Crisis del transporte: el municipio notifica por la reducción de los recorridos

Alrededor de una quincena de notificaciones envió la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a las empresas prestatarias del servicio de transporte urbano público de pasajeros a raíz de la reducción de servicios promovida por la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Sucedió el viernes cuando los inspectores de la Dirección de Transporte Público hicieron controles en distintos puntos de la ciudad. Las notificaciones enviadas constituyen el primer paso de las medidas que adoptará la intendenta, Rossana Chahla, en caso de que las concesionarias del servicio incumplan lo dictado por la ordenanza 400/79, que regula la actividad. “Se las envió para que (los propietarios de las firmas) tomen conocimiento que está prohibido llevar adelante las medidas como las que dispusieron so pena de aplicar las sanciones correspondientes”, indicó una fuente municipal.

Desde el viernes, las empresas representadas por Aetat comenzaron a brindar un “servicio de emergencia”, con una disminución de hasta el 70% en las frecuencias y la suspensión de choferes (con los descuentos en los haberes por las horas no trabajadas). A través de un comunicado, los directivos de la asociación explicaron que las empresas se encuentran “ante la imposibilidad de hacer frente al costo real del servicio público de transporte de pasajeros”.

Ayer, el personal municipal constató nuevamente las frecuencias con las que circula cada línea. En todos los casos, hubo corroboración de que esas empresas incumplían las normas vigentes. Es probable que mañana notifiquen de esos incumplimientos a cada compañía con el fin de que realicen sus descargos antes las autoridades. Posteriormente, correspondería la aplicación de sanciones.

Según el artículo 16, de la ordenanza 400/79, “las sociedades concesionarias del servicio no podrán reducir en ningún caso, sin previa autorización expresa del Departamento Ejecutivo, el número de unidades en circulación, acortar los recorridos, paralizar los servicios o introducir variantes que desvirtúen los fines de la concesión”. “La supresión del servicio sin autorización expresa por autoridad competente, salvo que fuera motivado por motivos de fuerza mayor debidamente justificada, hará pasibles a las sociedades adjudicatarias de sanciones que podrán llegar hasta la incautación de todas las unidades afectadas al servicio”, señala.

En la sede municipal hay convicción de que los empresarios también incumplieron lo regido por el artículo 18, que establece que los concesionarios están obligados a poner en conocimiento del Departamento Ejecutivo, en un plazo de 24 horas de los conflictos que se susciten con su personal, debiéndose informar las causas y antecedentes que motivaron el conflicto”.

Asimismo las partes podrán allanarse a aceptar las soluciones que proponga el Departamento Ejecutivo en interés del mantenimiento y continuidad del servicio, una disposición que tampoco se ejecutó con la decisión de Aetat.

Las multas por los incumplimientos están estipuladas en el artículo 51 de la ordenanza. “Sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder a las concesionarias prestadoras del servicio por infracciones al tránsito, y/o a las infracciones a las normas de la presente ordenanza, serán sancionadas con multas equivalentes a 2.000 a 100.000 veces el precio de venta al público del boleto de transporte urbano colectivo de pasajeros, vigente al momento del hecho, de acuerdo a la gravedad y/o a la reincidencia”.

El representante de Aetat, Luis García, confirmó que la medida de emergencia se aplicará por tiempo indeterminado. “Cada empresa lo hizo conforme a los coches y los ramales que tiene. Ya se está implementando”, había señalado al iniciarse la reducción de frecuencias.

Los empresarios esperan que, en el transcurso de la semana, las autoridades provinciales les concedan una audiencia, con el fin de buscar salidas al conflicto. Advirtieron que la medida puede extenderse hacia todos los servicios en la provincia.