El Gobierno provincial tiene la misma necesidad y la misma urgencia que la Casa Rosada para estructurar la gestión de cara a 2024. Con esa consigna, el gobernador, Osvaldo Jaldo, convocó a diputados y a senadores nacionales por Tucumán, con el fin de analizar el DNU elevado por el presidente, Javier Milei, al Congreso, además de los proyectos de ley mediante los cuales se avanzará en cuestiones impositivas y también políticas. Si bien aún no hay definiciones respecto de la postura que tendrán en el Congreso, la cumbre sirvió para coordinar esfuerzos y “defender a Tucumán en el Congreso”, tal como lo afirmó el jefe del Ejecutivo.
“Vamos a defender los intereses que por ley nos corresponden y vamos a trabajar en unidad por el bien de la provincia y por el bien de cada uno de los tucumanos”, declaró el mandatario al término de la reunión que mantuvo con la senadora Sandra Mendoza y los diputados Pablo Yedlin, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Agustín Fernández, Según se comunicó, el diputado Carlos Cisneros estaba en Buenos Aires, al igual que el senador Juan Manzur. Jaldo, que en el encuentro estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, y por el presidente subrogrante de la Legislatura, Sergio Mansilla, se reuniría esta semana tanto con Manzur como con Cisneros.
Al gobernador le preocupa la situación fiscal a partir de las modificaciones impositivas que se vislumbran para el año que viene. Puntualmente, Jaldo procura que se apoye la reversión del impuesto a las Ganancias, con el que Tucumán podría recuperar ingresos coparticipables por unos $ 100.000 millones para todo el año que viene. El mandatario entiende que esa medida es más contundente que el reparto de la recaudación del impuesto al Cheque, tal como lo propone su par de Buenos Aires, Axel Kicillof. Además, sólo afectaría a un grupo de trabajadores con altos ingresos. Esta modificación en Ganancias implicará una reducción del “salario de bolsillo” que afectará a los empleados que perciban salarios brutos que superen los $ 975.000 mensuales, según expresa un reporte de Alberto Mastandrea, socio de Impuestos & Legales en BDO Argentina.
El “plan platita” previó la exoneración del tributo a aquellos empleados cuyo salario bruto de octubre a diciembre 2023 estuviera situado por debajo de los $ 1.980.000, acota el diagnóstico.
A su vez, se dispone la facultad del Poder Ejecutivo para incrementar la deducción especial para los empleados en relación de dependencia. Por último, se actualiza la escala progresiva para las personas humanas. “Hay leyes que cercenan derechos a Tucumán, como la ley de Ganancias, la ley del impuesto al IVA u otros recursos que llegan a la provincia, como el incentivo docente o el programa Remediar”, indicó Jaldo. “Hay muchos recursos extra presupuestarios que llegan a la provincia con un destino específico y si hablamos de remedio se imaginan que son cuestiones de primera necesidad”, agregó. En los últimos dos años, las transferencias discrecionales nacionales alcanzaron los $ 110.000 millones. Esto quiere decir que, a valores históricos, Tucumán dejaría de percibir más de $ 50.000 tanto por asistencias financieras federales, como también por el Fondo de Incentivo Docente, los programas para obras y hasta los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), tal como lo anticipó el propio Milei.
Otro punto expuesto en la cumbre por el ministro de Economía, Daniel Abad, fue la deuda que la provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y que asciende a $ 62.000 millones a pagarse en 2024. Además, explicó algunas cuestiones del DNU que pueden impactar en la compra de insumos de salud.
“El gobernador anticipó que las decisiones respecto a la votación se tomarán una vez se realice un análisis detallado de las leyes, asegurando que ninguna ley que perjudique a Tucumán será respaldada por los representantes de la provincia”, dijo el diputado Yedlin. El bloque oficialista se reunirá hoy en el Congreso para rechazar el DNU, en un encuentro del que también participarían algunos gobernadores.
En diálogo con LA GACETA, Yedlin explicó que ese decreto, por su carácter de urgencia, no puede esperar hasta marzo para su tratamiento parlamentario. “A partir de Reyes en adelante, ese DNU puede ser tratado en tanto haya quórum para hacerlo. Sin embargo, está planteada la inconstitucionalidad, ya que no está dada la condición de necesidad como tampoco de urgencia en varios cambios expuestos”, indicó.
La reunión que Jaldo mantuvo en Tucumán con los representantes locales en el Congreso se replicó en Catamarca, donde el gobernador Raúl Jalil convocó a los parlamentarios de su provincia con el mismo fin. Mientras tanto, los senadores radicales presentarán en la Cámara Alta proyectos similares al DNU presidencial, frente a la posibilidad de que este último instrumento jurídico siga siendo resistido en el Congreso de la Nación.