Por Gustavo Rodríguez
02 Marzo 2024
UNA CAUSA VISAGRA. Tres policías y un civil fueron detenidos por secuestrar al allegado de un supuesto transa. Ellos y otro más fueron condenados.
Los juristas sostienen que la declaración como imputado es la mejor arma que tienen los acusados para defenderse. Pero también puede ser una usina de líneas de investigación. Eso es lo que sucedió con la declaración que hicieron los dos policías detenidos por secuestro extorsivo. No sólo dejaron abierta la puerta para que se relacione este caso con otros, sino que además se afianza la teoría de que habrían contado con la colaboración de superiores.
El viernes 23 de febrero, una mujer denunció telefónicamente a la seccional 11° que su hijo había sido llevado a la fuerza por cuatro efectivos. Los uniformados de esa dependencia se movilizaron rápidamente. Confirmaron la versión y establecieron lo que había ocurrido. El joven, que se dedicaría a la venta de flores de marihuana y que tiene abierta una causa por esta actividad, fue trasladado hasta la Jefatura de Zona 3, al sur de la ciudad. Se comunicaron con la mujer y le exigieron la entrega de $400.000 para liberar a la víctima. Lo hicieron después de recibir un pago de $240.000.
Los efectivos presentaron las actuaciones al fiscal federal Agustín Chit el sábado. Al día siguiente, fueron detenidos un oficial principal y un suboficial y aún quedan detener a dos sospechosos más.
IN FRAGANTI. Los policías en el interior de la casa de Famaillá.
Los dos acusados ya fueron indagados. Su versión sobre el hecho es, al menos, singular. Estos habrían sido los puntos más fuertes de sus dichos:
1- Dijeron que ese día, junto a otro efectivo y una persona a la que no pudieron identificar, fueron hasta el lugar donde les había indicado el desconocido.
2- Al llegar a esa vivienda, descubrieron que ese hombre fue a comprar flores de marihuana.
3- Al producirse una discusión entre comprador y vendedor, decidieron actuar y aprehender a ambos. Luego, los llevaron a las oficinas de la Jefatura de Zona 3.
4- En esa dependencia, según habrían explicado, buscaron solucionar el problema entre particulares. Por ello solicitaron a la madre que entregara esa suma de dinero al comprador para cerrar el conflicto.
Los dichos de los acusados estuvieron cargados de preguntas. Entre ellos:
- Por qué no avisaron a sus superiores ni a las autoridades judiciales del procedimiento.
- Por qué llevaron a los “demorados” a la Jefatura de Zona 3 y no a la seccional jurisdiccional.
- Por qué decidieron resolver el “conflicto entre particulares” si no tienen autoridad para hacerlo.
- Por qué actuó el oficial que estaba de licencia por vacaciones.
- Por qué el suboficial intervino si su horario laboral era de 7 a 15.
Similitudes
El 19 de febrero de 2022, cinco policías uniformados se presentaron en el domicilio de un supuesto transa de Famaillá y le robaron $20.000. La Justicia determinó que se trataba de un robo y por ese delito condenó a Bruno Ciolfo, Martín Romano y Gustavo Fernández, pero nunca se logró identificar a los dos integrantes de la banda.
Sin embargo, durante el debate quedó en claro que ese hecho era mucho más que un robo. En realidad, con los dichos de los efectivos, se planteó la posibilidad de que en realidad los acusados habrían intentado secuestrar al dueño de la vivienda o bien, quedarse con la droga que comercializaba.
PRUEBA. Los elementos secuestrados a la banda de “narcopolicías”.
“Me habló Ciolfo para preguntarme si quería participar en el ataque a Nasif, el transa de Famaillá, para sacarle droga o dinero. Acepté el ofrecimiento y después me arrepentí. Fui su compañero en la Escuela Técnica de Lules y conozco lo que él hace”, declaró Fernández, señalado como el entregador de la víctima.
“A mí me habló Fernández para decirme que un transa conocido de Famaillá tenía droga y que hiciéramos un allanamiento sin autorización judicial para secuestrarla y hacer un bien a la sociedad”, declaró Ciolfo. “No puedo ayudar más para que se resuelva este caso porque estoy amenazado”, añadió.
Durante el juicio, se ventiló que uno de los acusados trabajaba para Miguel “Miguelón” Figueroa, al que consideró como uno de los narcos más importantes de la provincia. También señaló que el ahora enjuiciado brindaba información para que robaran droga o “detuvieran” a personas vinculadas en esta actividad.
Más contactos
El caso de Famaillá quedó al descubierto por las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la víctima. Ese video fue clave para que se iniciara otra causa por secuestro extorsivo.
El 18 de febrero de 2022, un grupo de policías se presentó en un campo de Santa Rosa de Leales donde su propietario cultivaba marihuana para su consumo personal y el de sus amigos. Le exigieron una fuerte suma de dinero para no iniciar una causa. La víctima hizo la denuncia en la ex Brigada porque identificó a Romano, condenado por el robo al supuesto transa.
El fiscal Chit inició una investigación que duró varios meses. Llegó a su fin cuando logró desarticular una banda integrada por policías retirados y en actividad que se habrían dedicado a cometer secuestros extorsivos a supuestos narcos o, directamente, robarle la droga que traficaban. Por este caso, fueron detenidos y procesados Mercado, Ricardo Julio Rodríguez, Eduardo Germán Agüero, José Antonio Gallo y José Benito Villa. Además, está prófugo Daniel Villardón.
Aunque nunca pudo ser probado, en la investigación de este caso, surgieron otros indicios. Los acusados podrían haber tenido contactos con otra organización mixta que en junio de 2020 secuestraron al allegado de un supuesto transa para exigirle dinero o droga. Por este caso, ya fueron condenados los policías federales Gonzalo Lagoria y Néstor Medina y los uniformados provinciales Luciano Campos y Jonathan Díaz y el civil Ángel Medina, hermano del integrante de la fuerza nacional.
El presente
El nuevo expediente abrió una investigación que nadie a ciencia puede decir hasta dónde llegará. Sí está claro que los detenidos no son los únicos implicados en el caso. Además de los dos prófugos, habrían otros miembros de la fuerza implicados, incluso de jerarquía superior. Eso es lo que está tratando de desentrañar el fiscal Chit.
A mediados de semana, el investigador se reunió con el jefe de Policía Joaquín Girveau. El titular de la fuerza no sólo aportó datos claves para avanzar con la causa, sino que también ofreció colaboración y confirmó que actuarán sin complicaciones a la hora de perseguir a los efectivos que estén detrás de esta actividad ilícita.
“No nos va a temblar el pulso a la hora de enviar a la cárcel a todos aquellos policías que están actuando fuera de la ley”, aseguró Girveau. “No se pueden dar mayores detalles, pero se está trabajando fuerte para identificar a todos los implicados y sus contactos”, finalizó.
Mientras la pesquisa avanza, en los pasillos de los tribunales federales se están haciendo varias preguntas: ¿esta banda es nueva? ¿Es la misma que cometió los otros hechos y que perduró en el tiempo? ¿El narcomenudeo es una actividad de la que se aprovechan los policías para cometer ilícitos y por ese motivo hay más organizaciones? A las respuestas se las conocerá con el paso del tiempo.
Perfiles de los acusados
¿Quiénes son los detenidos y los sospechosos del caso?
Pese a que los nombres de los acusados no pueden darse a conocer por ahora, LA GACETA pudo establecer los datos de los imputados. Uno de los detenidos es oficial que estaba destinado en la Alcaidía de la Jefatura de Policía después de haber afrontado al menos un proceso penal por haber sido acusado de abuso por una subalterna. En el momento de haberse cometido el hecho estaba gozando de licencia por vacaciones. El otro arrestado es un suboficial que actualmente está prestando servicio en la seccional 9°, donde supuestamente realizaba tareas administrativas de lunes a viernes de 7 a 15. No tendría manchas en su legajo. Ambos, en algún momento de sus carreras, coincidieron en la seccional 9°, que depende de la Zona de Jefatura 3, donde se habría pagado el rescate de la víctima. Uno de los prófugos sería otro suboficial que prestaba servicios en una localidad del Gran San Miguel de Tucumán que depende de la Unidad Regional Oeste. Sería hijo de un reconocido ex comisario y hermano de otro efectivo que fue acusado de apremios ilegales contra un detenido, episodio que quedó grabado en un video que fue viralizado. El cuarto señalado sería otro oficial que estaba en libertad después de haber sido procesado por haber participado en un “escruche” en una vivienda en Yerba Buena. En esos tiempos, el policía estaba separado de la fuerza por haber dejado de presentarse en una comisaría del sur de la provincia. Según confiaron sus compañeros a LA GACETA, habría pensado solicitar la baja para radicarse en Estados Unidos.
La víctima
El joven que estuvo presente en el caso conocido como “el crimen de las flores”
Se llamó “El crimen de las flores” a un homicidio que se registró el 26 de mayo de 2021. Ese día, tres jóvenes se presentaron en un auto a un domicilio de España al 700 para comprar 300 gramos de flores de marihuana a Santiago Hayward. El vendedor salió de su domicilio con su hermano para cerrar la operación.
Según la investigación, los compradores, utilizando un arma de juguete, se apoderaron de la sustancia. Mariano, al pensar que corría peligro la vida su hermano, disparó su arma de fuego hiriendo mortalmente Esteban Darío Brito Chía.
Los jóvenes se escaparon y, después de dejar en el Centro de Salud a su amigo, huyeron con la sustancia. El joven secuestrado fue uno de los sobrevivientes de ese crimen que terminó con la condena de Mariano Hayward a tres años de cumplimiento condicional.
En la Justicia Federal está abierto un expediente por comercialización de drogas, ya que entendieron que podrían haber vendido las flores que obtuvieron de manera ilegal.
Según la teoría del caso, los policías acusados de privarlo de su libertad hasta que pagaron un rescate, los acusados lo eligieron después de haberse infiltrado en un grupo de cultivadores de marihuana. Allí, además de intercambiar consejos y recomendaciones, varios de sus integrantes ofrecían flores para vender.
La víctima del secuestro habría sido uno de ellos y, al observar sus antecedentes, decidieron secuestrarlo de su casa para llevarlo hasta una dependencia policial.
Otras situaciones
En menos de dos años, condenaron a un policía y procesaron a otro por droga
En menos de dos años dos efectivos policiales en actividad fueron detenidos por tráfico de droga. Uno de ellos ya fue condenado y, el otro, quedó procesado. El 3 de septiembre de 2022, el agente Braian Barraza, que prestaba servicio en las calles de Villa 9 de Julio, fue detenido en Salta cuando descubrieron que trasladaba 46 kilos de cocaína. La Justicia Federal señaló en la acusación que el imputado utilizaba su condición de efectivo policial para eludir los controles. Cuando fue aprehendido, tenía el uniforme policial al alcance de sus manos. Barraza fue condenado el año pasado a seis años y dos meses de prisión. Richard Nadal es uno de los ejemplos de las consecuencias de la mora judicial. Richard Nadal fue detenido y procesado al ser considerado como uno de los miembros de la fuerza que movilizaron la huelga policial que derivó en los saqueos de diciembre de 2013. Al no haberse resuelto su situación procesal, el imputado fue reincorporado. Algunos lo consideraron un privilegiado porque a lo largo de su carrera fue ubicado en destinos claves, pese a los antecedentes que tenía. En agosto pasado, la Justicia Procesal lo acusó por haber trabajado para un grupo narco que lideraba Domingo Alberto Caro, que ya tiene tres condenas por este delito. Según la investigación realizada por el fiscal federal Pablo Camuña, Nadal se habría encargado de conseguir lugares para recibir vuelos narcos y de realizar tareas de seguridad para el grupo narco. Su detención se concretó un mes antes del inicio del juicio por sedición.
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