¿”Justicieros” o simples homicidas?

Andrés Sauma es un comerciante que el 14 de abril de 2023 mató de un balazo a un joven que había ingresado a su propiedad a robar. A más de 10 meses de ese homicidio, el carnicero comenzará a ser juzgado hoy por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Si se mantiene la acusación de la fiscalía y el juez Gonzalo Ortega la avala, será condenado a 11 años de prisión. El imputado hoy lamenta haber gatillado la pistola con la que le arrebató la vida al joven de 21 años. “No estoy en condiciones de darle consejos a nadie, pero ahora puedo decirles que piensen dos veces antes de tomar una decisión. Con todo lo que he vivido en estos meses, puedo decir que me mandé una macana por no haber pensado las consecuencias”, le dijo a LA GACETA en una entrevista exclusiva que se publicó ayer.

Pareciera que en esta provincia pocos piensan en las consecuencias. Desde hace años, como en todo el país, la inseguridad se adueñó de las calles. Es indudable que el hartazgo de gran parte de los ciudadanos alimentó los casos de la mal llamada “justicia por mano propia”. En Tucumán el panorama es mucho más grave por un hecho histórico. En diciembre de 2013, por una huelga de policías, el Gran San Miguel de Tucumán quedó en manos de hordas de personas que se apoderaron de todo lo que encontraban a su paso. Muchos recuerdan las barricadas en las esquinas o de los vecinos armados hasta los dientes para frenar a los delincuentes. Esa señal nunca fue advertida por los funcionarios ni por la justicia. Recién ahora (¡11 años después!) los autores de la protesta están siendo juzgados. Nunca se supo cuántos saqueadores fueron condenados, pero lo más probable es que no hayan afrontado un tribunal.

En estas tierras se registraron los primeros “linchamientos” civiles de presuntos ladrones (y se usa esa palabra porque son inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario) que fueron rápidamente viralizados en todo el país. Tucumán también fue escenario de un hecho casi inédito en la historia policial argentina. José “Culón” Guaymás, el acusado de haber abusado y asesinado a la niña Abigaíl Riquel, fue ultimado y hasta empalado por una horda de vecinos en octubre de 2020 que lo encontró oculto en el sur de la capital. Nunca se supo quiénes fueron los autores de su muerte y la causa se terminó archivando. El aberrante crimen, con la muerte del único sospechoso, quedó impune. La “novedad” de este 2024 es la confirmación de la existencia de un grupo de cadetes y de choferes de Uber Moto (actividad ilegal en nuestra provincia) que busca a los asaltantes que le robaron la moto a uno de sus colegas.

La ley es la ley

“No se puede andar por la vida disparando y matando gente, la justicia por mano propia es algo que tiene siglos de superación, pensar lo contrario es retroceder”, reflexionó el abogado penalista Patricio Char. “En Argentina tenemos el defecto de mirar quién es el autor y juzgarlo por lo que tiene y no por lo que hizo. Tribunales penales es un desfile de pobres, nunca vi un político”, añadió el profesional en una charla con colegas.

El artículo 34 del Código Penal es claro y contundente. Las leyes eximen de responsabilidad penal a la persona que “obrare en defensa propia, o de sus derechos o la de terceros”. Pero para que ello ocurra se deben dar las siguientes circunstancias:

A- Agresión ilegítima.

B- Necesidad racional medio empleado para impedirla o repelerla.

C- Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Además, también contempla que “se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente, respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia”.

Criterios

La ley es clara, el problema es que no siempre se aplican los mismos criterios. Así lo entendió el abogado Javier Lobo Aragón, defensor de Sauma. “Hace una semana, la provincia fue noticia a nivel nacional por el caso de la mujer de 77 años que mató a un joven que caminaba por la calle y que supuestamente pensaba asaltarla. A la señora ni siquiera le formularon cargos. Mi defendido, que es un laburante de toda la vida, que sorprendió a extraños dentro de su propiedad, está a punto de ser enjuiciado”, finalizó.

En 2023 se registraron en nuestra provincia 12 casos de la mal llamada justicia por mano propia en la que perdieron la vida 13 acusados de cometer robos. Apenas el 50% de los autores de estas muertes fueron procesados por la Justicia. En todos los casos se entendió que los autores de esos homicidios se defendieron legalmente, sin importar que las víctimas no estaban armados o no atacaron a sus víctimas, pero sí ingresaron a propiedades privadas.

Hay un factor común entre todos los que terminaron procesados penalmente: fueron a buscar a sus victimarios inmediatamente o después de haber sufrido el robo. Ese parecería ser el criterio que domina en el Poder Judicial. Lo que sí está claro es que no hay una persecución penal para aquellos que usaron un arma ilegal para acabar con la vida de un supuesto ladrón. Así es difícil que el mensaje llegue.

“Si en Río Seco un joven fue ultimado por robar un inodoro, no me quiero imaginar lo que le debería pasar a toda la gente que levanta algo que no es suyo. Hasta evadir un impuesto es más dañino que el robo de un sanitario. Hay que pensar las cosas, la sociedad está confundida”, sostuvo Char. Esa confusión no sólo impide medir las consecuencias, sino que genera una presión muy fuerte hacia los operadores judiciales que deben garantizar la correcta administración de justicia. Por eso los abogados defensores son considerados cómplices de la delincuencia o son catalogados como inoperantes y hasta corruptos los fiscales que acusan y los jueces que condenan a las personas que se excedieron en defenderse.

Pese a que nadie lo dijo, en el Poder Judicial se percibió cierto alivio al no haber prosperado la Ley Ómnibus. En ese paquete se planteaba la modificación del artículo que habla de la legítima defensa. Los especialistas consideraban que si se llegaba a aprobar esa norma, el panorama sería mucho más complicado que la dura realidad que se vive en estos días. Como siempre se cansó de repetir la ex fiscala Adriana Giannoni: “en este país no hacen falta más leyes, sino que se hagan cumplir las que existen”.