El pentagrama ya está listo. Las notas musicales se traducen en proyectos de ley y decretos para ponerle definitivamente música a una gestión que no ha sido para nada sencilla a casi 180 días de haberse iniciado. El director de la orquesta se ha tomado en los últimos días una pausa en las explicaciones internas sobre cómo se desarrollará su administración de Gobierno. El ajuste era inevitable, pero esas medidas no debían quedar en la fría letra de un papel membretado. Está en la acción, con un recorte estimado en los $ 20.000 millones a los $ 24.000 millones mensuales. El gasto público es una parte que hay que atacar; la otra es la recuperación de los ingresos, algo más costoso si se toma en cuenta que la recaudación siente el efecto de la recesión económica. Las planillas que llegan al despacho del gobernador Osvaldo Jaldo no son para nada alentadoras. En la primera quincena de abril, las transferencias de fondos por coparticipación nacional han registrado una baja intermensual del 31%; el mismo recorrido ha tenido el cobro de impuestos provinciales, con una disminución real de casi un 32% (tomando en cuenta la evolución inflacionaria). La Provincia está esperando que surtan efecto las valuaciones de las propiedades y los rodados, pero por allí no pasa la recuperación. Mientras el impuesto sobre los Ingresos Brutos siga siendo la gallina de los huevos de oro (aporta ocho de cada 10 pesos que la Dirección de Rentas recauda), cualquier impacto sobre la actividad implicará un agotamiento de esa fuente de ingresos. En el medio de ese proceso, Osvaldo Jaldo tiene que parar varios penales. Por ejemplo, las suspensiones de personal o las vacaciones anticipadas en empresas e industrias con vieja tradición en la provincia. “No puedo permitir que, en medio de todo este proceso de reacomodamiento económico, hayan despidos o cierres de fábricas en Tucumán”, transmitió el mandatario a un ala de su gabinete. Hay preocupación por las reiteradas llamadas que realizan los altos ejecutivos de las compañías que, informalmente, comunican que ya no dan más. Y piden la intervención del Estado para amortiguar el impacto. Esa misma intervención estatal recayó en el sector azucarero. Por el despacho del mandatario ayer desfilaron propietarios y arrendatarios de ingenios para firmar un acuerdo que sostenga al sector más allá de la coyuntura. En el Gobierno nacional hubo algunas sugerencias a la provincia cuando se redactó la famosa Ley Ómnibus. La Casa Rosada quiere que la actividad cumpla con el cupo de exportación y con los volúmenes de producción de bioetanol. La provincia, en tanto, está dispuesta a ir un poco más allá: controlar el transporte del endulzante. Una economía en la que el 40% está en la informalidad es muy propensa al tráfico en negro de mercaderías. Jaldo ha iniciado contactos con la Nación y con algunas entidades regionales que contribuirán con el control de ingresos y egresos de mercadería en las zonas de frontera de Tucumán. Se activarán más cámaras y se hará un rastreo satelital de las unidades de gran porte. La mirada oficial está puesta además en la actividad citrícola, que ya registra algunos reacomodamientos industriales en medio de una crisis de precios y de competitividad del sector. Entre el azúcar y el citrus emplean no menos de 80.000 obreros, entre mano de obra directa e indirecta y, mientras se extienden las zafras, dinamizan la economía regional.
La partitura se consolida en el atril jaldista. La Legislatura puede llegar a darle mañana al Poder Ejecutivo algunas herramientas para continuar con la reestructuración del Estado o, lisa y llanamente, el ajuste fiscal. Los retiros voluntarios se pondrán en marcha una vez que las medidas sean publicadas en el Boletín Oficial, pero las jubilaciones pueden darse antes de que ese proceso administrativo suceda. Desde que se inició el año (y tal vez un poco antes), Jaldo viene propiciando que una franja de funcionarios políticos de la anterior administración de Gobierno, la que lideró Juan Manzur, pasen definitivamente a situación de retiro. Muchos de ellos se refugiaron bajo el ala del vicegobernador Miguel Acevedo, en el octavo piso de la Legislatura. Otros tantos siguen desempeñándose en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Y, probablemente, desde la promulgación de la medida, queden varios puestos vacantes que, salvo algunos que son considerados esenciales, no serán cubiertos.
Jaldo dio ayer otro indicio de que el ajuste va en serio. Y así se lo hizo saber a la cúpula policial cuando, en el antedespacho gubernamental, comunicó que habrá decenas de pases a retiro en la fuerza. No fue el mejor de los días para el gobernador. El caso de violencia en una sede policial de Simoca aceleró las decisiones. Sin embargo, los efectos de las jubilaciones no se agotan en los dos poderes del Estado antes mencionado. Cuentan que en Tribunales también hay mar de fondo por los efectos de la iniciativa impulsada por la Casa de Gobierno y que también puede llegar a afectar a los magistrados y a los empleados con edad para jubilarse. De ese torbellino no quedan al margen los municipios y las comunas rurales, jurisdicciones en los que algunos dirigentes políticos encontraron refugio hasta la próxima batalla electoral.
Jaldo está a punto de cumplir el primer semestre de su mandato. Más allá de que antes haya ocupado la gobernación durante 513 días, por la ausencia de Manzur al convertirse en jefe de Gabinete de la Nación, el tranqueño está convencido de que tiene que darle señales unívocas al electorado que lo llevó a ese cargo y, más aún, a aquellos que no lo vieron con buenos ojos, al considerarlo como parte de la vieja forma de hacer política o, utilizando la terminología del economista libertario y presidente Javier Milei, de la casta política.
Entre tantas carencias financieras, para gobernar se necesitan recursos. Por esa razón, el gobernador apeló a las Letras de Tesorería, en un programa que contempla la emisión de hasta $ 100.000 millones hasta fines de año. La garantía sigue siendo sólida. Más allá de que hoy estén en picada, los fondos de coparticipación son constantes y apetecibles para cualquier banco que quiera invertir en la provincia, a bajo riesgo, por aquella garantía real. Jaldo dejó en claro ayer que, de hacer uso de esos instrumentos financieros, no será para gastos corrientes, sino que se priorizará la ejecución de planes de trabajos públicos o inversiones en áreas esenciales del Estado provincial. La obsesión del gobernador sigue siendo la construcción de la cárcel de Benjamín Paz y las obras en Delfín Gallo, de tal manera de descomprimir la cifra de detenidos repartidos en distintas unidades. El gobernador necesita cortar cintas porque, según sostiene, no puede pasarse la gestión cubriendo necesidades. Además, subió la apuesta para adquirir vacunas. Tiene pensado comprar al menos 200.000 dosis contra el dengue para colocarles a los empleados más expuestos. Para eso, requiere no menos de $ 5.000 millones.
Jaldo sigue consolidando la relación con la Casa Rosada. La cumbre con Milei a solas sigue pendiente, pero los lazos están sólidos. Pese a las restricciones de la Nación hacia las provincias, Tucumán es uno de los distritos que puede ingresar a un programa para refinanciar, a tres años con uno de gracia, la deuda de arrastre con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Se trata de una deuda de entre $ 80.000 millones y $ 95.000 millones. Esa es otra señal de la consolidación de Jaldo como gobernador dialoguista que se mantendrá hasta la firma del Pacto de Mayo. Y más allá.