Positiva reducción de contratos políticos en el Estado

El anuncio del recorte de un área en la que había 7.500 contratos ha marcado el derrotero de la senda en busca de austeridad en el Estado que el Gobernador de Tucumán había anunciado poco antes de asumir. El mandatario anunció la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) creada para contención laboral de personas afectadas por la pandemia; la eliminación de las adscripciones y de las designaciones efectuadas en los últimos dos meses; y una reducción del 13% de gastos en el Presupuesto, con excepción de las áreas seguridad, salud y educación.

El país atraviesa una fuerte crisis, con altos índices de pobreza e indigencia, en un contexto en el que una inflación galopante carcome el poder adquisitivo de la sociedad y eso es lo que heredan los nuevos gobernantes. Según se ha explicado, los gastos estimados superan el billón de pesos, hay una alta suba del 623% en el pago de los intereses de la deuda –que implican un monto equivalente a la mitad de la planilla salarial mensual- y no se sabe con cuánto déficit fiscal terminará 2023. Ha habido una considerable disminución de fondos con los cambios generados en la Nación durante la campaña electoral con respecto a la devolución del IVA y a la quita de Ganancias para trabajadores de la cuarta categoría. Para 2024, ambas medidas implicarán unos $ 78.000 millones menos, y eso forma parte de los reclamos que los gobernadores le están haciendo al poder central antes del cambio de autoridades.

Para llegar a los anuncios de hace dos días, hubo un estudio de los problemas que ha recibido el nuevo gobierno y de los conflictos que pueden sobrevenir en el nuevo tiempo que viene, que ha de tener también austeridad a nivel nacional, según se anticipó. La Provincia tiene que ver cómo diseñar el mecanismo para prescindir del uso del giro en descubierto con el banco que es agente financiero del Estado.

Lo primero ha sido, como se dijo, el recorte en el área que había incorporado empleados políticos y que acumulaba una considerable cantidad de contratos en proporción con la cifra de personal del Estado, que ronda los 105.000 trabajadores. Por ello, la desaparición de 40 áreas oficiales -10 secretarías, 21 subsecretarías y nueve direcciones de la administración centralizada ha de impactar en esta necesidad de austeridad. A esa reducción –que también se aplicó en dos centenares de asesores de Gabinete- debe sumarse la eliminación de los nombramientos recientes –unos 500 contratos- y la anulación de las adscripciones en salud y en educación, cuyo número no ha sido especificado. Se aclaró, eso sí, que analizarán casos de contratos, como el de cocineros de comedores comunitarios y escolares.

Se supone que este es el primer paso hacia una organización y una reducción del Estado, que debe redefinir muchas de sus tareas y saber cuánta gente necesita para llevarlas a cabo, al mismo tiempo que requiere definir su vínculo con el sector privado. Por ello las medidas anunciadas deben ser saludadas con expectativas positivas. “El Estado debe ser eficiente en la administración del presupuesto y debe eliminar todos los gastos superfluos”, dijo el mandatario. Es de esperar que se avance en esta dirección.