Por Federico Türpe
23 Diciembre 2023
“Los legisladores tucumanos se triplicaron el sueldo en medio de una de las peores crisis económicas del país”. La foto es horrible. Irritante. Repugnante.
Sin embargo, no sorprende a nadie. Es la foto que explica por sí sola y con sólidos argumentos por qué ganó la presidencia un extraterrestre como Javier Milei. El asco y el hartazgo empujaron más que cualquier razonabilidad.
Y en las dos elecciones donde no hubo clientelismo, también ganó en Tucumán.
Solemos repetir que “en un país normal” -bastante subjetivo explicar que hay países más normales que otros- este aumento salarial en un contexto inflacionario descontrolado sería entendible y aceptable, más allá de los montos y los porcentajes, donde pueden surgir discrepancias y objeciones, cuando se catapulta de un plumazo una dieta de $700.000 a casi dos millones.
Aunque por su origen etimológico es correcto denominar “dieta” al salario parlamentario, siempre nos pareció curioso que los bolsillos más “gordos” reciban “dietas”.
Decíamos que el aumento sería entendible y aceptable si no fuera por…
Si no fuera porque… se aprobó en secreto, incluso para algunos legisladores beneficiados, una insana costumbre de esta Cámara provincial.
Si no fuera por… la profunda crisis que azota a 47 millones de argentinos, la mitad de los cuales sobrevive con privaciones básicas.
Si no fuera porque… es la Legislatura más costosa del país (“Presupuestos Provinciales 2019”, Fundación Libertad), superando incluso a la populosa bicameral de la provincia de Buenos Aires, que representa a 17 millones de personas.
Si no fuera por… la discrecionalidad vergonzosa del dispendio legislativo, secreto, oculto, de espaldas al pueblo que dice representar.
Si no fuera por… el descarado nepotismo monárquico con que se reparten las bancas.
Si no fuera por… los argumentos fariseos que se esgrimen para justificar este salariazo, como el del presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, quien dijo que se trata de un gran paso para transparentar cuánto cobran, o el del presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, quien consideró que “esto viene a poner un punto final a la hipocresía”.
Si no fuera porque… va a contramano frontal de las políticas de austeridad y ajuste que ahora promueve el gobernador Osvaldo Jaldo.
Si no fuera porque… esta dieta representa ocho sueldos de un docente con ¡24 años de antigüedad!, que a su vez percibe $100.000 menos que la canasta básica, que en noviembre era de 345.000 pesos.
Rompiendo el retrovisor
Una de las explicaciones de este nuevo papelón parlamentario podríamos hallarla en que Jaldo redujo sensiblemente la caja legislativa, pese a que aún sigue siendo onerosísima en términos históricos.
De un 4,7% del presupuesto provincial que el parlamento recibía con Juan Manzur como gobernador y con Jaldo como jefe legislativo, el Gobierno la acotó al 3,9% para 2024, que traducido en dinero son 62.500 millones de pesos.
Como recordó Federico van Mameren en el programa "Panorama Tucumano" del martes pasado, los fondos legislativos siempre rondaron el 3% del presupuesto provincial, a lo que agregamos que incluso cuando era bicameral, con diputados y senadores.
Pese a que al gobernador, que hasta ayer administraba ese 4,7%, afirma que ya no quiere mirar por el espejo retrovisor y que ahora sólo se enfocará en el parabrisas, hay preguntas que surgen casi obligadas: ¿en qué gastaba las Legislatura esos miles de millones de pesos que ahora no tiene? ¿Por qué podrá seguir funcionando con normalidad con un 0,8% menos del total del billonario presupuesto provincial?
La misma duda que nos planteamos cuando Jaldo anunció un recorte de 220.000 millones para el año que está por comenzar. Merma que, considerando la elevada inflación, su impacto exponencial será bastante más profundo durante los próximos meses.
El correlato entre la disminución de la caja total y el aumento de las dietas es más que evidente. Hay un porcentaje de dinero discrecional que los legisladores dejarán de recibir y como respuesta se subieron el sueldo. Como gesto político es pésimo, pero en el ránking de desaciertos es más pésimo que reciban plata de los impuestos bajo la mesa para gastar como se les antoje y sin ningún control. En esto tienen razón Mansilla y Álvarez, cuando dicen que se ha transparentado y sincerado parte del despilfarro político.
Sólo una parte, porque la ancha avenida de grises presupuestarios sigue siendo enorme, secreta y millonaria.
El efecto Milei
Aún con una Justicia que mira para otro lado, no sabemos si por complicidad, incompetencia o sometimiento, la ecuación económica de los negociados de la casta política es bastante simple.
En las elecciones provinciales de junio, un candidato a legislador, digamos que promedio, ni de los más austeros ni de los más gastadores, repartió $ 7.000 a unos 40.000 posibles votantes, sobre un universo de 65.000 electores en sus circuitos electorales de influencia.
Fueron 280 millones de pesos, a los que hay que sumarles otros 20 millones en viáticos, fiscales, acarreo y miles de bolsones con mercaderías, entre otros gastos.
Previo a estos desembolsos deben agregarse costos de publicidad, logística, sedes partidarias, punteros, etcétera, con cuyos números precisos no contamos, pero que estimamos oscilaron entre 20 y 50 millones de pesos, con un dólar blue a 400 pesos de entonces.
Este candidato cosechó poco más de 16.000 votos y resultó electo.
Con una dieta de $700.000 al momento de asumir, en octubre pasado, este parlamentario iba a necesitar 500 sueldos para recuperar la inversión electoral, a lo largo de 42 años, si acaso destinara el 100% de su dieta a ese fin.
Ahora, tras el salariazo, con un sueldo de dos millones de pesos, necesitará 175 meses para recuperar la campaña, durante casi 15 años.
Obviamente sin contar que en el medio debe solventar a un ejército de empleados, una familia o varias, una mansión o varias, un auto de lujo o varios, viajes al exterior, compras suntuosas, lujosas vacaciones, entre un largo etcétera, como cuando vimos en 2018 a un simple delegado comunal de Gobernador Garmendia, José "Gallito" Gutiérrez, un pueblo de 5.000 habitantes, casándose en el hotel Barceló Bávaro Grand Resort, en Punta Cana, República Dominicana.
Una habitación para dos personas en ese hotel hoy cuesta 530.000 pesos por noche, además de pasajes y otros gastos.
Gutiérrez fue delegado varias veces, legislador del alperovichismo y funcionario en el Ministerio del Interior de Miguel Acevedo, hoy vicegobernador.
Esta es la respuesta del efecto Milei. Gutiérrez o si se quiere Martín Insaurralde, un caso más mediático, son apenas dos ejemplos que se multiplican por miles en la Argentina, y cuanto más pobre el distrito, con mayor alevosía, como la Legislatura tucumana.
La casta no es sólo la casta
El negocio de la política es fenomenal y tiene ramificaciones insospechadas, donde participan no sólo los tres poderes del Estado, nacional y provinciales, municipios y comunas, sino un amplio sector del empresariado prebendario y un importante porcentaje de la sociedad civil.
Desde el supermercadista que le vende los bolsones al candidato, el empresario que recibe subsidios o exenciones injustificadas, hasta el simple taxista que traslada votantes o los miles de becarios, y no incluimos a investigadores del Conicet, que reciben aportes, como por ejemplos los subsidios “culturales” a entidades bastante flojas de papeles o cientos de fundaciones que son sólo un sello.
Son tantos los ejemplos de sangrías al erario público que no alcanza una biblia.
Sólo en las PASO el Estado Argentino gastó 20 millones de dólares en impresión de votos, un negocio del que participan varios sectores, públicos y privados.
Existen decenas de partidos creados al sólo efecto de cobrar la impresión de boletas. Por ejemplo, el partido Proyecto Joven, de izquierda, pero que curiosamente su tesorera fue una candidata de la Libertad Avanza, Andrea Calligaris, recibió 1.068 millones de pesos para imprimir 365 millones de boletas y abastecer a un padrón de 35,4 millones de electores. Obtuvo 74.000 votos, el 0,08% del padrón, según una investigación de la ONG Ruido en colaboración con la fundación Connectas.
En Tucumán, Proyecto Joven recibió 23 millones de pesos para impresiones, donde cosechó 77 votos. Cada voto le costó al Estado nacional $300.000.
La Unión del Centro Democrático tucumana cobró cuatro millones de pesos y sacó 33 votos, unos 120.000 pesos por boleta. El partido Liber.ar recibió 19 millones y obtuvo 776 sufragios. La lista de “partidos” que no sacaron más de 5.000 votos y recibieron millones en la provincia es enorme, como Principios y Valores, que cobró 27 millones y obtuvo 3.900 votos.
Entre los más conocidos, las agrupaciones que más dinero recibieron fueron el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad ($30,8 millones contra 66.000 votos, $465 la boleta), y Juntos por el Cambio ($30,8 millones contra 825.000 votos, $37 el sufragio).
Los partidos más baratos fueron la Libertad Avanza, que cobró $7,7 millones y sacó 624.000 votos, unos $12 cada uno; Fuerza Republicana, $15 el voto; y Unión por la Patria, $17.
El Estado, esa caja inagotable
Entre los largos y costosos tentáculos del clientelismo, por ejemplo, Manzur batió récords de nombramientos en la administración pública en todas sus capas e impuso esa impronta clientelar apenas asumió. En 2017 un informe de la consultora Economía & Regiones (E&R) informó que Tucumán era la segunda provincia del país, después de la Santa Cruz de Alicia Kirchner, que más empleados había nombrado: 5.000 en menos de dos años.
Durante los años siguientes la escalada continuó y sólo durante la pandemia sumó 7.000 contratos que ahora fueron dados de baja por Jaldo.
Sin Ley de Acceso a la Información Pública la plantilla salarial estatal es insondable. Oficialmente se informan 120.000 empleados, aunque hay además personal en negro, tercerizaciones y varias nóminas desconocidas, como la legislativa. A estas deben sumarse los 19 municipios, algunos tan o más turbios que la provincia. Sabemos que la capital tiene 12.000 empleados, en blanco. Existen también decenas de miles de agentes de la Nación, entre dependencias nacionales o entes autárquicos, autónomos o descentralizados, como universidades, Justicia, Anses, Pami, Vialidad, Aduana, etc.
Un experto en administración pública estimó que el empleo público, en total, supera el cuarto de millón de personas, contra 181.000 empleados privados registrados, en un universo de 600.000 personas en edad y condiciones de trabajar.
Si bien la desocupación es del 10,6%, el Indec informó que el 50% de las personas que trabajan en la provincia están en la informalidad, es decir que sólo aportan a través del consumo y los servicios.
Si contrastamos esta radiografía alarmante con un candidato que gasta 300 millones en campaña o un partido que recibe 23 millones y obtiene 77 votos, lo que más sorprende no es el salariazo legislativo, sino que todavía haya sólo 22 millones de pobres.
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