Por Martín Soto
01 Diciembre 2023
Con el cierre de 2023 también se extinguirá el denominado “Pacto Social”, según anticipó el propio gobernador Osvaldo Jaldo. Afirmó que dejará de existir el sistema mediante el cual la Provincia asegura a municipios y comunas los fondos para su funcionamiento a cambio de que estos cedan su coparticipación. ¿Y cómo será a partir de 2024? Es el gran interrogante que tiene en alerta a los intendentes, legisladores y diputados radicales, que este viernes se reunieron en la Legislatura. Evidenciaron la discrecionalidad que existe en el modo actual de reparto, advirtieron que la legislación vigente de distribución es arcaica y afirmaron que impulsarán un proyecto superador para una nueva Ley de Coparticipación.
“La Ley de Coparticipación actual es un sistema agotado. Es como un delantal de un niño de ocho años para alguien que ya tiene 20 años”. De ese modo se expresó el secretario Legal y Técnico de Bella Vista, Fabián Álvarez, para graficar lo vetusta que quedó la norma provincial de coparticipación N° 6.316 (data de 1991), la cual tiene denuncias por inconstitucionalidad. Ocurre que los índices de distribución que fija la reglamentación no fueron actualizados en más de 30 años a pesar del crecimiento poblacional, además de que no contempla a Las Talitas con rango de municipio.
El encuentro fue organizado por el legislador Manuel Courel (Valores para Tucumán). Fueron invitados especialmente los intendentes de Juntos por el Cambio Pablo Macchiarola (Yerba Buena), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Paula Quiles (Bella Vista), así como los ex mandatarios municipales Mariano Campero, Roberto Sánchez y Sebastián Salazar. También formaron parte los parlamentarios radicales Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), José Cano (Radicalismo Federal), Agustín Romano Norri (Evolución Radical) y Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán). El legislador José Macome (PRO) también participó de la reunión, en tanto que no se divisó a nadie del bloque alfarista Compromiso Tucumán.
Pasar la gorra
Los equipos técnicos mostraron planillas para explicar -una vez más- que no existe un criterio concreto por el cual hay municipios que reciben mensualmente cifras enormes de asistencia financiera de parte de la Provincia para su funcionamiento a pesar de ser de menor jerarquía que Yerba Buena o Concepción. A su vez, indicaron que estos dos distritos, junto con Bella Vista, no recibieron fondos no reintegrables en lo que va del año. “Es tremenda la discrecionalidad y la discriminación en la distribución de fondos”, marcó el disputado Sánchez.
Los funcionarios coincidieron en que debe haber un régimen claro y ecuánime, y que debe salir de la Legislatura. De lo contrario, analizaron que sería incluso peor que con el “Pacto Social” (Convenio Consensuado de Fondos Unificados, Ley 8.829) porque no existiría ningún marco normativo. Graficaron que sería casi como “pasar la gorra” por la Casa de Gobierno todos los meses.
Salazar desechó que detrás de este reclamo exista un móvil proselitista, como se dijo meses atrás. Recordó, por ejemplo, que en la interna de 2021 fueron los intendentes de Alderetes y de Banda del Río Salí los que expusieron la problemática porque “los asfixiaron”. “El mano a mano significa más discrecionalidad, sometimiento y que siga el ‘Pacto Social’; detestamos el ‘Pacto Social’. No lo queremos nunca más”, remarcó. Además, resaltó que sería clave la participación de las universidades en una nueva normativa.
Sin sometimiento
El diputado electo Campero, a su vez, dejó abierta la posibilidad de una pronta reunión con Jaldo y el ministro del Interior, Darío Monteros, para tener detalles sobre cómo se harán los desembolsos para el funcionamiento de los municipios durante los próximos meses.
Courel, por su parte, remarcó que con la ley actual de coparticipación ningún municipio podría subsistir. “Que no sea un sometimiento, que respete la autonomía de los municipios. Es garantizar el pago de los sueldos, la recolección de residuos, las obras, la seguridad y un montón de cosas para los vecinos. Las municipalidades deben recibir lo que les corresponde y no lo que a los gobernadores de turno se le ocurra”, dijo.
Elías de Pérez, por su parte, consignó que “la ruptura de este pacto genera tensiones y afecta la coordinación en temas cruciales como servicios públicos, planificación urbana y desarrollo comunitario”.
Los trazos gruesos de un proyecto
El apoderado de la Municipalidad de Yerba Buena, Gabriel Sabaté, remarcó que los municipios quedarán desfinanciados si se sale del “Pacto” y se aplica la vetusta Ley de Coparticipación. A modo de bosquejo de una nueva norma, planteó que la Provincia distribuya entre todos los municipios un 20% de lo recaudado por coparticipación nacional, Ingresos Brutos y los impuestos Automotor e Inmobiliaria. Propuso entonces que esa masa se distribuya un 20% en partes iguales y el 80% restante en función al número de habitantes del último censo de hogares.
“Cada uno va a querer llevar agua para su molino”
El secretario de Grandes Comunas, Javier Morof, consideró que la coparticipación es un tema complejo, incluso a nivel nacional ya que la norma vigente data de los 90. “Cada uno va a querer llevar agua para su molino. Es complicado pero se puede trabajar en eso”, indicó. A modo de ejemplo, graficó que un parlamentario de Trancas querrá que su distrito reciba más recursos. Advirtió que en esta conformación de Cámara hay muchos ex intendentes (alrededor de una decena).
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