Seguridad: entre el deseo y la inquietud

El discurso del gobernador Osvaldo Jaldo, con alto impacto por las intenciones de reforma política, ahorro en el gasto estatal y transparencia, mencionó, como al pasar, la seguridad como un asunto que estaban manejando con precisión. “Hemos dado importantes avances en la mejora de la estructura organizacional y de recursos de nuestra fuerza policial  con el nombramiento de 1.300 agentes policiales y una importante incorporación de tecnología, entre ellas la instalación de 500 cámaras de seguridad en toda la provincia”, dijo y añadió que se han hecho importantes avances en la lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, sus funcionarios de seguridad procuraban ver qué pasaba con dos empleados policiales de la seccional 9ª que usaban un destacamento de la Jefatura de Zona 3 para cobrar rescates a un supuesto vendedor de flores de marihuana secuestrado por ellos. Y también los funcionarios aventaron un conato de huelga policial con las detenciones de cuatro agentes y dos civiles, uno de ellos un abogado que, aunque fue liberado,  fue procesado, acusado del delito de instigar una sedición policial.

Casos leves, casos serios

Es decir, los avances en la estructura organizacional se dan en una fuerza de seguridad por lo menos convulsionada por la cuestión salarial y en la que, con una frecuencia inquietante, aparecen episodios irregulares ya sean escandalosos, como el de los secuestros narcos, o ya sean de poca monta. A este respecto, en febrero hubo tres casos menores: el del ex policía detenido por dañar cajeros automáticos en Bella Vista, a comienzos de mes; el del agente Mateo Galván, condenado el 13 de febrero por realizar una llamada con amenaza de bomba a la Secretaría de Trabajo; y la errónea liberación, el 15 de febrero, de un acusado de asalto que había sido detenido por contravención; un oficial de la seccional 11ª le dio la salida cuando se pagaron los $ 6.600 de multa, pese a que en sus antecedentes figuraba la acusación de asalto.

También hubo dos casos serios: la condena a tres años de prisión en suspenso  al guardiacárcel Gerardo Bazán por la instigación al suicidio de su compañera Ana Picone, y la confusa situación en que quedó el cabo Carlos Alderete, quien en la noche del 8 de febrero mató de un balazo al joven motociclista Mauro Nicolás Burela en el Camino del Perú, cerca del Pozo de Vargas, porque al perseguirlo pensó que estaba por sacar un arma. La familia de Burela dice que es un caso de gatillo fácil. La defensa del policía señala que en la mochila de la víctima se halló un revólver, lo cual por lo menos es sospechoso. La situación tiene cierto parecido con la del oficial Facundo Lencina, que en septiembre, por repeler un asalto en avenida América al 1.400, mató a dos motociclistas que le habían sacado el celular y al estudiante Lucas Delgado, que hacía gimnasia en la plaza del barrio. “Voy a cargar esto por el resto de mi vida”, dijo Lencina en una audiencia a fines de octubre.

Los buenos hombres de la fuerza

Esto es lo que ocurrió en febrero. Ante el caso del agente de las amenazas de bomba, el jefe de Policía, Joaquín Girveau, dijo: “sólo falta una firma para que esta persona deje de pertenecer a la fuerza. Desde que fue procesado fue separado, queda que se lo expulse”. Ante el de los policías del caso de secuestro, dijo: “me gustaría aclarar dos cosas. La primera: esto fue investigación realizada por los buenos hombres de la fuerza. La otra, estos no son policías, sino delincuentes que ya no serán parte de la fuerza”.

Por cierto, son aclaraciones frente a los hechos que salieron a luz. ¿Habrá una forma de detectar los malos policías escondidos detrás de los buenos? A fines del año pasado hubo varios casos de escándalo, entre ellos el del cabo César Maximiliano Pacheco, procesado por presunto encubrimiento de un asalto en una casa de Yerba Buena y también por supuesta venta ilegal de armas y de documentación; y el de la denuncia por corrupción contra el jefe de la comisaría de Famaillá. ¿Habrá una forma de revisar el comportamiento de agentes y oficiales en la oscuridad de las comisarías?

Se trata de un viejo problema que no se ha sabido resolver, no sólo en Tucumán, sino en el país y en muchas partes del mundo. La Policía, organismo con mucho poder y muchas mañas, sin una oficina de seguimiento del comportamiento de sus hombres buenos para detectar los malos. El legislador José Cano pidió hace unas semanas la creación de una oficina de asuntos internos, aparentemente sin saber que hay una que estaría cumpliendo tareas burocráticas sin ninguna trascendencia.

La auditoría que había pedido Gandur

En 2017, durante las interesantes  -pero a la postre ineficaces- jornadas de análisis en la Legislatura por la emergencia en seguridad, el ya fallecido Antonio Gandur, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, propuso crear una Auditoría General de Asuntos Internos, dirigida por personal civil, no policial, y democratización de la carrera policial, fijando un escalafón único y eliminando el sistema de oficiales y suboficiales.  “Nosotros observamos que hay una falta o una liviandad en los controles internos. No necesitamos explayarnos (en) la crónica diaria de todas las irregularidades, los ilícitos cometidos por personal policial”, dijo. Y mencionó el caso de César David “Dengue” Juárez, oficial de policía que fue poco después exonerado y que en 2019, después de que Gandur había fallecido, fue arrestado,  acusado de haber integrado una banda sospechada de cometer robos y traficar drogas.

Acciones de violencia

Gandur también pedía que se cree la figura del Defensor del Policía, que le hubiera venido bien a los agentes que quieren reclamar por sueldos y que por la Ley Orgánica policial, resabio de la dictadura, están obligados a obedecer sin protestar y a depender de la buena voluntad de los comisarios, que negocian sus salarios por ellos en la cúpula con el Gobierno. Es interesante saber que los arrestados de hoy por pretender hacer huelga policial -que fueron anatematizados por el Gobernador y por el jede de Policía- ejecutaron su trama de violenta protesta mientras se desarrolla el juicio por sedición policial ocurrida en 2013, que tuvo trágicas consecuencias. ¿Aprendieron algo los policías desde entonces?

Cuando declaró en una de las audiencias por el juicio de sedición, el jefe Girveau dijo: “si me llegara a ocurrir eso como titular de la fuerza, no lo permitiría. Actuaría en el acto, deteniendo a los cabecillas y sancionando con todo rigor a los que participen o intenten participar”. Y eso hizo. Pero el sistema que rige el funcionamiento policial es el mismo que en 2013.

Controles ineficaces

En 2017, en esas jornadas de emergencia en seguridad, el entonces jefe de Policía, Dante Bustamante, dijo: “he nacido con la democracia, pero desde la democracia nos han castigado porque el modelo policial venía con ese modelo militarizado”. Entonces razonó que “a la policía la controla la sociedad, porque cuando hacemos algo mal viene la denuncia; nos controla la prensa, porque todo lo malo que hace la Policía también se refleja; nos controla el Poder Legislativo porque hay una comisión de seguridad que tiene todas las facultades para pedir informes; nos controla la Justicia, porque cada vez que se nos acusa de algo caemos en manos de la Justicia… también tenemos nuestro departamento de Sumario Administrativo”. Controles que salen a luz por ausencia cuando se desatan episodios como el de los secuestradores.

El tema volvió a escena a fines del año pasado, a propósito de los 40 años de democracia, cuando se mencionó que la Policía funcionaba con la ley Orgánica vetusta de la dictadura y que aplicaba la ley de contravenciones, que desde hace años está declarada inconstitucional. En el autoelogioso informe de los primeros 11 días de gestión, en noviembre pasado, el jefe de policía Girveau mencionó que habían detenido a 890 personas; 210, por haber cometido algún tipo de delito, mientras que el resto, 680, por contravenciones. En 2017, Bustamante había justificado las contravenciones, afirmando que por su experiencia la mitad de los detenidos tenía antecedentes y se vinculaban con la delincuencia.

Elogios y críticas

“No hay ‘escobita’ nueva; es la nueva estrategia con la que queremos recuperar las calles… nuestro objetivo es marcar presencia territorial en las zonas más conflictivas”, dijo Girveau en noviembre. En enero dijo, ante la notoria disminución de homicidios en comparación con los años anteriores (hubo cinco asesinatos ese mes, cifra que se ha reiterado en febrero), que “creemos que es consecuencia de haber reforzado la presencia de efectivos policiales en las zonas más conflictivas de la provincia”. Lo cual es difícil de corroborar, porque las estadísticas policiales se realizan en oscuras oficinas y van -no se sabe con cuánta precisión- a las compartimentadas  fiscalías, que sólo tienen informes de sus áreas. Llegar a ellas es muy difícil. Poco y nada se sabe del delito callejero como los arrebatos, como no sea cuando se informa de detenciones. O de los robos de cables y metales. Cuando los motociclistas de Uber moto pidieron protección policial, presentaron un mapa de zona roja que rodea absolutamente la capital. Ellos sugieren no ir por la periferia de San Miguel de Tucumán ni por Villa Mariano Moreno, Villa Carmela, al sureste de la Pepsi, y toda la franja del río Salí por Alderetes y Banda del Río Salí. Y cuando ocurre algún episodio de violencia en cualquier zona, los vecinos dan la tónica de lo que ocurre, como fue el caso del asalto en diciembre al colectivero Guillermo Abregú en la zona oeste, donde había una de las ahora diseminadas garitas de seguridad barriales: “siempre hay inseguridad; más allá de las garitas creo que falta capacitación, porque por más que haya policías en las esquinas acá puede entrar cualquiera con un arma y hacerte daño sin que se den cuenta; falla la prevención”, explicó la vecina Graciela Viviana Gramajo.

Jaldo pintó un panorama de fuerte atención al combate al narcotráfico. “La reorganización de la estructura de trabajo y la mejora del equipamiento nos ha permitido avanzar en la realización de casi 600 allanamientos, la detención de 1.200 personas y el secuestro de cantidades importantes de sustancias tóxicas”, dijo. Y concluyó: “se acabó la impunidad en Tucumán y la puerta giratoria, caiga quien caiga. Por primera vez en la provincia el tema carcelario es objeto de un plan que considera metas, acciones y cronograma de realización”. Pero la vieja Policía no ha sido cambiada y exhibe sus problemas por las costuras del traje. ¿Los resultados que exhibe el Gobierno son de buena factura, casualidad o de milagro?