Peleas entre jóvenes: una reunión en la Legislatura derivó en un inesperado debate

Una reunión en la Legislatura con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y la cúpula de la Policía de Tucumán derivó en un inesperado debate sobre la problemática por las peleas entre estudiantes registradas en la última semana.

Tras la exposición del anteproyecto para la digitalización de la División de Antecedentes Personales por parte los funcionarios del área de seguridad, representantes de la oposición expresaron críticas y observaciones al decreto firmado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, que habilita la detención de adolescentes por las riñas callejeras.

Así, en el edificio de Muñecas al 900 se abrió un primer debate sobre el abordaje de la cuestión de la violencia juvenil, un asunto que se espera también sea motivo de controversias en el recinto, en la sesión del martes.

La legisladora radical Silvia Elías de Pérez fue quien pidió el uso de la palabra para plantear el tema. “Estoy muy preocupada por las decisiones que ha tomado el gobernador”, afirmó, dirigiéndose a Agüero Gamboa. Y remarcó que, aparte de existir “límites legales” para el problema de las peleas entre adolescentes, tampoco sería una solución adecuada “que les digamos que no van a poder seguir estudiando” a los jóvenes que protagonicen estos hechos. “Además, vamos a poner sanciones a los padres y vamos a quitar subvenciones a los colegios; me parece un disparate”, indicó Elías de Pérez. Por ello, pidió que “veamos cómo ponemos en funcionamiento el proyecto de corredores escolares seguros, cuestiones que estén dentro de la normativa legal”.

José Cano (UCR) también mostró una mirada crítica respecto a la posibilidad de que los alumnos sean expulsados por las riñas callejeras. “Precisamente, uno de los problemas que tenemos es que hay muchos adolescentes y muchos niños que no están en el sistema educativo”, advirtió. Sostuvo luego que, a su criterio, el Estado debe ejercer su rol a través de “un trabajo interdisciplinario, y no en la cuestión sancionatoria”. “Hoy había policías revisando mochilas de adolescentes”, reprochó. En esa línea, instó a “reconocer el fracaso del sistema educativo, y reformularlo”, en lugar de tratar de resolver este tema “con medidas punitivas”. “No sigamos dando a la Policía herramientas que después terminan en contra de la propia fuerza, porque estamos hablando de adolescentes”, propuso Cano ante Agüero Gamboa.

El peronista Gerónimo Vargas Aignasse sostuvo que el decreto de Jaldo “busca restablecer el orden social en la provincia”. “Se busca que las fuerzas de seguridad no estén en un rol de espectadores ante los hechos de violencia entre adolescentes que vivimos los últimos días”, afirmó el ex diputado. Según Vargas Aignasse, “la legislación penal es clara”, ya que “todo menor de edad de 16 a 18 años es punible”, por lo que, con el decreto, “sólo se adopta un régimen de ejecución especial”. “La razón es prevenir un hecho grave con medidas extraordinarias sobre delitos que son públicos y peligrosos”, expresó Vargas Aignasse. Por otro lado, consideró que “es clara la presencia de instigadores e interesados en provocar un clima de enrarecimiento social” en la provincia.

Tras la reunión

Agüero Gamboa, en diálogo con la prensa tras la reunión, remarcó que pudo responder las consultas de los legisladores sobre el tema de los jóvenes, como los operativos que se realizan.

Remarcó que no hubo planteos sobre la legalidad de las actuaciones. “El accionar de la Policía está dentro del marco permitido”, enfatizó.

En esa línea, recordó que, en otros momentos, hubo procedimientos en la zona de la plaza Urquiza que terminaron con el secuestro de decenas de armas blancas, e incluso de armas de juego. “(En esta ocasión), se tenía información sobre chicos de ciertos colegios que podían concurrir con armas blancas. Entonces, en base a la prevención y a los antecedentes, se pidió a algunos que abran la mochila. Esto es cuidar la salud y la vida de todos los chicos”, añadió.

Agüero Gamboa aprovechó para enviar un mensaje. “El Gobierno provincial no va a permitir que los menores sean utilizados bajo ningún concepto o instigados para que realicen este tipo de actividades”, dijo.

El presidente de la comisión de Seguridad, Carlos Najar (PJ), valoró el espacio de diálogo con el ministro. “Es una problemática social,; debe atenderse no solo el síntoma, sino también qué lo produce y por qué llegamos a este punto. Es una preocupación transversal, sin importar el origen político y partidario de cada uno de los legisladores”, indicó el legislador oriundo de Las Talitas.