Condena ejemplificadora por robo de metales

Días atrás, la Justicia condenó a tres años de prisión condicional y al pago de una reparación económica al dueño de un corralón por haber comprado elementos de medidores de agua que habían sido robados en diferentes lugares de la provincia. Es la primera sentencia que se registra por este tipo de delito en lo que va del año, y sería la primera por este tipo de botín, según reconocieron fuentes judiciales.

Se trata de una medida ejemplificadora, luego de la ola de robos desatada en febrero que llevó a la estimación de que se robaban cinco medidores de agua por día en la capital, lo cual generaba severos problemas para los usuarios y para la empresa prestadora del servicio. La misma Sociedad Aguas del Tucumán hizo la denuncia judicial y pidió que se investigue a fondo. En esos días se llegó al corralón ubicado en el cruce de avenida Independencia y calle San Luis. Allí se procedió al secuestro de varias bolsas de metales con un peso total de 176.5 kilos que contenían cuerpos de medidores de agua, todos ellos pertenecientes a la SAT. Estos elementos, de acuerdo a la acusación, fueron recibidos por el dueño del corralón de manera reiterada y permanente, a sabiendas de que fueron sustraídos ilegítimamente en distintas viviendas de la provincia, todo ello con el propósito de obtener un provecho económico del cobre y bronce que son parte integrante de los medidores. Así en el juicio se pactó la pena de tres años de prisión condicional, más el decomiso de los elementos secuestrados, amoladoras, elementos de cortes, y una reparación económica de $300.000, los cuales serán destinados a la SAT.

Es de esperar que el caso ayude a frenar la ola de robos de elementos de metal, que no ha dado abasto hasta ahora. En los últimos días han trascendido múltiples sustracciones de otras cosas metálicas, sobre todo cables en la vía pública, que han dejado a oscuras a barrios enteros: en barrio Soeme, en calle Chiclana al 1.900, en Las Talitas, en El Chañar y en Concepción -según dan cuenta los mismos partes policiales recientes-, así como la aprehensión de  un joven que llevaba reguladores de gas y caños de cobre robados en la zona de Villa Urquiza. Se trata de elementos, al igual que los de los medidores de agua, que son vendidos en diferentes desarmaderos, cuyos propietarios no cuestionan el origen ilegal de esa mercadería y los revenden, contribuyendo así al mercado clandestino y a la ola delictiva.

Sobre esos comercios deben actuar la Policía y la Justicia, con el fin de desalentar esta tendencia que ha ido creciendo de la mano de la degradación social. Los investigadores deben capacitarse para hacer más eficiente su tarea. Se sabe que hay investigaciones en curso por robo de cables y de metales -de hecho, se recuerda la captura de un camión con acoplado, cargado de metales de dudosa procedencia- que ya deberían estar llegando al nivel de juicio como en caso del dueño del corralón que acaba de ser condenado. Con ello se podría bajar la fuerza de esta tendencia delictiva.