Un acierto del Gobierno que desnuda el equívoco del Gobierno

Durante la semana que acaba de terminar, la Argentina presenció un fenómeno paradójico respecto del nuevo gobierno. No es un suceso nuevo en 40 años de democracia. Más bien, todo lo contrario. Pero el hecho de que no sea inédito no le resta trascendencia: resulta que la gestión libertaria (como tantas otras que le precedieron), acierta cuando lo que hace desautoriza lo que predica.

El caso testigo ha sido la decisión oficial de que las empresas de medicina prepagas den marcha atrás con los aumentos que aplicaron este año. La Nación dispuso que retrotraigan los valores a diciembre pasado; y que se actualicen mediante la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Se trata de una determinación acertada, frente a la sospecha de una eventual cartelización de las empresas del sector. La Secretaría de Industria y Comercio Interior tomó la determinación a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La sospecha del organismo estatal consiste en que las prepagas se habrían puesto de acuerdo para aplicar subas en sus tarifas en términos similares y de manera simultánea. Con ello -siempre según la sospecha oficial-, se conculca la libertad de contratar porque, en los hechos, deja de existir la competencia. Y si no hay competencia, consecuentemente no hay mercado.

La cuestión está destinada a ser dirimida en la Justicia porque las prepagas niegan que hayan incurrido en coordinación, lo que sería una maniobra de cartelización. Un cartel es, según el Diccionario de la Real Academia Española, un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”.

Las empresas alegan que, luego de años de precios atrasados como consecuencia del intervencionismo estatal durante el cuarto gobierno kirchnerista, cuando el Gobierno libertario decidió desregular los precios, todas las firmas fueron en estampida a actualizar sus tarifas. Entonces, sostienen en el sector privado, no ha habido “coordinación”, sino una “natural” reacción.

En este punto es donde la discusión se torna pantanosa. Porque si bien está explicado el “cuándo” en este planteo de las prepagas, lo que no está claro es el “cuánto”. Es decir, puede entenderse la simultaneidad del momento de los momentos, pero no el paralelismo en los porcentajes de las subas, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre las empresas, tanto respecto de los segmentos sociales a los que brindan atención, como respecto de sus estructuras y de sus prestaciones, ampliamente diferentes unas de otras. La última palabra será la de la Justicia.

Establecida la discusión en estos términos, nuevamente, luce correcta la actuación de los organismos públicos hasta tanto quede clarificada la cuestión: ¿hubo cartelización, o no?

Ahora bien, lo notable es que esta válida intervención estatal pone en crisis una de las matrices de la palabra pública de los libertarios. Y por partida doble.

En primer lugar, la palabra puesta en discurso. Temprano en su cargo de jefe de Estado, Javier Milei tuvo una estridente participación en el foro internacional de Davos, oportunidad en la que hizo una defensa a ultranza del libre mercado. Y, entre las muchas definiciones que acuño, sostuvo que “El Estado es el problema”. Especialmente, clarificó, cuando interviene en las relaciones comerciales privadas. En los 92 días que pasaron entre el miércoles 17 de enero (fue cuando Milei habló en el Foro Económico Mundial) y el miércoles pasado (fue cuando se conoció la decisión gubernamental de retrotraer los valores de las prepagas), el fanatizado concepto del mandatario nacional ha quedado completamente desautorizado. Resulta que, a veces, se hace indispensable que el Estado tome cartas en el asunto de las relaciones comerciales privadas, porque cuando se las libra por completo al “libre mercado” se convierten en un problema para los ciudadanos de a pie.

Por caso, Estados Unidos, ese país tan modélico para el Presidente, lo ha demostrado un par de veces en apenas ocho décadas. Primero, tras la dantesca “Crisis de 1929”, donde el imperio irrestricto del libre mercado generó un fenómeno demencial: las acciones se habían convertido en una mercancía en sí mismas. Durante la Primera Guerra Mundial, librada del otro lado del Atlántico, EEUU se enriqueció y su industria creció desmesuradamente para proveer a los países de la Triple Entente. Cuando terminó la conflagración también llegó a su fin la bonanza, pero los norteamericanos siguieron comprando valores de las empresas, hipnotizados por el crecimiento de los años bélicos. Entonces, las industrias eran cada vez menos rentables, pero sus acciones eran cada vez más caras. Hasta que esa burbuja estalló. Norteamérica vivió la “Gran Depresión”, una crisis como la que los argentinos no conocen. El suicidio devino epidémico. Pero no sólo de los empresarios, sino de los ciudadanos que habían hipotecado sus casas para invertir en la bolsa. Colapsó el “patrón oro” a nivel global y el propio comercio mundial quedó herido de muerte.

Luego, en 2008, la caída de grandes bancos estadounidenses por la crisis de las hipotecas de alto riesgo (créditos hipotecarios con intereses más caros para personas cuyo perfil financiero no cuadraba con los requisitos estándares, que inicialmente dieron grandes ganancias a las entidades financieras), obligó al Gobierno de Barack Obama a intervenir e, incluso, a sostener algunos bancos.

A estas alturas del capitalismo, ya es una lección conocida que el libre mercado a ultranza es un canto de sirenas para las sociedades. Lo cual lleva al otro plano de la desautorización, por parte de la realidad, de la palabra pública del oficialismo libertario.

Lo que la situación detonada con las prepagas pone en crisis es, justamente, la palabra oficialista puesta en normas. Concretamente, la desregulación del mercado de las prepagas fue dispuesta el 20 de diciembre pasado mediante el famoso DNU 70/2023 del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, el Gobierno ha hecho que las prepagas den marcha atrás, pero, de manera simultánea, es el oficialismo mismo el que también está retrocediendo sobre sus pasos.

Por supuesto que el “relato” libertario dirá que lo ocurrido no es un problema de libre mercado, sino de eventual cartelización de un sector, que termina atentando contra el libre mercado. Sin embargo, para un Gobierno que se jacta de que sus principales miembros vienen de trabajar toda la vida en el sector privado, comenzando por el jefe de Estado, ¿era ajena la situación del mercado de las prepagas en la Argentina? Dicho de otro modo, ¿nadie advirtió sobre las consecuencias de liberalizar el mercado de la salud privada, considerando que se trata de un sector de demanda inelástica?

Todo proyecto político se funda sobre conceptos políticos. Pero otra cosa es ser, meramente, un gobierno de consignas. Porque la realidad es la que confirma o descarta los conceptos, y no al revés. Dicho de otro modo: lo real existe más allá del deseo. Y de las cegueras ideológicas.