¿Hasta dónde llegará el ajuste en Tucumán?

En Tucumán, el ajuste no sólo se ha dado por el lado de las erogaciones; también mediante los ingresos.

¿Hasta dónde llegará el ajuste en Tucumán?

En el circo de la política, los actores tienen que elegir roles porque el show debe continuar. Los espectadores están pendientes de los números. Por momentos, el león afloja y se refugia en el silencio, mientras toma medidas para ampliar su radio de acción. Pero cuando ruge nada queda en pie. Javier Milei desconcierta a aquellos que creen que el Gobierno nacional, definitivamente, se volcará a negociar con las provincias para que, de una vez por todas, la Ley Bases prospere en el Congreso. Eso no está pasando. Mañana, el Presidente de la Nación tiene previsto recibir a los gobernadores más afines, en principio, a la Casa Rosada. El final es abierto. El horno no está para bollos, mientras el libertario afianza el ajuste.

Osvaldo Jaldo ha elegido ser el equilibrista. El mandatario tucumano arrancó con las restricciones presupuestarias antes de que Milei llegara a la Casa Rosada. En cinco meses, se ocupó de reducir la carga de gastos porque vislumbraba que el futuro iba a ser oscuro. Tantos años de heterodoxia, de sostener artificialmente el gasto público con emisión monetaria, tienen un alto costo. A Jaldo le ha tocado un período de vacas flacas. Es raro ver a un peronista moverse en el mundo de la ortodoxia económica, la del equilibrio, la que aplica la racionalidad en las decisiones con la frialdad natural de las decisiones. En cinco meses de gestión, el tranqueño ha logrado sostener una relación diferenciada con un Gobierno nacional de otra orientación política y económica. Sus diálogos constantes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, le permitieron consolidarla. “De este estado de situación no nos movemos”, dice uno de los colaboradores del gobernador, cuando se refiere a la relación Nación-Tucumán. La lealtad con lealtad se paga, dirían los justicialistas. Hasta ahora, eso se ha dado.

Pero el ajuste continuará. En la Argentina, en general, y en Tucumán, en particular. Sin Ley Bases, el Presidente no puede definir un plan económico. Más bien ha encauzado un rumbo claro en el que la meta es lograr que la inflación se estabilice antes de cerrarse el primer semestre del año. La recesión está haciendo lo suyo. El consumo se ha planchado porque la sociedad no tiene cómo pagar. Endeudarse con las actuales tasas de interés es un peligro. En general, los precios no bajan, pero no suben al ritmo de lo que venían haciéndolo desde que Milei autorizó la actualización brusca de los valores, a mediados de diciembre pasado.

En Tucumán, el ajuste no sólo se ha dado por el lado de las erogaciones; también mediante los ingresos. La primera medida que adoptó Jaldo cuando asumió la gobernación es modificar el Presupuesto provincial, de tal manera de restringir los gastos. Así, en noviembre pasado, le quitó partidas por unos $220.000 millones respecto de lo pautado por su antecesor en el cargo, Juan Manzur, antes de dejar el poder, el 29 de octubre de 2023. Además, eliminó y fusionó 50 áreas del Poder Ejecutivo, prescindió de personal de gabinete, revisó las adscripciones, dio por finalizados los casi 7.500 contratos contemplados por la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), que contenía a militantes del oficialismo, entre otros beneficiarios, y ahora plantea el retiro voluntario de agentes públicos. No hay cifras oficiales acerca de la estimación de la cantidad de empleados que optarían por cobrar el 70% de sus salarios y, si no se reconvierten laboralmente, volver cuatro años después al cargo que dejaron en el Estado. En esto se ha planteado un debate de ideas entre los funcionarios del Ejecutivo y algunos legisladores. Por un lado, se discute si es que corresponde otorgar esos cuatro años de plazo de retorno a todos los beneficiarios o, si es conveniente, focalizarlo según la franja etaria. Por el otro, se analiza la facultad que tendría el Ejecutivo para prorrogar el beneficio.

El ahorro en las cuentas públicas, por las medidas adoptadas, ha significado entre unos $15.000 millones y unos $20.000 millones, según el mes. En cierta medida, esa disminución de partidas ha servido, por ejemplo, para afrontar las recomposiciones salariales (no paritarias) a los casi 110.000 empleados públicos que, de acuerdo con la evaluación oficial, ha significado una erogación cercana a los $24.500 millones. La anualización de esta mejora implicará un incremento del gasto en Personal, con una planilla salarial que, ahora, rozaría los $65.000 millones mensuales. Pero esa no es la única inquietud debido al fenómeno inflacionario en el gasto público. Varios insumos hospitalarios siguen costeándose a valor dólar, tanto en medicamentos (se ha optado por adquirir remedios de segundas marcas) como en otras coberturas asistenciales. Lo mismo pasa con los químicos que se requieren para la potabilización del agua. Hablar de obra pública es prohibitivo en estos tiempos. El Gobierno prioriza aquellos trabajos de alto impacto social y espera que la Nación active planes.

El ajuste tiene un componente especial por el lado de los ingresos. Las tarifas del servicio de agua y cloacas se actualizaron en torno de un 200% para el primer cuatrimestre, bajo el argumento que arrastraban al menos dos años de freno y eso incidía en los costos operativos de la Sociedad Aguas del Tucumán Sapem (SAT). A su vez, el Ministerio de Economía eliminó alícuotas consideradas asimétricas y sectoriales en el caso de Ingresos Brutos para fortalecer el principio de igualdad de los contribuyentes, según se comunicó oficialmente. El revalúo de los inmuebles y de los automóviles tiene como fin el incremento de la base imponible en los impuestos patrimoniales. En la Casa de Gobierno se afirma que estas decisiones implicarán que, cada día que pasa, la Provincia no tenga que depender tanto de las transferencias de fondos nacionales. Marzo ha dejado un nivel de recaudación más bajo de lo proyectado, debido al fin de semana largo. Sin embargo, en Economía creen que esto se revertirá cuando se presenten las declaraciones juradas, a mediados de mes, porque sí hubo actividad económica en esos días, sujeta al pago de Ingresos Brutos.

Así transitan los tiempos del ajuste fiscal en Tucumán, con el análisis permanente de los gastos y de los ingresos para sostenerse en un marco de equilibrio financiero. Las medidas no se agotarán en las ya anunciadas. Como dice un encumbrado funcionario del Palacio de Gobierno, “de vez en cuando, de la caja de herramientas se saca la ortodoxia”. Raro para un peronista, acostumbrado a otras recetas económicas.

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