Caso Sauma: buscan una solución alternativa

La familia del supuesto asaltante asesinado aceptará que el acusado reciba una pena menor si recibe reparación económica.

TEMA RESUELTO. Carlos Sale, representante del Ministerio Público, adelanto a un familiar de la víctima que no aceptará ningún acuerdo. TEMA RESUELTO. Carlos Sale, representante del Ministerio Público, adelanto a un familiar de la víctima que no aceptará ningún acuerdo. La Gaceta / foto de Juan Pablo Sánchez Noli

Los casos polémicos, normalmente, tienen un desarrollo y un final del mismo tenor. Eso es lo que está sucediendo en tribunales por la causa en la que un comerciante está acusado de matar a un supuesto ladrón. Tanto la defensa como la querella tienen intenciones de cerrar el expediente a través de un juicio abreviado, pero el fiscal Carlos Sale se opone.

El 14 de abril de 2023, el carnicero Andrés Sauma dormía con su mujer en su casa. A la madrugada, recibió el llamado de un vecino que le avisó que desconocidos habían ingresado a la vivienda de Pasaje Morante al 2.300 (altura de avenida Colón al 1.100) que había adquirido y que estaba acondicionando para mudarse. Se levantó y con su pareja fueron hasta ese lugar en una camioneta. Llegó y por el portón trató de ver qué estaba ocurriendo. Golpeó con fuerza la chapa para que los invasores de su propiedad se fueran.

Según la investigación, Sauma realizó al menos cuatro disparos, uno de los cuales impactó en el cuerpo de Maximiliano Fernández, que murió en el acto. El fiscal Sale, en un primer momento, decidió acusarlo de homicidio culposo. Pero al recibir los primeros informes policiales, decidió agravar la acusación a homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El auxiliar fiscal Miguel Fernández, había anticipado que pediría que se le dicte una pena de 11 años, condena compartida por los querellantes Patricio Char y Agustina Recalde. El defensor Javier Lobo Aragón, en tanto, dijo que pediría que se lo absuelva o, en su defecto, que reciba una condena condicional por haberse excedido en defenderse, con lo que recibiría una condena condicional.

En menos de 48 horas se produjeron importantes novedades. Primero se decidió postergar el inicio del juicio en contra del comerciante por un problema de agenda del abogado querellante. El hermano de la víctima Lucas Fernández se presentó ayer ante el fiscal Sale para solicitar que el expediente se cierre a través de un juicio abreviado. “El principal argumento que esgrimió fue económico. Dijo que el acusado había aceptado realizar una reparación económica si es que llegaban a un acuerdo”, explicó una fuente de tribunales.

LA GACETA habló con el hermano de la víctima para tratar de confirmar esa versión. “La única manera que cuente los detalles es si estoy con mi abogado”, indicó Lucas Fernández. Char, por su parte, no sólo confirmó la existencia de esa reunión, sino que además indicó que están avanzando en la negociación para tratar de llegar a un acuerdo con el imputado.

En principio, la querella aceptaría que Sauma se declarase culpable al haberse excedido en su derecho de defenderse a cambio de una reparación económica cuyo monto hasta el momento no trascendió. Lobo Aragón, que buscaba que absuelva o lo penen por ese delito, señaló que aceptará la propuesta. El problema radica que Sale no está dispuesto a hacerlo y que seguirá buscando que se desarrolle el juicio oral.

“Si todo pasa por una cuestión económica, la familia de la víctima podría haber asumido el rol de actor civil para que con el fallo del juicio se resuelvan sus pretensiones. Además, tiene otra posibilidad de actuar en el fuero civil si es que el imputado llega a ser condenado”, comentó una fuente de la fiscalía.

“Si las dos partes comparten el interés de solucionar el conflicto de manera privada, el Estado no debería impedirlo. El nuevo código procesal de la provincia brinda esa posibilidad, pero no se las está aplicando”, opinó Char. Lobo Aragón coincidió con su par y añadió: “lo que se busca en este sistema es que todas las partes consigan un resultado satisfactorio a sus pretensiones. Y esta salida lo es. Esperemos que la fiscalía recapacite”, indicó.

Legalmente, el acuerdo de un juicio abreviado debe ser acordado por todas las partes, pero al ser el Ministerio Público el titular de la acción penal, es el que tiene la última palabra. Si se firma un convenio, un juez de garantías tiene la potestad de convalidarlo o rechazarlo. En principio, el plazo del acuerdo es antes que se acepte la elevación a juicio de la causa, pero hay antecedentes de que se llegó a una solución alternativa después de que se haya superado esa etapa procesal.

Las próximas 48 horas serán fundamentales para determinar qué sucederá. En la audiencia del viernes se definirá todo.

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