Por Gustavo Rodríguez
01 Febrero 2024
MOMENTO DE DEFINICIONES. Los responsables de la Oficina de Gestión de Audiencia, que depende de la Corte, deberá resolver el planteo. La Gaceta / foto de Ines Quinteros Orio
Las amenazas que fueron atribuidas al narco Miguel “Miguelón” Figueroa y que estuvieron dirigidas a testigos y a dos fiscales generó un escenario impensado. El Ministerio Público Fiscal solicitó la suspensión de los debates en contra del acusado de tres homicidios e inició una investigación para determinar la responsabilidad del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y del director del penal Antonio Quinteros. El gobernador Osvaldo Jaldo, que está en Buenos Aires, emitió una frase definitoria: “este mandatario no va a permitir debilidad de los poderes ante los narcotraficantes y la delincuencia”.
LA GACETA publicó en su edición de ayer un informe que daba cuenta del posteo que habría realizado “Miguelón” en su cuenta de Instagram. El mensaje en cuestión comienza con una pregunta que le habría realizado un integrante de su banda. “¿Les hace falta una visita a los de la porotiada? Lluvia de verano (agregó con un emoticón de risas)”, se puede leer. El líder del clan Figueroa le respondió: “¿Te imaginás si me condenan a perpetua? Tormenta de verano, de invierno, primavera… Todo va a ser el 2024 (más caritas riéndose a carcajadas)”. El posteo finalizó: “saquen captura y que vayan a llorarle al hijo de mil puta del fiscal y a los del Ministerio Público Fiscal… Inventores de mierda. Se van a arrastrar como víboras”.
Esa publicación se concretó a días de que comenzara el juicio por un doble crimen en el que fueron asesinados Héctor Gabriel Amaya (33) y Leonardo Sepúlveda (26). El ataque habría formado parte de un cruento plan de venganza que habría sido ideado por “Miguelón”. El fiscal Carlos Sale, que llevó adelante la investigación del caso, ya había anticipado que solicitaría que le dictaran la prisión perpetua. Misma pena anunció que pediría el fiscal Ignacio López Bustos por el crimen de Ramiro Exequiel Ledesma, en un juicio que debería iniciarse el 26 de febrero.
Reacciones
Las primeras reacciones se registraron ayer a la madrugada, cuando tomó estado público la existencia de las amenazas. Ordenado por el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se diagramó un operativo de prevención en Villa 9 de Julio, bastión del clan Figueroa. Fuentes oficiales confirmaron que fueron detenidas 22 personas por contravenciones. “Le marcamos la cancha”, dijo uno de los responsables del operativo.
Por la mañana, el ministro Agüero Gamboa se comunicó con los damnificados para informarles que tenían una custodia a su disposición, pero no trascendió si aceptaron o rechazaron el ofrecimiento. Sí se dispusieron las consignas en los domicilios de los considerados testigos claves en el primer juicio. También se tomaron medidas especiales con un joven que se encuentra detenido en la seccional 6ª. No sólo está siendo vigilado las 24 horas, sino que además será trasladado a un lugar secreto.
El ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, prefirió no hacer declaraciones sobre las amenazas, pero actuó. Por ejemplo, a través de sus voceros informó que había solicitado la suspensión de ambos debates por falta de seguridad.
En la Corte Suprema de Justicia se consideraba que podría darse esa situación por cuestiones logísticas que tenían que ver con el sistema de protección para todas las partes que participarán del primer debate contra Figueroa, pero pasado el mediodía de ayer, se enteraron del planteo de suspensión realizado por el Ministerio Público. Ahora, la Oficina de Gestión de Audiencia determinará si acepta el planteo de los acusadores.
El Poder Legislativo, la Asociación de Magistrados de Tucumán y los colegios de profesionales, hasta el cierre de esta edición, no expresaron su opinión sobre el mensaje intimidatorio y, mucho menos, brindaron apoyo a los funcionarios y testigos que sufrieron estas amenazas.
Investigación
El Ministerio Público fue más allá. Impulsó una causa para investigar el caso. El expediente fue abierto por el fiscal de feria López Bustos al recibir una denuncia de una mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad. La testigo dijo que estaba siendo amenazada por “Miguelón” para que no declare en su contra. Sus dichos fueron acompañados por capturas de pantallas donde se podían leer una serie de amenazas en contra de los funcionarios del MPF.
Ante esta situación y tal como lo estipulan las normas procesales, el caso pasó a manos del fiscal Regional que está siendo subrogado por la fiscal Estela Giffoniello hasta mañana, cuando se reintegre a su puesto de trabajo su titular, Fernando Blanno. El investigador deberá establecer las razones por las que el recluso tenía un celular en su poder con el que realizaba las intimidaciones. “Él llegó hace seis meses al penal y no sólo está lleno de privilegios, sino que además promete plomo a todo el mundo que llegue a complicarlo”, habría declarado la testigo cuando fue citada por la Justicia.
Por ese motivo, se abrió una investigación en contra del ministro Agüero Gamboa y Quinteros por incumplimiento a los deberes de funcionario público. ¿Motivos? Habrían fallado en su función de controlar a los detenidos. Ambos funcionarios ya fueron notificados sobre el proceso judicial que se les inició.
Ayer también circuló una versión. Una mujer que forma parte del plantel del Servicio Penitenciario mantendría una relación sentimental con “Miguelón” y podría haber sido ella la que le facilitó el celular.
Al circular esa información, ya se habría iniciado una investigación interna para confirmar o descartar ese dato.
Jaldo mostró su malestar: “No voy a permitir debilidad de ninguno de los tres poderes ante los narcos y la delincuencia”
“Dos cosas me gustaría decir. La primera, es que el ministro de Seguridad, (Eugenio) Agüero Gamboa, tiene todo el respaldo por la tarea que viene realizando. La segunda: este gobernador no va a permitir debilidad de ninguno de los tres poderes del Estado ante los narcos y la delincuencia en general”, sostuvo Osvaldo Jaldo en una entrevista telefónica con LA GACETA.
El titular del Poder Ejecutivo demostró estar muy interiorizado sobre el caso de la amenaza que habrían recibido testigos y los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos. “Soy muy respetuoso de la división de poderes, pero no comparto la idea de que se suspenda este juicio por una amenaza. Están dadas todas las garantías para que se realice y, si es necesario, se pueden tomar más”, añadió.
El dirigente agregó: “los que hemos asumido la responsabilidad de estar al frente de un cargo, debemos tener la valentía suficiente para afrontar nuestras obligaciones. Si no pueden hacerlo, deben irse a sus casas”.
“Todos estamos expuestos a sufrir amenazas, inclusive el gobernador. Pero sepan los tucumanos que desde mi puesto voy a ejercer el poder y hacer cumplir la constitución. Espero que los representantes de los otros poderes hagan lo mismo porque deben cumplir el rol que constitucionalmente les corresponde. No podemos dar ni un paso atrás ante este tipo de situaciones, sino que debemos acelerar los tiempos”, finalizó con tono firme.
Desmentida: “Figueroa no realizó ninguna amenaza y pide que le analicen el celular”
“Mi asistido desmintió haber realizado cualquier tipo de amenaza o acto intimidatorio en contra de testigos y muchos, en contra de los dos fiscales que los están acusando”, señaló Macario Santamarina, defensor de Miguel “Miguelón” Figueroa.
“Está dispuesto a entregar su celular para que sea peritado por los especialistas que quieran”, agregó el profesional.
Santamarina indicó además que no es cierto que “Miguelón” haya tenido un celular de manera irregular. “Él, como los otros internos, tienen un horario para manejar un teléfono que está al cuidado del personal del servicio penitenciario”, añadió. Santamarina también desmintió que el acusado esté ligado sentimentalmente a una persona que trabaja en el Servicio Penitenciario.
Control en las cárceles: en Tucumán no se podrá aplicar el protocolo que ideó Bullrich
“Protocolo de gestión para presos de alto riesgo” es el nombre que le impuso la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich al plan para frenar el accionar de los narcos que están detenidos y que fue presentado el mismo día que se conoció la amenaza que habría realizado Miguel “Miguelón” Figueroa en contra de testigos y de dos fiscales. Pero ese plan no se podrá aplicar en Tucumán, ya que la provincia no cuenta con una cárcel federal. La medida, que viene siendo reclamado desde hace años por los funcionarios de la Justicia Federal, se aplicará en las prisiones nacionales que hay en Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. En Tucumán, los presos por causas federales conviven con los procesados o condenados por la justicia ordinaria. Estaba contemplado que en el nuevo penal de Benjamín Paz haya un lugar para albergar a estos presos, pero la obra está atrasada y poco se pudo avanzar.
“Las autoridades nacionales han recibido muy bien nuestro pedido para que lleguen más fondos para esta obra. Esperamos que en los próximos días haya novedades”, comentó el gobernador Osvaldo Jaldo en una entrevista telefónica con LA GACETA.
El protocolo se creó para vigilar y controlar a los denominados presos de alto riesgo, internos con la capacidad de fugarse, dirigir actividades criminales desde adentro de los penales, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos. Ese programa consiste en la creación de un grupo especial de integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que se ocupará del control de esos reclusos, el monitoreo constante de los narcos detenidos, la privación de las comunicaciones por vía de teléfonos celulares, llamados unidireccionales limitados, la instalación de cámaras de reconocimiento facial, sensores infrarrojos, escáneres de cuerpo completo -full body-, detectores de metales y el aumento de las requisas en los pabellones.
“Asumí el compromiso de ir detrás de las mafias. Los argentinos necesitamos paz. Empezamos a dar vuelta el status quo y poner el orden como premisa. Lo hacemos en las calles, con el narcotráfico e intramuros”, sostuvo la ministra Bullrich.
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