Después del duro revés que sufrió durante el tratamiento particular de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", la administración del presidente Javier Milei definirá en las próximas horas si extenderá hasta fin de mes el período de sesiones extraordinarias.
En el oficialismo, el debate se centra ya no en las posibilidades de la ley ómnibus y en la Cámara de Diputados sino para aprobar en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según consignó un artículo del sitio Infobae, las sesiones extraordinarias culminan este jueves 15 de febrero por lo que el Gobierno tiene tres días para terminar de definir si las extiende o no, pero la intención es hacerlo para poder avanzar exclusivamente con este tema porque la Casa Rosada quiere tenerlo aprobado antes de que lleguen las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visita programada para principios de marzo para evaluar a la Argentina.
La iniciativa logró dictamen de la comisión de la Cámara alta con el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), PRO, el radicalismo, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Cambio Federal.
Por su parte, los legisladores del interbloque de Unión por la Patria (UxP)se negaron a acompañar el dictamen a pesar de que la norma fue impulsada y formó parte del acuerdo que suscribió Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que cuando obtuvo media sanción de Diputados, lo hizo con los votos de lo que en ese momento se llamaba Frente de Todos (FdT).
La idea de la LLA es sesionar el próximo 23 de febrero aprovechando que ese día se deberá realizar la sesión preparatoria establecida por reglamento en donde se tienen que refrendar las autoridades y el bloque de Unión por la Patria propondrá a uno de sus legisladores para la vicepresidencia primera de la cámara.
El problema es que hasta ahora el recinto del Senado está cerrado frente a la insistencia del bloque de UxP de abrirlo para que se debata sobre el DNU 70/2023, el documento que desregula la economía eliminando más de 300 leyes y modificando otras tantas.
El kirchnerismo tiene 33 votos y en las últimas horas habrían sumado otros tres de los bloques provinciales como consecuencia de la arremetida de Milei contra los gobernadores.
Maniobra riesgosa
En el oficialismo tienen conciencia del riesgo que esto significa y es por eso que en las últimas horas Victoria Villarruel mantuvo encuentros con referentes del resto de los bloques para sondear el estado de situación. Aseguran que de esos encuentros la Presidenta del Senado se llevó el compromiso de bloquear cualquier intento del kirchnerismo de avanzar con el tema en el recinto.
Por el lado del interbloque que conduce el formoseño José Mayans, mañana habrá una reunión para definir los pasos a seguir frente a la negativa de Villarruel al segundo pedido de abrir el recinto para tratar el DNU.