La Provincia apura los sumarios por el Potenciar Trabajo

El Gobierno se encuentra llevando adelante la investigación interna por la posible existencia de empleados públicos que cobraban el programa Potenciar Trabajo. Las acciones administrativas corren en paralelo con la pesquisa que se desarrolla en la Justicia Federal local por la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública.

En los últimos días se conoció que la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit, requirió a la Provincia los legajos de 1.135 agentes públicos que estarían bajo sospecha, de acuerdo con el expediente judicial iniciado originalmente y derivado luego a esta jurisdicción por la oficina del fiscal federal Guillermo Marijuan.

La gestión de Osvaldo Jaldo viene advirtiendo que los casos finalmente serían menos, tras la depuración interna de los datos oficiales. Las autoridades explicaron que de la nómina original, se encontraron activos alrededor de 700 personas. La Provincia llega a este número porque sostiene que de los 1.135 sólo 956 empleados corresponden a la Provincia, es decir 179 menos que el listado consignado en el oficio de la Fiscalía. A su vez, añaden que de ese universo, 230 fueron dados de baja cuando se eliminó la polémica Unrel (Unidad de Reconversión Laboral).

“La primera tarea consistió en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones responsables, para realizar un descargo de su situación, y a partir de allí, se ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial. Esta tarea ya ha sido realizada, y en este momento se han notificado Capítulos de Cargo con las imputaciones respectivas para cada uno de los agentes involucrados”, consignó en un escrito el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Julio Saguir. Bajo su órbita se encuentra la Dirección de Recursos Humanos, una de las áreas que está trabajando en el asunto. La otra es la Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone de Valls.

Saguir precisó que actualmente se está trabajando en dos ámbitos: “los sumarios administrativos muy avanzados y proveyendo al fiscal Chit los legajos y boletas de sueldo de cada uno de las agentes incluídos en la nómina, información provista por la administración centralizada, los órganos desconcentrados y entes autárquicos de la Administración Pública Provincial”. De acuerdo con la documentación oficial, los trabajadores que habrían caído en la incompatibilidad (el programa estaba destinado a desocupados y precarizados) y cuyo proceso está avanzado integran las siguientes áreas: Administración Centralizada (56 agentes); Siprosa (62); Instituto Provincial de la Vivienda (4); Ente Autárquico Tucumán Turismo (4); Ente de Infraestructura Comunitaria (1). “Los sumarios, con aconsejamiento de bajas, están prontos a concluir y simultáneamente se está informando al Fiscal todo lo solicitado para contribuir al esclarecimiento de las irregularidades”, añadió Saguir.

El Potenciar Trabajo viene en el centro de la polémica desde el año pasado en el ámbito nacional. A fines de enero, tras el escándalo inicial en el que se desvincularon beneficiarios que habían viajado al exterior, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo se habían iniciado sumarios.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, detalló entonces a LA GACETA que los expedientes siguen su curso para tratar de determinar por qué estos empleados percibían esa ayuda social.

Al inicio de la gestión de Javier Milei, la auditoría del Ministerio de Capital Humano había volteado en un primer momento 27.000 beneficios por diferentes motivos. Algunas de las incompatibilidades que se evidenciaron por el cruce de información entre las bases de la Anses y del Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social) fueron que los que estaban en los registros del Potenciar cobraban también recibían jubilaciones o pensiones; eran monotributistas categoría C o superior; residían en el exterior o poseían bienes como un auto con menos de 10 años de antigüedad. Entre estos casos estaban los estatales.

La semana pasada, la Nación decidió dar de baja el Potenciar y suplantarlo por dos programas llamados “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. En un comunicado, la cartera de Capital Humano había consignado que se tomó la determinación porque se trató de un plan “ineficaz” porque, argumentó, de los 1.400.000 ciudadanos inscriptos apenas el 1,3% habría conseguido un empleo formal.