hay un coeficiente o un parámetro para definir cómo se distribuyen los fondos, sino que son convenios flexibles que se otorgan según las necesidades planteadas por los intendentes. “Acevedo dijo que el reparto es arbitrario. No hay ningún criterio objetivo de reparto: ni planilla salarial, ni necesidades para obras ni cantidad de habitantes. El reparto es completamente arbitrario, por eso no es casualidad que les hayan dado más a los municipios donde encabezaban las listas de los acoples oficialistas”, indicó.

“Exigimos que haya un reparto objetivo y que nos den lo que nos corresponde; no estamos pidiendo limosna”, remarcó el yerbabuenense. Y añadió: “creemos que hoy estamos $ 200 millones por debajo (de lo que nos corresponde) por mes. Le tiene que dar a Yerba Buena lo que le corresponde por ley, por Constitución provincial y nacional”.

El funcionario señaló que los municipios más favorecidos con dineros no reintegrables para obras, como Burruyacu (se le giraron $ 1.880 millones), deberían tener hasta autopistas. “Tienen los caminos destruidos. ¿Dónde está esa plata?”, se quejó.

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