Impulsan un sistema digital de antecedentes penales

Que todos los antecedentes penales y contravencionales de la población tucumana estén centralizados en un sistema único y digital, que permita garantizar la veracidad y la celeridad de la información. Bajo esa premisa el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para que sea analizado por las comisiones correspondientes en la Legislatura.

La iniciativa ingresó la semana pasada con las firmas del gobernador, Osvaldo Jaldo, y del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En los fundamentos, las autoridades provinciales destacaron que la creación del “Registro Provincial de Antecedentes Penales y Contravencionales” en Tucumán se realizaría con datos aportados por el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Policía de Tucumán y Servicio Penitenciario, lo que garantiza -dijeron- la veracidad y la entrega dentro de un plazo máximo de tres días. “El registro incluirá información sobre medidas judiciales, sentencias, condenas, entre otros”, señalaron.

El registro en cuestión estaría bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia. Está previsto que incluya denuncias, procesos penales y contravenciones en la provincia, así como los antecedentes penales y personales de ciudadanos mayores de 16 años.

En el articulado del proyecto se plasmó que el registro desarrollará su propio sistema informático centralizado, en un servidor con capacidad suficiente para el resguardo de la información por un siglo. Los datos cargados “bajo ningún concepto” podrán ser retirados, a menos que el causante falleciera, cumpliera los 100 años desde la fecha de su nacimiento o por resolución judicial que ordene su supresión.

“El sistema de registración actual implica una práctica costosa y lenta en tiempos en que la digitalización implica mayor eficiencia por el ahorro de tiempo y de recursos humanos”, se remarcó en los fundamentos. Además, se subraya que la demanda de mayor participación ciudadana, mayor transparencia, apertura de la información, agilidad y eficacia en la gestión pública requiere una respuesta concreta por parte del Estado de derecho.

Se indicó en definitiva que lo novedoso del proyecto radica en el cambio de paradigma de acceso a la información pública, con el debido contralor de todos los sujetos obligados, y con las garantías constitucionales y convencionales propias del tratamiento de datos sensibles. En caso de ser aprobada, la ley establece un plazo de 60 días a partir de su entrada en vigencia para que los organismos obligados en el articulado remitan la información en modo digital y analógico para incluirlas en el registro.

Casas del IPV para policías: el PE propone incluir un cupo habitacional

El Gobierno envió una iniciativa para crear un programa habitacional para personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Básicamente lo que impulsa el Ejecutivo es que se destine para personal activo y en servicio de la fuerza el 15% de cada uno de los proyectos habitacionales que se implementen en la provincia a partir de la vigencia de la ley.