En 2023 se cuadriplicaron los femicidios en Tucumán

La cantidad de denuncias por violencia de género (VG) no para de crecer. Los calabozos de las comisarías están atestados de acusados por este ilícito con prisión preventiva. Es el delito que más condenas registra con el nuevo código procesal penal y menos soluciones alternativas se aplican para evitar llegar a un juicio. Pero no es suficiente. La violencia machista pareciera no tener freno. En lo que va del año se registraron 12 femicidios, cuatro veces más de los contabilizados en 2022.

El sistema en el fuero penal funciona así. Las denuncias se reciben en la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género. En promedio, esa oficina recibe en promedio 1.500 denuncias por mes (unas 18.000 en estos casi 12 meses), pero el pico de un mes llegó a 1.900. Allí definen cuáles son las causas en que por su gravedad o por petición de la víctima, continúa el proceso. Según confiaron fuentes judiciales, de esas denuncias, más del 50% (unas 800) se cierran con el dictado de medidas proteccionales (prohibición de acercamiento o exclusión del hogar). Las otras 700 pasan a ser investigadas e instruidas en las otras dos unidades fiscales especializadas en la materia.

En el 90% de las causas que continúan tramitándose, además de las prohibiciones de acercamiento, se dictan prisiones preventivas que van de los 10 a los 90 días. Por mes, siempre según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, se firman 80 condenas. Por una política del MPF, son contados los casos que se resuelven a través de una probation.

Los casos de VG son los que más audiencias ocupan en la agenda judicial. Por ejemplo, hasta ayer a las 6, se habían programado nueve debates por este delito. Igualaron a las de robos, que es el ilícito que más se comete en la provincia.

De esas audiencias, tres fueron para formular cargos, dos fueron juicios abreviados, una para que la causa fuera a debate oral, dos para revocar la condicionalidad de la pena y una para desestimar llegar a un juicio. En siete de ellas, se planteó el dictado de la preventiva para los acusados.

Dolor

De los 12 femicidios registrados en lo que va del año, cinco víctimas tenían medidas de protección a su favor. “A veces una no sabe qué hacer. Por necesidad o por temor volví con él. La última vez me pegó tal golpiza que no aguanté más”, dijo L. una de las mujeres que deambulan por los pasillos de tribunales pidiendo ayuda. “Es muy difícil, aquí te ayudan, pero después de que actúa la ley, quedamos solas”, añadió.

Historias como estas se repiten una y otra vez en la provincia. Son casos cargados de sufrimientos. “Desgraciadamente no tenemos dónde acudir. Hacemos la denuncia, los meten presos y después salen. Vivimos con miedo. Nunca más nada volverá a ser igual en la vida de una víctima”, indicó María Laura.

Jenniffer sufrió la violencia machista de su ex pareja durante siete años. “Logré escapar de ese infierno y me metí en otro. Conocí a otro hombre, me enamoré, tuvimos un hijo y después se destapó. Se volvió muy celoso y violento. Encima, cada vez que me pegaba, amenazaba con matarse para generar pena”, indicó. En lo que va del año, tres femicidas se quitaron la vida después de haber cometido el crimen. LA GACETA intentó comunicarse en vano con los responsables del área de Desarrollo Social dedicados a este tema para conocer el trabajo que están realizando.

Los abogados penalistas fueron consultados por LA GACETA para dar a conocer su punto de vista. “Existe una errónea concepción de pensar que creando nuevas figuras penales o endureciendo la política criminal se puede prevenir la violencia de género. Si bien es importante, no se puede dejar de tener presente que se interviene cuando el delito ya se cometió. No hay prevención, sino una sanción a una determinada conducta”, opinó Agustina Lasquera. “Para lograr prevenir y evitar que aumenten todo tipo de violencia contra la mujer, hay que tener un Estado presente que aplique políticas públicas eficaces en la materia, planes de acción y programas educativos de sensibilización y de atención hacia las formas de violencia por razones de género, aplicándose en todos los niveles educativos, desde temprana edad. Esto va más allá de las políticas criminales que se puedan adoptar, ya que hablamos de programas integrales por parte de los tres poderes del Estado”, añadió.

“Con endurecer la política criminal por VG no alcanza. Enviar a los acusados a un calabozo no va a solucionar el problema. Es como meter la basura debajo de la alfombra”, explicó el también penalista Nicolás Ruiz Belmonte. “Se debe hacer un trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Estado donde se brinde contención no sólo a la víctima y a su familia, sino también a su agresor. La mayoría de los casos tiene que ver con los consumos problemáticos y no hay una política de Estado en contra de este flagelo”, agregó.

“Los mecanismos de prevención utilizados hasta ahora han fallado, porque más allá de endurecer la política criminal, corresponde concientizar más a la sociedad desde una perspectiva interdisciplinaria”, opinó Agustina Recalde. La penalista añadió: “se debería crear una red de apoyo para víctimas de violencia de género. Se trata más de una tarea de prevención y prevención que de punitivismo en sí. Las políticas de Estado tienen que apuntar a eso, a prevenir y promover el cuidado de las víctimas”.

Las cifras de un flagelo

- 12 femicidios se registraron en lo que va del año en la provincia.

- 3 casos fueron registrados en todo 2022.

- 2 hombres fueron procesados por instigación al suicidio, otra forma de muerte violenta en contexto de violencia de género.

- 5 víctimas tenían medidas de protección a su favor.

- 1.500 fueron en promedio las denuncias recibidas por mes. Hubo un pico de 1.900.

- 800 medidas proteccionales se dictaron en promedio por mes.

- 80 condenas se dictaron en promedio por mes.

Se utiliza cada vez más la figura de la instigación del suicidio

El fiscal Ignacio López Bustos fue el primero que logró que a un acusado se lo imputara por instigación al suicidio. Pese a que la causa Piccone sigue en curso, el mismo funcionario consiguió la primera condena por este delito. Su ex pareja Antonio Soria fue condenado en un juicio abreviado a dos años condicional por haber influenciado en la decisión que tomó Rosa del Valle Poma. Su par Carlos Sale, con el mismo criterio, logró que se imputara por ese ilícito a Pablo Belmonte, que habría sido determinante para que Leonela Ruiz decidiera poner punto final a su vida. Hubo otro caso polémico que tuvo una persecución penal. Yamila Alejandra Díaz Musa falleció en un accidente de moto en Tafí Viejo después de haber participado de un festejo con su ex pareja que no podía acercarse a ella. Su familia denunció que Enrique Leonel Díaz la había matado. Sale no encontró pruebas para imputarle el femicidio, pero sí evidencias para acusarlo de homicidio con dolo eventual, ya que por su conducta imprudente le provocó su muerte.