Debería, la palabra que se puso de moda en enero

Tres casos hicieron detonar la tranquilidad de una feria judicial que no tuvo mayores sobresaltos. Bajaron los homicidios, pero muchos tucumanos se escandalizaron (con razón) por la venta de mercadería que Desarrollo Social destina a los más necesitados. Los choferes de Uber Moto, un servicio que sigue siendo ilegal en Tucumán, no sólo denunciaron un incremento de robos, sino que informaron que cuentan con un grupo que se encarga de hacer la tarea de la Policía y la Justicia. Por último, en un hecho que no tiene precedentes en la provincia, un supuesto narco amenazó a testigos y fiscales días antes de que se iniciara el primero de los dos juicios en su contra.

La tarea que desarrolló el fiscal Ignacio López Bustos por la venta ilegal de víveres, en menos de un mes, está bien direccionada. Ya tiene un circuito que seguramente generará más escándalo. Desarrollo Social compraba (según los valores de diciembre) unos $600 millones en alimentos no perecederos. Los proveedores se presentaban en la empresa Hacha de Piedra y dejaban los productos. Luego, personal del ministerio labraba órdenes para que más del 50% de los destinatarios (especialmente organizaciones civiles y sociales) las retiraran del lugar con sólo una nota. Ahí cree el investigador que se descubrirán las irregularidades. Según consta en el expediente, el Estado que debería haber realizado un control en todo este procedimiento, estuvo ausente. Por ese motivo, quedaron al descubierto dos situaciones: Marcos Soria, uno de los procesados en la causa y vinculado a Emiliano Vargas Aignasse, retiraba los alimentos de una cooperativa a la que no pertenecía. A otro hombre que se le inició un expediente, utilizaba una camioneta de U$S30.000 para comercializar los alimentos en ¡plena calle!

Reyes de las calles

La inseguridad expuso un caso con dos polémicas aristas. Pese a que están actuando fuera de la Ley, en nuestra provincia existen unos 4.000 Uber Moto. La cifra es impactante porque representa casi el 50% del total de taxis que están habilitados a funcionar en toda la provincia. Otro punto: es una prueba más de que el servicio de esta aplicación está creciendo a pasos agigantados en Tucumán. YPF y varios bancos ofrecen importantes descuentos a sus clientes si utilizan este sistema. Este debería ser el momento de hacer tres preguntas:

- ¿No es hora de que nuestros dirigentes se sienten a debatir si se debe aprobar o no este sistema que ya es usado por una gran parte de la población?

- ¿Cómo pueden tomarse medidas extras de protección a los trabajadores de un servicio público de transporte que es ilegal en la provincia?

- ¿Por qué casi el 30% de los taxistas, que se oponen a su implementación, la usan como una herramienta más para sumar viajes?

- ¿El usuario, que tiene derecho a elegir el servicio que quiera, quedó preso de los dirigentes que pareciera no conocer lo que está pasando?

Los choferes de Uber Moto y los cadetes se han organizado y cuentan con un grupo que se encarga de buscar las motos que robaron a sus compañeros. Hasta cuentan con un mapa de zonas rojas que elaboran con los hechos de inseguridad que sufren. Otra pregunta: ¿no deberían presentarlos a la Policía y a la Justicia para que ellos tomen cartas en el asunto? No, actúan por cuenta propia. “No nos queda otra que jugarnos la vida para recuperar las motos”, reconoció César Centto, vocero del grupo. El jefe de Policía Joaquín Girveau advirtió: “no vamos a permitir que pretendan hacer justicia por mano propia. Tienen todos los canales legales para denunciar y, con los fiscales, actuaremos. No vamos a permitir que haya actitudes como la que tuvieron los choferes de la remisería Cinco Estrellas”.

A principios de esta semana, en la esquina de avenida Siria y Chile, un colectivo chocó contra el rodado de un cadete. Cuentan los vecinos que en cuestión de minutos, llegaron al lugar una decena de compañeros del motociclista. “Ni le preguntaron cómo estaba, directamente fueron a atacar al chofer. Los pasajeros y vecinos lo salvaron de que recibiera una golpiza, pero lo mismo rompieron la ventanilla del conductor”, relató angustiada María Fernanda Martínez, testigo de un episodio similar a los que estuvieron acostumbrados a observar los tucumanos en los 90.

Mensajes

Miguel “Miguelón” Figueroa está preso acusado de tres homicidios y sospechado de ser uno de los narcos más importantes de la provincia. Debería contar con una vigilancia y control especial por su peligrosidad y porque en un mes podría hacer historia al ser el primer tucumano que reciba tres cadenas perpetuas por los delitos que cometió. Sin embargo, es señalado como el autor de las amenazas a los testigos y a los fiscales que intervendrán en los procesos en su contra.

Es un hecho sin antecedentes en la historia judicial de la provincia. Debería haber generado la reacción inmediata de todos. Pero nada de eso ocurrió. Sólo hubo un pedido de suspensión de los debates por cuestiones de seguridad y el inicio de una investigación en contra del ministro del área Eugenio Agüero Gamboa y del director del Servicio Penitenciario Antonio Quinteros por supuestas fallas en el control de la detención de Figueroa. Las organizaciones que supuestamente deben velar por los operadores judiciales tardaron dos días en reaccionar. Los poderes Judicial y Legislativo no emitieron ninguna condena por este ataque intimidatorio. El silencio también es el principal aliado de los narcos. Pasó en Rosario, puede suceder en Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo sí habló. Sabía que no podía quedarse callado ante semejante ataque y logró en cuestión de horas alinear a la tropa. Después de muchas idas y vueltas, el juicio comenzará el lunes, tal como estaba previsto. “Los que hemos asumido la responsabilidad de estar al frente de un cargo, debemos tener la valentía suficiente para afrontar nuestras obligaciones. Si no pueden hacerlo, deben irse a sus casas”, disparó el titular del Poder Ejecutivo. Detrás de esas palabras hay un mensaje que debería poner en alerta a varios funcionarios, especialmente a los de la Justicia que ya están en edad de jubilarse. Los tucumanos también deberían pensar si es bueno vivir presos de la ilegalidad.