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El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso abrió un frente de tensión con las provincias y Tucumán aparece entre las jurisdicciones más afectadas. El punto más sensible es la reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una modificación que, de aprobarse sin cambios, provocaría una fuerte caída en los recursos coparticipables que reciben los distritos.
De acuerdo con un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la merma total de recaudación ascendería este año a $3,1 billones, equivalente a 0,3 puntos del PBI. Más de la mitad de ese monto -unos $1,7 billones- se trasladaría automáticamente a las provincias por el esquema de Coparticipación Federal.
En el caso de Tucumán, la pérdida proyectada alcanza los $79.536 millones anuales, una cifra que impactaría de lleno en el financiamiento del funcionamiento del Estado provincial y en la prestación de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Un golpe directo a las finanzas provinciales
El informe advierte que, en promedio, las provincias dejarían de percibir $144.000 millones por mes durante el año. El recorte no sería uniforme: golpea con mayor fuerza a los distritos de mayor peso poblacional y económico, pero también afecta con dureza a provincias del NOA como Tucumán, Salta y Catamarca.
Mientras Buenos Aires lidera el ranking de pérdidas, con más de $366.000 millones anuales, Tucumán se ubica entre las jurisdicciones con mayor impacto relativo en relación a su presupuesto. La Provincia quedaría apenas por debajo de Chaco y Entre Ríos, y por encima de Mendoza y Salta.
Jaldo pone el freno y exige previsibilidad
Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el capítulo fiscal del proyecto es parte central de las negociaciones con la Nación. “Sobre la mesa están mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales”, afirmó.
“El proceso de reformas estructurales debe contemplar la realidad fiscal de las provincias y avanzar hacia un esquema equitativo que garantice previsibilidad financiera y promueva el desarrollo de las economías regionales”, remarcó el mandatario tucumano, alineándose con la postura que expresan otros gobernadores del Norte Grande.
Salta, Tucumán y Catamarca ya dejaron en claro que su acompañamiento legislativo estará condicionado a la incorporación de mecanismos de compensación por la pérdida de recursos coparticipables.
Ganancias, el nudo político de la reforma
La reducción del Impuesto a las Ganancias de las empresas se convirtió en uno de los principales obstáculos para que el oficialismo logre dictamen en comisión. Según el relevamiento de Michel, apenas el 1% de las sociedades explica más del 76% de la recaudación del impuesto, y solo 144 grandes empresas concentran el 56% del total.
Para 2026, el Presupuesto nacional prevé una recaudación por Ganancias de $48,4 billones, de los cuales el 71% corresponde a sociedades. Con la reforma laboral, ese componente se reduciría de $34,3 billones a $31,7 billones, explicando el impacto directo sobre la coparticipación.
“Se trata de una decisión de política fiscal que beneficia de manera concentrada a un grupo muy reducido de empresas y que tiene consecuencias directas sobre las provincias”, advirtió Michel, quien reclamó un análisis profundo del tema y cuestionó que se lo intente tratar como un punto menor dentro de la reforma laboral.
ATN, apoyos cruzados y una ecuación delicada
En el caso tucumano, el impacto negativo de la reforma convive con otro dato relevante: la Provincia fue la más beneficiada con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2025, con unos $35.000 millones recibidos. Sin embargo, esa asistencia no compensa la pérdida estructural que implicaría la baja de Ganancias.
En ese contexto, el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó las negociaciones con los gobernadores, consciente de que en el Senado -donde los legisladores responden directamente a los mandatarios provinciales- el respaldo al proyecto depende, en gran medida, de resolver el impacto fiscal.
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