De la contundencia del paro a la fuerza de las movilizaciones sociales y de los piquetes

La aparición de nuevos actores políticos y sociales, a la luz de las crisis recurrentes del país, fueron menguando el protagonismo político de la CGT.

EL RADICAL Y EL PERONISTA. Alfonsín y Ubaldini fueron actores centrales en la historia del retorno a la democracia; en la foto, una reunión de 1984 EL RADICAL Y EL PERONISTA. Alfonsín y Ubaldini fueron actores centrales en la historia del retorno a la democracia; en la foto, una reunión de 1984

Movimiento obrero organizado; es una frase que define básicamente a la sindicalización de los trabajadores, incluyendo en el medio del proceso la partidización política y el rol en la actividad institucional del gremialismo, en el país y en la provincia. En 40 años de vida en democracia, como lo refiere el título de esta nota, el sindicalismo sufrió los efectos de las crisis económicas, ya que a la luz del crecimiento del trabajo informal fue perdiendo influencia como espacio de poder frente a la preponderancia de las organizaciones sociales y del piquete como arma de protesta y de expresión de malestar. Puede ser una mirada simplista, pero vaya por caso subrayar que a los referentes sociales se los conoce con nombre y apellido y a los dirigentes cegetistas se los llama, despectivamente, “los gordos”.

Algunas de las siguientes referencias explicarían esta realidad tras cuatro décadas con las instituciones de la República funcionando a pleno:

- en 1983 se estimaba que vivían 28 millones de habitantes en el país, y de ese total un 40% era población económicamente activa; es decir, tenía empleo.

- en 2023 la población alcanza los 46 millones de habitantes, de los cuales 20,5 millones tienen empleo: 9,6 millones (20,8%) con empleo registrado (en blanco), 5,6 millones (12%) en negro y 4,5 millones (9,7%) que trabajan por cuenta propia.

- en 1983 la pobreza en el Gran Buenos Aires llegaba a 22%. Los datos nacionales al respecto comenzaron a publicarse oficialmente en 1988. Extrapolando ese porcentaje se puede considerar que en la Argentina había seis millones de ciudadanos en situación de pobreza.

- En 2023, la pobreza alcanzó en el primer semestre el 40,1% de la población, o sea unas 18,5 millones de personas. La indigencia abarcó al 9,3%.

En conclusión: en 1983 había un 40% de trabajadores activos que, por esa razón, podían estar sindicalizados. Mientras tanto, esa cifra se redujo al 20,8% en 2023, lo que implica menos obreros agremiados. Es decir, el movimiento obrero organizado, a partir de la merma de trabajadores que pueden estar inscriptos en organizaciones sindicales, no tiene la potencia sindical y el poder político de hace 40 años; al margen de que los trabajadores informales (en negro y los que trabajan por cuenta propia) alcanzan casi a un 22%, una cifra significativa de personas que no se pueden sindicalizar legalmente y que, como consecuencia, no tienen beneficios previsionales ni sociales. La única herramienta de estos sectores desprotegidos para enfrentar y plantear exigencias y reivindicaciones son las protestas sociales, las marchas callejeras y los piquetes.

Vaya otro dato: en la Argentina existen 3.400 instituciones gremiales y cerca de 20.000 organizaciones sociales, las que realizan distintas actividades, muchas sin fines de lucro.

En 1983, antes del retorno a la democracia, la última dictadura militar había prohibido la actividad sindical y la posibilidad de la existencia de una Confederación General del Trabajo; sin embargo, ya desde comienzos de los ’80 el gremialismo y algunas figuras empezaron a ganar espacio en el debate público. Uno de esos referentes centrales fue Saúl Ubaldini (del sindicato cervecero), quien llegó a encabezar una multitudinaria y desafiante movilización de trabajadores días antes de la acción militar en las Islas Malvinas. Ubaldini, un activo militante peronista, tuvo gran protagonismo durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín, ya que lideró los 13 paros generales que la CGT le hizo a esa primera gestión democrática. Las primeras huelgas se motorizaron contra iniciativas del Gobierno para reformar las organizaciones sindicales; luego fueron contra el Plan Austral, por mejoras salariales y de las jubilaciones y por la salida del ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille.

Hasta 1987 coexistieron dos centrales obreras a nivel nacional: la CGT Brasil que comandaba Ubaldini y la CGT Azopardo, encabezada por Jorge Triacca (sindicato plástico); y ese año se unificaron: el cervecero fue elegido secretario general. En la conducción nacional fue integrado un dirigente tucumano de Luz y Fuerza: Virgilio Nuñez.

Esa fragmentación nacional también se replicaba en Tucumán, donde se habían formado la CGT San Luis, que lideraba Segundo Bernabé Jiménez (carne) y la CGT 9 de Julio, con Julio  César Pérez (alimentación) al frente. También se unieron en un plenario realizado en la sede de la UOM, hecho político que fue festejado por el gobernador de entonces, Fernando Riera. El sindicalismo tucumano también tenía la impronta peronista.

Esas organizaciones de tercer grado -confederaciones- acompañaron políticamente a los candidatos del PJ, tanto a nivel nacional, a Ítalo Argentino Luder, como en el provincial: a Riera. La CGT, a lo largo de su historia, con mayor o menor preponderancia, hizo su aporte al movimiento peronista, e incluso ocuparon cargos políticos en los poderes ejecutivos y legislativos. Sin embargo, se observa una declinación en la influencia o participación de gremialistas del justicialismo en la política a lo largo de estos 40 años. Por ejemplo, en 1983, había 23 diputados nacionales de extracción sindical, actualmente sólo hay 10. Uno de esos representantes por Tucumán es Carlos Cisneros (bancario). Y en la próxima composición en el Parlamento se reducirá a seis el número de representantes de extracción sindical. Una marca de los tiempos.

En la Provincia hubo varios sindicalistas que accedieron a la actividad parlamentaria, como Hugo Lazarte (ferroviario), Julio Villavicencio (Fotia), Virgilio Núñez (Luz y Fuerza), Roberto Palina (Fotia) -un dirigente radical que armó la línea de trabajadores radicales-, José Teri (Vialidad), Roque Brito (mercantil), Marcelo Sánchez (ATE), Eduardo Bourlé (bancario), Ramón Cano (camioneros) y Reneé Ramírez (ATSA). El ex gobernador Julio Miranda (PJ), del gremio petrolero, fue diputado nacional y senador por Tucumán.

La participación del gremialismo en la política fue mermando, tanto como la cantidad de paros de la CGT contra el Gobierno nacional, si consideramos las 13 huelgas de la central obrera nacional contra Alfonsín y ningún cese de actividades general en la gestión del presidente, Alberto Fernández. Por esta causa, frente a la ausencia de espacio de poder que canalice el malestar contra la gestión del Frente de Todos, por la profundización de la pobreza, la inflación y de la informalidad fueron ganando protagonismo las expresiones piqueteras de diversos grupos políticos y sociales.

En el medio, la CGT experimentó rupturas internas; dirigentes descontentos con las posturas políticas de la central obrera que decidieron formar otras agrupaciones, como la CTA, por ejemplo. En 2004 una mujer, por primera vez en la historia de la CGT, forma parte de la conducción de la organización, integrando un triunvirato: Susana Rueda (Sanidad), junto con Hugo Moyano (camioneros) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). En 2016 reaparece nuevamente un triunvirato al frente de la CGT nacional, tras varios conflictos internos a nivel de cúpulas: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estacioneros) y Juan Carlos Schmid (dragado).

En Tucumán, el sindicalismo también se movía a ritmo del plano nacional y es así como en agosto de 2017 se produce la unificación de la CGT, aunque con varias ausencias de gremialistas. En la sede de la Fotia fue elegido secretario general Marcelo Sosa (metalúrgico). Este año, en una de las últimas decisiones políticas relevantes, una delegación local de una renovada CGT visitó a Osvaldo Jaldo -en enero- y le transmitió el apoyo del sindicalismo a la fórmula gubernamental del oficialismo. La CGT estuvo representada por César Torres (camioneros), Luis Diarte (Smata) y Reneé Ramírez (ATSA), Gabriel Gamez (UOM), David Acosta (Uocra) y Alejandro Medina (Suterh).

Antes que las expresiones de malestar con las gestiones gubernamentales pasaran de las manos del movimiento obrero organizado a las movilizaciones de las organizaciones sociales o piqueteras; en la transición, hubo un proceso en el que confluyeron ambos espacios en las protestas. Vale por ejemplo mencionar que en octubre de 2012 hubo un paro nacional con movilizaciones en las provincias. En Tucumán participaron, entre otras organizaciones, el Frente Intersindical de Tucumán, que integraba a la CTA, CGT, ATE, Sitas, Barrios de Pie y Jubilados de la Plaza, OTR, Movimiento de Trabajadores Socialistas, Visitadores Médicos y UATRE. A las que se sumó Adiunt. En esa ocasión uno de los referentes señaló: “Cristina armó una CTA y una CGT alcahuetas con los dirigentes más corruptos y entregadores del país”; lo que daba cuenta del nivel de la fractura en el sindicalismo.

Si es por mencionar hitos de la historia del gremialismo, así como en 2004 una mujer por primera vez se sumaba a la conducción de la CGT, en 2018, en Tucumán, hubo una reunión de un centenar de mujeres gremialistas, para lanzar el espacio “Mujeres Sindicalistas”. También caben destacar las “carpas blancas” de los docentes en los 90 -que se prolongaron durante tres años en reclamo de una ley de financiamiento educativo-, o las de este siglo, promovidas por el sector de la Salud, para pedir la reapertura de paritarias, entre otras muchas reivindicaciones.

La actual CGT nacional, recientemente, a través de Daer se plantó ante el presidente electo, Javier Milei, y anticipó: “no aceptaremos la pérdida de derechos”. ¿Volverán los paros de antaño? En este punto vale reiterar que a Alfonsín (1983-1989) la CGT le hizo 13 paros generales, a Carlos Menem (1989-1999) le hizo nueve huelgas, a Fernando de la Rúa (1999-2001) le hizo 10, dos a Eduardo Duhalde (2001-2003), una a Néstor Kirchner (2003-2007), cinco a Cristina Fernández (2007-2015), cinco a Mauricio Macri (2015-2019), y a la actual gestión, ningún cese de actividades.

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