Por Matías Auad
14 Febrero 2024
EL ACUSADO. El imputado Mateo Galván y su defensor Juan Peñaloza Costilla en una audiencia anterior.
Para quienes solían realizar falsas amenazas de bomba, el 2023 marcó un antes y un después. Dejaron de ser consideradas una broma y la Justicia las empezó a investigar. Mañana, uno de los más de 150 expedientes abiertos en el Ministerio Público Fiscal llegará a juicio oral y público. Con una particularidad: el acusado es un policía.
“Es probablemente el primer juicio de este tipo en Argentina. Hemos buscado jurisprudencia y no hemos encontrado ni juicios orales ni condenas por amenazas de bomba en todo el país”, dijo a LA GACETA el titular de la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad Carlos Saltor.
El imputado, Mateo Galván, 21 años, será enjuiciado por el delito de intimidación pública en perjuicio de la Secretaría de Trabajo. La pretensión punitiva de la fiscalía es de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque podría agravarse o atenuarse según los datos que surjan en el juicio.
El caso
Según la acusación que sostiene Saltor, el 28 de julio de 2023 a las 08.02, el agente policial se comunicó de forma anónima a través de la línea de la cual es titular al teléfono de esa dependencia estatal ubicada en Crisóstomo Álvarez 158. Lo hizo mientras estaba trabajando como PTP (Personal Transitorio Policial) en Moreno y Crisóstomo Álvarez.
“Van a tener novedades, si pueden salir porque acaban de poner una bomba y en 15 minutos no tendría que haber nadie”, es lo que habría dicho.
Posteriormente, el empleado que recibió la llamada Ricardo González, avisó a las autoridades y se activó el operativo de seguridad que implicó el desplazamiento de policías y bomberos y la evacuación del edificio.
“Había muchas audiencias agendadas para ese día que no se pudieron realizar. La gran duda que quizá se logre develar en el juicio es cuál fue la motivación de hacer esa amenaza de bomba. Si era que no se realicen las audiencias u otra motivación que todavía no sabemos porque el imputado no lo dijo ni lo hemos logrado descubrir”, dijo Saltor.
LA GACETA se comunicó con el defensor de Galván, Juan Peñaloza Costilla, pero su postura es no realizar declaraciones a la prensa antes del juicio.
Está previsto que las audiencias se desarrollen desde mañana hasta el viernes. Habrá nueve testigos. Entre ellos hay policías que intervinieron en el desalojo, técnicos que analizaron las llamadas y personal de la Secretaría de Trabajo. El tribunal unipersonal estará a cargo del magistrado Guillermo Taylor.
Amenazas de bomba
Es la primera causa de todas las que se abrieron el año pasado que llega a juicio oral. Otros expedientes se resolvieron con salidas alternativas cuando las investigaciones llevaban a concluir que quienes habían realizado las amenazas eran estudiantes con los teléfonos de los padres. “La diferencia con otras causas es que el imputado es un policía que además llamó durante su horario de trabajo. Nos parece delicado que en la persona que se confía para dar seguridad sea precisamente la que genera un hecho de inseguridad”, fundamentó.
El 26 de octubre del año pasado, la Justicia dispuso la prisión preventiva por 15 días para Galván. El 10 de noviembre, la fiscalía pidió una prórroga por 30 días y el juez Lucas Taboada hizo lugar parcialmente, así que dispuso una prórroga por 7 días. Luego quedó en libertad a cambio de medidas de menor intensidad, como no obstaculizar la investigación y la obligación de mantener el domicilio. Finalmente, el 19 de diciembre se realizó la audiencia en la que se hizo lugar a la apertura a juicio, paso previo a la realización del debate.
Las amenazas por llamadas y mails empezaron a llegar a escuelas y colegios de la provincia de forma aislada en abril, pero se multiplicaron en agosto. Ese mes hubo 79 reportes de denuncias en 31 días, según consta en registros policiales.
Situación: el acusado dejó de prestar servicio desde que fue procesado
“Sólo falta una firma para que esta persona deje de pertenecer a la fuerza. Desde que fue procesado fue separado, queda que se lo expulse”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau. Mateo Galván, en el momento de su detención, prestaba servicios en Distrito Urbano y tenía el cargo de Personal Transitorio Policial. “Ese estado es como un período de prueba y tiene una duración de dos años aproximadamente. No pueden ser imputados de ningún tipo de delito doloso en ese tiempo. Si llegaran a cometer uno, inmediatamente se le inicia un sumario que finaliza con su expulsión de la fuerza”, finalizó Girveau.
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