Narcotráfico: críticas a la reforma de la Ley de Seguridad Interior

El proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior que impulsa el Gobierno nacional resulta innecesario y, a raíz de ello, solo persigue el impacto mediático. Esto, a criterio del ex legislador Fernando Valdez (Unión Cívica Radical), director del Observatorio en Seguridad y Violencia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

“La reforma no es necesaria. La participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) -Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea- como lo prevé el artículo 27 de la Ley N° 24.059 (de Seguridad Interior) es suficiente: apoyo logístico para los efectivos que participen en operaciones de seguridad interior, policías provinciales y fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria-”, destacó Valdez.

El ex legislador precisó que en la Argentina existen fuerzas de seguridad provinciales y federales; y un tercer segmento dedicado a la defensa del país: las FFAA. “Las fuerzas federales están suficientemente entrenadas y equipadas para combatir el narcotráfico. Y para dirigir a las Policías provinciales allí donde la gravedad de la situación lo indique, como en el caso de Santa Fe; en especial, Rosario”, indicó.

Sibrayó que, por otro lado, las FFAA no están preparadas profesionalmente para intervenir en este tipo de casos. “Lo dicen ex militares, respecto de la inconveniencia de esta situación; y lo reafirmó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que conoce de estos temas porque proviene de una familia militar”, afirmó Valdez. Precisamente, la titular del Senado había cuestionado el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior, promovido por la Casa Rosada. “La función de los militares no es combatir civiles. (Y) el narco es un civil”, había dicho Villarruel.

A raíz de todo esto, Valdez considera que el anuncio de reforma de la mencionada norma persigue otros intereses. “La reforma propuesta es ‘marketinera’. En general, se supone que las FFAA solucionarán el problema del narco; pero los funcionarios saben que no será así, por la limitaciones argentinas y por la experiencia de otros países, que fracasaron eligiendo esta vía. No obstante es algo que ‘vende’ comunicacionalmente”, puntualizó el radical.

En todo caso, Valdez consideró que el Gobierno nacional debería tomar otras medidas, en pos de combatir la inseguridad, particularmente en Rosario. “Cabría esperar que avancen en las otras vías de control del narco: aspectos de lavado, de impuestos, de inversiones, entre otros. Y que se cree una unidad interagencial que controle realmente estos aspectos, igual de importantes que lo policial”, dijo. Además, consideró necesario y urgente que se encaren reformas policiales profundas en las provincias, que abarquen el tema narco. “El Gobierno federal puede influir y apoyar en el Consejo Federal de Seguridad, para que se avance en ese sentido”, señaló.

Solo anuncios

La iniciativa reformista también fue cuestionada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (Partido Justicialista), autor del libro Seguridad Ciudadana. “Lamentablemente hasta hoy lo único que hizo la ministra de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich) fueron anuncios,. Ahora dijo que próximamente presentará proyectos de ley con el objetivo de combatir el delito, facultando a las FFAA para la tarea de seguridad interior, para las cuales no fueron ni están preparadas”, dijo el peronista.

Debido a que aún no se difundió el contenido del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior, Vargas Aignasse consideró irresponsable opinar sobre lo poco que se conoce. “Solo conocemos las campañas publicitarias y de marketing, con nombres grandilocuentes, como ‘Antimafia’, ‘Doctrina Chocobar’, gatillo fácil o, lo que dijo la ministra: ‘la ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo de hoy, de ir agarrando hormiguita por hormiguita; ahora vamos por el hormiguero’. Pero, en ralidad, nada en concreto; no hay ningún proyecto presentado”, dijo el legislador.

Y confrontó lo hecho por la Provincia para combatir el tráfico de drogas. “Asumimos la competencia local para la lucha contra el narcomenudeo, con todas las erogaciones que ello implica, para capacitación de jueces, de fiscales, de defensores; el armado de laboratorios, de equipos especiales y de fuerzas policiales”, enumeró.

Recordó que la Provincia sancionó la Ley N° 9.188 (Narcomenudeo), que implica la adhesión a la Ley nacional N° 26.052 (Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes). “Esa ley establece claramente el Gobierno nacional deberá crear un sistema de transferencia de fondos a todas las jurisdicciones que se adhieran, como así también fondos para el Poder Judicial y, fundamentalmente, para el servicio penitenciario”, resaltó Vargas Aignasse.

Consideró que sería muy positivo que la Nación cumpla con esa premisa para que, de esa manera, la Provincia no cargue sobre sus arcas esos gastos. “En estos momentos de crisis, el recorte de fondos que hace el Gobierno nacional impacta de lleno sobre la inseguridad en nuestra provincia. Por ello le pido a la ministra que cumpla con la Ley 26.502 y mande los fondos, que son necesarios para que el Poder Judicial, y el Ejecutivo provincial combatan con más herramientas el narcomenudeo y avancen con las obras para terminar el penal de Benjamín Paz”, dijo el ex diputado nacional.

“Conducirá al fracaso”: Cano, ex funcionario macrista, rechazó la intervención militar para combatir la droga

El legislador José Cano (Unión Cívica Radical) rechazó de plano el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior, que promueve la Casa Rosada. “Esta ley limita la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA), estableciendo expresamente las circunstancias en las que pueden actuar. La modificación de estas limitaciones en supuestos de lucha contra la narco criminalidad no constituye una solución, ni siquiera remota, para la problemática registrada y compromete a las FFAA en un objetivo para el cual no están ni preparadas, ni entrenadas, ni especializadas”, manifestó el dos veces ex candidato a gobernador. “Ya en 2016, luego de 10 años de lucha militar contra el narcotráfico, México celebró el fracaso de su plan militar de lucha y guerra contra el narcotráfico. Este antecedente permite advertir desde la experiencia de otros países al fracaso al que conducirá la solución militar que pretende adoptarse como novedad en políticas de lucha contra la criminalidad”, subrayó Cano. Y sugirió a la Nación una medida a adoptar. “Definición de políticas públicas sistémicas, que incorporen soluciones legislativas, judiciales y administrativas, coordinadas en la consolidación de un plexo normativo e institucional junto a la actuación de una fuerza de seguridad, específica, profesional y especializada”, remarcó. Y cerró con una fuerte crítica a la iniciativa de reforma: “La idea de militarizar una ciudad se asemeja más a anuncios impulsivos e improvisados ante una problemática que no se pudo o no se quiso resolver”.