“Se apunta a desviar el eje”, sostienen los movimientos sociales y grupos de izquierda

El proyecto de ley ómnibus incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas por los cortes de calle. Al punto que se pretende castigar con hasta tres años y medio de cárcel a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. De aprobarse, un piquetero puede tener un castigo de prisión efectiva. Además, sanciona a los organizadores y los hace responsables por los daños que pudieran producirse.

El dirigente de Somos-Barrios de Pie, Diego Giménez, se expresó preocupado por el avance que se propone contra las libertades individuales y que se pretenda legislar cambios en materia penal. Consideró que al poner el foco sobre la interrupción de la circulación se busca desviar el foco de lo que se reclama. “Se apunta a desviar el eje. Si vos estás en la ruta y hacés una olla popular, el solo hecho de que apunte contra el corte de calle y no el hambre desvía el eje. Tenemos que ser cautelosos. Si tenemos que manifestarnos en la vereda, lo haremos. Pero Tucumán no ha tenido esas acciones de represión”, expresó. Y añadió: “no nos amedrenta esta situación. Siempre buscamos el diálogo, no saldremos a chocar, pero no podemos quedarnos en la casa esperando que la gente se muera de hambre”.

El dirigente del Partido Obrero, Martín Correa, consideró que la modificación del Código Penal con respecto a las sanciones por movilizaciones o reuniones es “la creación de un virtual estado de sitio en Argentina”. “El Gobierno se arroga la potestad de decir quién se puede reunir y quién no, llegando hasta el ridículo de que la gente tiene que pedir autorización para reuniones de tres o más personas”, comentó. A la vez, cuestionó que el Estado pretenda avanzar con sanciones contra quienes manifiesten o protesten, al punto de pretender cobrar por los operativos policiales. “Es una absoluta ridiculez”, planteó.

El licenciado en Economía y ex candidato a gobernador consideró que el endurecimiento del Código Penal va absolutamente en contra de la Constitución y en línea de lo que implementó el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Consideró que la CGT y las organizaciones sociales deben implementar un plan de acción para voltear esta ley.

Santiago Camuña, referente del Frente de Organizaciones en Lucha en Tucumán, consideró que hay una intencionalidad de implementar más de 300 cambios para dispersar. Opinó que es una continuidad del decreto de necesidad y urgencia para favorecer cuestiones empresariales y romper acuerdos democráticos. “No sólo propone estas penas de prisión, sino que hay dos artículos que son un virtual estado de sitio. Evidentemente están viendo que el ajuste y todas las medidas que toman, lejos de ir contra la casta, van contra los movimientos populares”, dijo.

Camuña, a su vez, consideró que las determinaciones que se pretenden tomar son de un nivel de ataque insostenible. “No quiero ser alarmista, pero para mí vamos a un drama social sin precedentes. No veo que congelando salarios, subiendo la inflación, las tarifas, los colectivos no creo que se pueda sostener. Más tarde que temprano la gente se pondrá en contra y tendrán que dar una solución”, expuso.

La referente del Polo Obrero, Gabriela Gramajo, consideró que un paro general de la CGT es la única forma de frenar el estado permanente de excepción con el que Milei quiere gobernar. Opinó que con una lectura rápida al proyecto ómnibus se percibe el “peligro inmenso” que representa para las libertades públicas de Argentina. “De aprobarse entraríamos en una especie de estado de excepción permanente. La única manera de enfrentarlo es con un gran paro nacional como el comienzo de un gran plan de lucha”, manifestó.

La dirigente planteó que el “decretazo” ya negaba el derecho a huelga, pero expuso que con el proyecto se busca avanzar más. “Se endurece el Código Penal del artículo 194, que fue introducido por la dictadura de Onganía. Ahora acá se ponen penas más fuertes para la protesta social. En materia social se avanza nuevamente contra los jubilados, eliminando la movilidad previsional y estableciendo un régimen por decreto que, para un Gobierno de la motosierra, es evidente que va a ser para recortar las jubilaciones y no para aumentarlas”, reprochó.