Seguridad rinde un examen en la Legislatura

El ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa se presentará hoy en la Legislatura. Estará acompañado por los funcionarios del área y por la cúpula policial. Él y los legisladores afrontan una nueva oportunidad de demostrarles a los tucumanos que hablarán de políticas de seguridad y no que harán política con la seguridad, un tema que en todas las encuestas aparece como prioritario.

Hace más de dos años que el titular de una cartera no se presenta oficialmente en el edificio de Muñecas al 900. Agüero Gamboa se sentará junto a los miembros de la Comisión de Seguridad y otros parlamentarios para dar a conocer los detalles de su gestión y, fundamentalmente, cuáles son los planes que tiene en mente para avanzar en la lucha contra el delito. No será el primer ministro que lo haga, ya que por el salón de usos múltiples pasaron sus antecesores Regino Amado y Claudio Maley. Ellos también informaron los detalles más importante de la tarea que realizaban.

Esas presencias no eran para nada caprichosas. Respondían a una de las obligaciones remarcadas por la Ley de Emergencia en Seguridad. La norma establecía que debía crearse una comisión para que los representantes de los tres Poderes del Estado estuvieran al tanto de cuáles eran los resultados de su implementación. Era también la oportunidad para que entre todos aportaran ideas para acabar con la inseguridad. Los resultados fueron siempre los mismos. Interminables reuniones donde se repetían casi de memoria números que nadie entendía y que generaban dos reacciones: opositores haciéndose un festín político y los oficialistas tratando de acomodar las cosas para que el Gobierno no sufriera tantos golpes.

Las reuniones eran cuatrimestrales. De ellas participaban, además de los funcionarios y legisladores, representantes del Poder Judicial. Hasta se decidió ampliar la invitación a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal, ya que sólo estaba incorporado un representante de la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar el año, los participantes presentaban una lista de proyectos sobre las medidas que se podrían tomar, pero ninguno fue implementado. Por eso los representantes de la Justicia nacional decidieron no asistir más. También fue la base de ideas “innovadoras” que todavía siguen discutiendo. El caso más emblemático es el de la creación de una oficina para investigar el accionar de la Policía. En esta lista también deberían agregarse todos los proyectos de ley para combatir a los motochorros, que nunca terminan aplicándose por ser inconstitucionales.

Otro panorama

Agüero Gamboa se presentará en la Legislatura con otro escenario. Fundamentalmente porque no hablará ante un grupo que tenía la misión de dar a conocer qué hacía el Poder Ejecutivo con la situación de emergencia. Como no lo hicieron sus antecesores, podrá mostrar números positivos. Dirá que hubo una baja en la tasa de los delitos contra la propiedad y que la misma tendencia se observa con los homicidios, según los informes estadísticos que realizó la Policía. También mostrará los resultados de la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Hay otros datos que posiblemente dé a conocer, que son importantes en la lucha contra la inseguridad.

El primero de ellos girará en torno a la construcción del penal de Benjamín Paz y de las alcaldías de Delfín Gallo y de Las Talitas. El proyecto de la cárcel formaba parte del vademécum de los ex ministros, que decían que todo estaba listo para comenzar la construcción. Era tan común que hasta los mismos policías bromeaban afirmando que sólo faltaba que a la maqueta que mostraban le pusieran una laguna con patitos para no presentar siempre lo mismo. Actualmente, según la información oficial, la cárcel está construida en un 60% y no se detuvo porque la provincia está haciéndose cargo del pago de la obra, ya que la Nación dejó de enviar los fondos. Los otros proyectos podrían avanzar si se destraba la financiación en Buenos Aires.

Está a punto de implementarse el nuevo sistema de contravenciones policiales (el anterior fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010). Los procesos iniciados por violar esta vetusta norma ya no serán controlados por el Jefe de Policía, sino que un juez de garantías (se nombró uno para el Centro Judicial de la Capital y otro para Concepción) definirá la suerte de un contraventor, que tendrá la oportunidad de contar con un defensor.

No se sabe si Agüero Gamboa hablará sobre otro avance: el destino de los fondos de la Ley de Servicios Adicionales. Con la modificación de la norma, se conoce el destino del dinero que aportan los privados cuando contratan la custodia de hombres de la fuerza. En los últimos cinco meses se utilizaron unos $200 millones para la compra de equipamiento para la Policía. ¿Qué pasó antes con ese mismo dinero? La pregunta todavía no tiene respuesta.

¿Y ahora?

La comisión de seguimiento se desactivó a finales de 2022, cuando el clima electoral comenzaba a tomar calor. Los dirigentes sabían que hablar de los números de inseguridad podría ser un problema para el oficialismo y una oportunidad para la oposición. La Ley de Emergencia se prorrogó hasta diciembre de 2025 y no hay novedades acerca de si seguirá funcionando este grupo, que tiene la obligación de realizar un control y aportar ideas para colaborar en la lucha contra el delito. Los frentes son variados y habrá que esperar para determinar qué harán sus miembros.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad ya dieron señales presentando varios proyectos en lo que es la obsesión del titular del Poder Ejecutivo: la Ley de Narcomenudeo. Presentadas por Gerónimo Vargas Aignasse, con el apoyo del oficialismo, hay dos propuestas. Una es dotar de más herramientas a la Policía para acabar con el microtráfico de sustancias. Para ello pretende que se incorpore la figura del agente revelador al código procesal penal, fortalecer un fuero especializado en este tipo de delito y crear una nueva división policial. La otra iniciativa es mucho más polémica y de difícil aplicación. A las mujeres que sean detenidas por este ilícito, la Justicia podrá quitarles sus hijos, para que no accedan al arresto domiciliario. La idea busca cumplir con un sólo objetivo: evitar que sigan en la misma actividad. No habla de la iniciativa de proteger a los niños.

Hay otras cuestiones que forman parte de la agenda del área de seguridad y que no son fáciles de resolver. El Operativo Lapacho dejó al descubierto que Tucumán es algo más que un lugar de paso de drogas, de contrabando y de bienes conseguidos a través de algún ilícito. Se necesita un bloque regional con el apoyo de la Nación para poder ponerle un freno a esta situación. Esa gestión debe desarrollarse en Buenos Aires, al igual que el planteo de que se cubran todas las vacantes en la Justicia Federal que, justamente, debe hacerse cargo de luchar contra estos ilícitos e infracciones a las normas aduaneras.