Piden que un catequista condenado por abuso sexual vaya a la cárcel

“Lo único que pretendemos es que la Justicia firme todo y que el acusado cumpla con su condena en la cárcel. Por el bien de mi hijo y de toda la familia queremos cerrar este capítulo. ¿Están esperando que se escape?”, dijo la madre de un adolescente que fue abusado por un catequista en una iglesia de la capital. El joven fue condenado a través de un juicio abreviado a seis años y 10 meses de prisión efectiva y la jueza interviniente no dispuso aún que sea trasladado al penal de Villa Urquiza.

S. tenía 12 años cuando asistía a la Infancia Misionera de la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en avenida de Las Américas y Corrientes. “Mi hijo comenzó a tener conductas extrañas hasta que nos contó algo de lo que le había sucedido. Ahí descubrimos que un lugar que debería ser de alegría para los niños, terminó siendo el refugio de un perverso”, dijo la mujer.

El pequeño nunca contó todo lo que había ocurrido a sus padres entre 2015 y 2018; sí lo hizo ante una docente de la escuela donde cursaba los estudios. Las autoridades del establecimiento educativo realizaron la denuncia correspondiente en los últimos meses de 2019. “Ahí terminamos de descubrir que nuestro hijo había sido abusado por el coordinador de los misioneros. Mi marido, desesperado, fue hasta el templo para pedir explicaciones a las autoridades eclesiásticas. Lo atendieron cuando advirtió que iría a los medios de comunicación para que el caso se hiciera público”, explicó la madre de la víctima.

El caso comenzó a ser investigado por la fiscala María del Carmen Reuter que acusó a Pablo David Ale (27) del delito de abuso sexual. El sospechoso fue procesado y le dictaron la prisión preventiva. Con el correr de los meses, recuperó la libertad porque no había sido enjuiciado. Después llegó la pandemia.

Cosas extrañas

“En el medio pasaron muchas cosas extrañas. Mi marido era divorciado y estaba gestionando la nulidad de su primer matrimonio para que nos pudiéramos casar. Justo en ese momento, le otorgaron el pedido”, destacó. “Supuestamente la Iglesia asumió el rol de querellante, pero nunca nos dijeron nada de lo que pasaba en el expediente. Teníamos serias sospechas de que este joven podría haber estado involucrado en otros casos. Es más, a mi hijo lo amenazaba con hacerle lo mismo a su hermana si es que llegaba a contar”, añadió la mujer. “Nunca nos dieron demasiados detalles de lo que estaba sucediendo. Los representantes de la Iglesia nos decían que la Justicia estaba actuando y nada más. Por eso decidimos asumir la querella del caso”, detalló.

Allanamientos

Los padres de la víctima recurrieron a Patricio Char y a Tomás Álvarez para que los asistieran legalmente. “Al analizar el expediente, lo primero que descubrimos es que se realizaron allanamientos en la casa del acusado. Le secuestraron computadoras que en su interior contenían imágenes de pornografía infantil. Además, se comprobó que Ale había ingresado a páginas de pornografía infantil de la Deep web (conocida también como la Web Profunda donde se realizan actividades ilegales)”, señalaron los profesionales.

El final

La Justicia ordenó que el caso sea elevado a juicio. “Nuestro hijo nos pidió que no se haga el debate, quería que el perverso vaya a la cárcel a través de un juicio abreviado”, comentó la madre de la víctima.

Así comenzó un largo camino de negociación en el que intervinieron la fiscala Estela Giffonielo, los querellantes y los defensores del acusado. “La verdad que este es un caso de terror. La familia, por un detalle técnico, pudo asumir como querellante a último momento. Respetamos su decisión de cerrar todo para el bien de ellos”, explicaron los querellantes.

El 22 de noviembre se realizó la audiencia. La jueza Alicia Freidenberg escuchó a todas las partes exponer el convenio firmado. Luego, el imputado, tal como establecen las normas, confirmó que entendía el alcance del acuerdo y se declaró culpable. Tanto la representante del Ministerio Público como los querellantes solicitaron que se le dicte la prisión preventiva, planteo que fue rechazado por la magistrada y señaló que definiría el planteo cuando dictara la sentencia.

El 6 de diciembre, Freidenberg aceptó el convenio y condenó al acusado a seis años y 10 meses de prisión. En el fallo también dispuso que tanto la víctima como el victimario reciban asistencia psicológica. Tampoco ordenó la detención del condenado. Legalmente, Ale tiene hasta el próximo jueves para presentarse por su propia voluntad. “No me parece justo. Él se declaró culpable, hubo una sentencia y sigue libre. No sé qué esperan”, explicó la mujer. “Seguimos sin entender la decisión de la jueza”, añadió Char.

Dudas

“Nunca sabremos si hubo otros casos así porque no existe información si el joven fue separado por la Iglesia. Creemos que cuando esto se haga público podrían surgir nuevos casos. Lo importante es que se sepa que estos delitos no prescriben, se pueden seguir adelante”, explicó Char. “La Santa Cruz está en una zona importante de la capital tucumana. Tenemos la suerte de poder haber afrontado este proceso, pero hay otras personas que no la tienen y quizás por eso nunca denunciaron. Sigo siendo creyente; contra la Iglesia no tengo nada, pero sí voy a seguir luchando para que las personas que cometieron este tipo de delito paguen por lo que hicieron. Hay que acabar con ese manto de protección”, finalizó la madre de la víctima.

La versión de la Iglesia

“Monseñor Carlos Sánchez acababa de asumir como arzobispo cuando se conoció este caso. Me llamó para consultarme qué podíamos hacer porque quería tolerancia cero ante este tipo de situación. En todos estos años se mantuvo esa línea”, explicó Juan Andrés Robles, representante legal del Arzobispado de Tucumán. “Nos entrevistamos con la fiscala María del Carmen Reuter y le avisamos que no sólo estábamos a disposición de las autoridades, sino que le solicitamos que avanzara hasta las últimas consecuencias”, destacó.

El profesional dijo que se mostraron interesados en asumir la querella a fines de 2019. “Después de la pandemia, nos enteramos de que la fiscalía había solicitado la elevación a juicio de la causa en 2020 sin otorgarnos el rol de querellantes. Insistimos y recién en 2021 nos permitieron el acceso al expediente”, explicó. “Cuando nos enteramos de que la familia pretendía hacer lo mismo, nos pusimos en contacto inmediatamente con el abogado Patricio Char para ofrecer nuestra colaboración”, explicó.

Robles indicó que a partir de este caso el padre Sánchez elaboró un protocolo de actuación y se hicieron charlas en todas las entidades vinculadas a la Iglesia. “Las instrucciones son claras: cuando hay una denuncia, recibo una comunicación e inmediatamente se hace una presentación en la Justicia y después comunico a las autoridades”, aclaró.

“Repudiamos enérgicamente estos casos. Estamos del lado de la víctima y apoyamos todos sus reclamos para que puedan recibir justicia. Estamos de su lado y esperamos que se cumplan los pedidos que con razón están haciendo en estos momentos”, indicó.