Otra promo “2x1” del Gobierno libertario

Una advertencia formulada hace más de un siglo por Sigmund Freud cobró vigencia esta semana en la Argentina. “El estado prohíbe la injusticia al individuo no porque quiera abolirla, sino porque pretende monopolizarla”, alertó en 1915, en sus “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte”. Precisamente, en los días previos al otoño, el ministro de Economía Luis Caputo repudió a las cadenas comerciales (desde supermercados hasta farmacias) que venden dos productos por el valor de uno, en lugar de bajar el precio de cada unidad para combatir la inflación. Curiosamente, eso que el Gobierno deplora en la economía es lo mismo que impulsa en lo institucional. Volvió la “promo política” del “2x1” de los libertarios, y nada menos que para la Justicia.

A esas “ofertas” ya se las conoce. Pasó primero con el naufragante DNU 70/23. Entre sus 366 artículos promueve las cuestiones más diversas e inconexas. Por una parte, elimina los registros automotores, esa burocracia encarecedora de la compra y venta de vehículos. Pero por el mismo “precio”, el decreto deroga el artículo 1° de la Ley 26.741: “Declárase de interés público nacional, y como objeto prioritario de la Argentina, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos…”

Con la fracasada “Ley Ómnibus” pasó otro tanto. Entre sus 664 artículos originales había grandes hitos, como a eliminación de las papeletas volantes (el mismo sistema con el que se votaba en el siglo XIX), y su reemplazo por la boleta única. Pero “atado” a esa propuesta aparecía la modificación a la Ley de Glaciares, para habilitar la actividad minera en ambientes preglaciares.

Ahora es el turno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por un lado, el presidente Javier Milei propuso a un académico con sobrados pergaminos para ocupar la vacante que en diciembre dejará el vocal Juan Carlos Maqueda, cuando cumpla 75 años. Para ese sitial, postula al constitucionalista Manuel García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Esta propuesta incurre en torpezas. A nueve meses de que Maqueda cumpla la edad para retirarse, el Gobierno le agradece sus servicios prestados. Y como el juez aún está en funciones, para viabilizar la propuesta de reemplazo la Casa Rosada debe modificar el decreto 222/2023, dado que la situación es inédita.

¿Por qué tantos errores no forzados? Porque el Gobierno nacional está forzando otra “promo política” de “2x1”. Junto con el nombre del jurista viene la propuesta para cubrir la vacante que Elena Highton de Nolasco dejó en 2021. El “delfín” de Milei para ese puesto es Ariel Lijo, quien lleva 19 años al frente del Juzgado Federal N° 4 en lo criminal. Es uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py, así como también uno de los más controvertidos y denunciados.

Orígenes

Lijo procesó en 2014, por la causa Ciccone, a Boudou, cuando era más vicepresidente que Amado. La causa había estallado dos años antes. La AFIP pidió la quiebra de la calcográfica, pero en tiempo récord la firma “The Old Found” consiguió levantarla. Su titular, Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou, pasó a presidir la imprenta, que de inmediato consiguió contratos con el Estado para imprimir billetes. Esa causa derivó en la detención del compañero de fórmula de Cristina Kirchner… pero tres años después, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Otra fue la suerte que siguió una causa conexa: la que investigó los $ 7,6 millones que Formosa pagó a la mencionada consultora “The Old Found” en 2010, cuando Boudou era ministro de Economía de Cristina, para recibir “asesoramiento” en la refinanciación de la deuda de la provincia con la Nación. En este expediente, Lijo se declaró incompetente y giró la causa a la Justicia de Formosa, provincia donde hacer “fuck you” al eternizado gobernador Gildo Insfrán se paga con dos días de cárcel.

En un limbo similar terminó el escándalo de Siemens, la firma alemana que admitió haber pagado sobornos para asegurarse los contratos para confeccionar los DNI durante el gobierno de Carlos Menem. La causa nunca avanzó sobre los funcionarios de ese Gobierno ni sobre los de la Alianza.

Por caso, continúa abierta una causa en torno del Correo Argentino, que investiga si hubo perjuicio en el intento de acuerdo del Gobierno con la empresa de la familia de Macri. La firma Socma (Sociedad Macri) tuvo la concesión entre 1997 y 2003 y acumuló una deuda de 300 millones de dólares. En 2017, durante la gestión de Cambiemos, se firmó un acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri, en el cual la Nación aceptó una quita sustancial del pasivo privado. Ese año se inició la causa.

En paralelo se encuentran las denuncias contra Lijo en el Consejo de la Magistratura. Su ex esposa, María Carla Lago, lo vinculó con un exclusivo haras bonaerense, pero la investigación concluyó que el magistrado jamás estuvo vinculado a ese emprendimiento, que figura a nombre de su hermano.

En 2017, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires lo denunció por presunto retardo en tramitar causas. El Consejo de la Magistratura, con mayoría “K”, desestimó la acusación en 2018.

Todavía hay expedientes activos en el Consejo de la Magistratura contra el juez. El más notorio es impulsado por la Coalición Cívica por su actuación en la causa por presuntas irregularidades en la Obras Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn). La causa, de manera indirecta, apunta contra el juez Juan Carlos Maqueda; y sigue abierta a pesar de que el fiscal Carlos Stornelli pidió su archivo, por considerar que es un expediente carente de pruebas. Esa acusación, que data de 2023, aún no tiene asignado a ningún miembro del Consejo de la Magistratura como instructor. La comisión de Disciplina, que debe tramitar el expediente, es presidida por el ex diputado “K” Héctor Recalde.

Desembocaduras

En la figura de Lijo, los caminos del kirchnerismo y de los libertarios se tocan. Aunque el populismo cambie de atuendo, populismo queda. Por caso, el kirchnerato patentó temprano las “promos políticas”. En 2005, Néstor Kirchner saldó la deuda de U$S 9.800 millones con el FMI, para “ganar libertad”. Pero entre ese año y 2008, la venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela de Hugo Chávez, sumó U$S 5.800 millones, según el Ministerio de Economía, con tasas que duplicaban las que las naciones vecinas pagaban en los organismos internacionales. Flor de “2x1”…

Las aguas populistas conducen siempre a los mismos vertederos. Dicho de otro modo: el juez Lijo, ¿es ajeno a “la casta”? El Gobierno se apropió del concepto “casta” (en tanto clase privilegiada enquistada el poder) no para abolirlo, sino para monopolizar las acusaciones. Y las indulgencias.