Por Gabriela Baigorrí
14 Noviembre 2023
El edificio central del Registro Civil fue protagonista de uno de los capítulos en la relación tirante entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio de San Miguel de Tucumán, mientras ambas gestiones fueron de signos políticos distintos. Durante los últimos ocho años, las administraciones del Partido Justicialista (PJ) y de Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente, sumaron una ristra de entredichos por diversos asuntos en los que se cruzaban jurisdicciones.
En el caso del Registro, que integra la lista de bienes del Patrimonio Cultural, los trabajos habían comenzado en noviembre, pero estuvieron suspendidos o enlentecidos durante todos estos meses. Entre enero y agosto, por el tironeo por una serie de permisos catastrales, y de agosto hasta ahora, por otros trámites administrativos. “Desde que asumió la nueva gestión (a principios de mes) se destrabó todo”, consignó Alfredo Quinteros, titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), la dependencia que desarrolló el proyecto.
Recientemente hubo una reunión entre el ministro de Obras provincial, Santiago Yanotti, y la nueva intendenta capitalina, Rossana Chahla. La situación del Registro estuvo en las conversaciones. Después del encuentro, Quinteros mantuvo charlas con otros funcionarios municipales y ya cuentan con la autorización provisoria. “La obra ya no tiene impedimentos. En agosto, la administración anterior nos dio finalmente el permiso de demolición. Se completó esa etapa y se volvió a neutralizar hasta que presentáramos la documentación completa. No se arrancaba porque siempre faltaba algo, se presentaba todo pero no prosperaba”, deslizó.
El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, de quien depende el Registro Civil, efectuó gestiones para que se avancen con los trabajos en la repartición que administra Carolina Bidegorry. Remarcó que los trabajos tienen que ver también con la modernización del Estado. “El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado tienen la decisión firme de avanzar. Es clave, por ejemplo, que se siga con el programa de digitalización de todas las actas. En esa línea es importante que generemos la accesibilidad también mediante un edificio moderno y accesible para todas las personas, conservando el patrimonio provincial", expresó el funcionario. Anunció que próximamente concurrirán a visitar oficialmente el predio para supervisar los avances.
A nuevo
Los planes para el edificio de 24 de septiembre 848 incluyen la demolición parcial, la remodelación y la ampliación de las instalaciones actuales. En la parte del edificio histórico, se harán trabajos de refuncionalización y se mantendrá la estética original. Para hacer la torre nueva, se demolió todo un sector para la edificación de un subsuelo, planta baja y siete pisos (se ocuparán cuatro y tres serán para futuras oficinas). En la parte posterior, se hará una especie de plaza para fines sociales que estará conectada con la nueva sala donde se celebrarán casamientos.
De acuerdo con documentación de la DAU, la inversión asciende a más de $ 1.070 millones de fondos no reintegrables de la Nación y se estima que podría concluirse en 16 meses. La contratista es la unión transitoria conformada por las firmas Alfa y Queñoa.
Las autoridades estiman que centralizar los servicios del Registro será beneficioso para los ciudadanos y, a la vez, para el Estado porque se dejarán de alquilar al menos tres inmuebles en la zona del centro en donde se distribuyen diversas dependencias.
Las idas y vueltas
El conflicto había estallado en la antesala de las elecciones provinciales. La Comisión de Patrimonio Cultural había requerido que se rehicieran algunos aspectos de la idea original, porque debía conservarse la fachada tradicional. Al adaptarse a los requerimientos, sin embargo, se iba en contra de algunas disposiciones del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad porque el edificio no podría ya incluir cocheras (deben tenerlas los que tienen determinada magnitud) y avanzaba sobre el pulmón de manzana. El gobierno de Germán Alfaro había remarcado que se infringían las normas de la Ciudad. Desde la Provincia se denunciaba que, por motivos políticos, se ponía trabas a los trabajos.
A fines de junio, tras los comicios, el Concejo Deliberante allanó el camino para que se avanzara y se aprobó la ordenanza con excepciones al Código.
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