Anuncios sobre el nuevo Código Procesal Penal Federal

La puesta en marcha de la reforma del Código Procesal Penal Federal, vigente desde 2018, pero que aún no se aplicó en todo el país, generó distintas reacciones en los principales actores. En Rosario su aplicación, que iba a concretarse el 18 de marzo,debió postergarse hasta mayo debido a cuestiones logísticas. Pero para los operadores, tanto del Ministerio de Justicia como del de Seguridad, su implementación es fundamental para encarar seriamente la lucha contra el narcotráfico.

¿Cuál es la principal diferencia entre el anterior Código y este que impulsa sobre todo el ministro Mariano Cúneo Libarona? El sistema acusatorio. Esto significa que apenas se ponga en ejecución la reforma los encargados de llevar la acusación serán los fiscales. Hasta aquí, la Justicia Federal (ámbito que comprende a los juzgados federales de todo el país y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que cada provincia tiene sus propios códigos procesales), se regía con el “sistema inquisitivo”. Es decir que son los jueces los que investigan y juzgan, y son ellos los que podían pedir la colaboración de los fiscales. En Tucumán estamos más acostumbrados al nuevo sistema que se implementará. Es que desde que se reformó el Código en 1991 la acusación la llevan adelante los fiscales y los jueces son quienes resguardan las garantías. Otro cambio relevante es que los procesos pasarán a ser orales, algo que también se está impulsando para la justicia local.

Actualmente el Código Procesal se aplica sólo en dos provincias: Salta y Jujuy. Luego llegará a Santa Fe, con foco en Rosario. ¿Qué pasará en Tucumán? ¿Estamos preparados para este cambio en la provincia? La reunión que el jueves mantuvo el gobernador Osvaldo Jaldo con los jueces federales de la provincia aportó indicios al respecto. El gobernador fue recibido por la presidenta de la Cámara, Marina Cossio, y por los camaristas Patricia Moltini, Fernando Poviña, Ricardo Sanjuan y Mario Leal, además del juez federal de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez. Y en ese ámbito uno de los principales problemas que se presentaron es la falta de cobertura que existe en el Poder Judicial Federal. Si bien la Cámara de Apelaciones está completa, el tema de los juzgados es alarmante. Díaz Vélez es titular del Juzgado Federal n° 3 que aún no está en funcionamiento, pero debe subrogar los juzgados n° 1 y 2, que no tienen titular. La situación de los fiscales es más ambigua: el fiscal federal general es Antonio Gómez y el único titular del resto de los fiscales es Carlos Brito. Agustín Chit está subrogando una fiscalía, y Pablo Camuña está como subrogante ante el Tribunal Oral Federal.

Así como están las cosas, pensar en aplicar la reforma en la provincia suena en principio utópico. El sistema, como se advirtió en Tucumán, tiene múltiples beneficios, pero para eso se necesitan los actores indicados, y sobre todo el número suficiente. Ya sólo la lucha contra el narcotráfico, en una provincia que hace rato que dejó de ser de paso, debería ser ampliamente superior al actual por más que la provincia tenga desde el año pasado la ley de narcomenudeo que habilita a la Justicia local a hacerse cargo de algunas investigaciones. Jaldo se comprometió a acercar la inquietud de los jueces a los diputados y senadores de Tucumán para que puedan hacer gestiones en Buenos Aires para agilizar la cobertura de vacantes y, en caso de ser necesario, solicitar la creación de nuevas fiscalías y juzgados. El nuevo Código tiene muchos beneficios. Implementar el escenario propicio para que se aplique debería ser una prioridad si se quiere, sobre todo, seguir entablando en forma pareja la lucha contra el narcotráfico.